Gobierno y patronos retrasan decisión sobre hospital de Cartago
Una vez más, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no tomó una decisión sobre la construcción del nuevo hospital de Cartago porque representantes del sector patronal y del Estado frenaron el avance.
El bloque patronal adujo que el criterio jurídico de cómo proceder con el retiro de la empresa adjudicada se pidió en octubre de 2024 y se excusan en la necesidad de uno más actualizado, pese a que nada cambió.
Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, se excusó en que al sector del Gobierno "le preocupan los plazos". El Gobierno ha frenado la construcción en el terreno de El Guarco en múltiples ocasiones.
No porque sea un tema urgente, nosotros vamos a pasar por encima la legalidad, dijo Taylor.
La discusión tendrá que esperar al lunes 24 de febrero, porque los patronos y miembros de Gobierno postergaron la discusión y pidieron ampliar el criterio jurídico.
El jueves anterior, el sector patronal frenó las decisiones, aun así, los directivos conocieron el criterio jurídico y financiero.
La Dirección Jurídica de la CCSS se amparó en el artículo 32 de la Ley de Contratación Administrativa, que autoriza la readjudicación de manera inmediata, según el orden de calificación.
Lo procedente es que la Administración valore declarar la insubsistencia de la adjudicación recaída en la citada empresa, quedando facultada para analizar la procedencia de una eventual readjudicación, siempre que el producto del análisis de la situación resulte conveniente a sus intereses, con ajuste a los términos y condiciones que se establecen los artículos 32 de la Ley de Contratación Administrativa y 199 de su Reglamento previamente citados.
Lo anterior sin perjuicio de reclamar administrativa, judicialmente a la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura SA, las responsabilidades y los eventuales daños y perjuicios que con su actuar dentro de la licitación previamente indicada, se considerare irrogados a la Caja, acudiendo a las prerrogativas y garantías que otorga el debido proceso, expresaron los jurídicos de la CCSS.
La Gerencia Financiera también presentó su criterio sobre si la CCSS tiene los recursos para pagar la segunda oferta, cuyo precio es superior al de la compañía originalmente adjudicada. La segunda oferta fue declarada por la Gerencia de Infraestructura con un precio razonable y elegible.
Gustavo Picado, gerente financiero, aseguró que la institución cuenta con el dinero para la readjudicación, ya que hay recursos financieros por ¢226.000 millones.
La suma adicional por financiar puede ser solventada con la capitalización de intereses del principal invertido. Los recursos adicionales no implican la suspensión de otros proyectos o iniciativas, detalló Picado.
Esta importante decisión para los cartagineses también se atrasó por las suspensiones del caso Barrenador y la falta de quorum en el órgano colegiado.