Gobiernos del PAC: Cuatro escándalos que marcan 7 años en el poder

(CRHoy.com).- Cuatro escándalos marcan con tinta difícil de borrar los siete años que el Partido Acción Ciudadana (PAC) tiene en el Gobierno. Los hechos tienen relación con el presunto tráfico de influencias, la violación a la privacidad de los costarricenses y el mal manejo de las finanzas públicas.

Durante el gobierno de Luis Guillermos Solís (2014-2018) ocurrieron dos hechos que signaron esa administración: el cementazo y el hueco en las finanzas públicas por ¢600.000 millones.

En lo que va del gobierno de Carlos Alvarado, la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAC) le provocó al gobierno un incendio político de peligrosa magnitud.

Y este lunes reventó el escándalo de presunta corrupción en la contratación de firmas privadas para realizar obras viales, que salpicó directamente a Casa Presidencial al estar entre los investigados el asesor Camilo Saldarriaga, mano derecha de Alvarado desde hace varios años.

Presunto tráfico de influencias

A mediados del 2017, se empezaron a levantar las piedras debajo de las que se escondía el caso del cemento chino, cuando trascendieron las circunstancias presuntamente irregulares en las que el Banco de Costa Rica (BCR) le aprobó un crédito por $31,5 millones Juan Carlos Bolaños, importador de esa materia prima.

Las investigaciones posteriores destaparon la presunta red de tráfico de influencias más grande descubierta hasta ese momento, que operó, en apariencia, en favor de Bolaños para que iniciara con la traída de cemento producido en China.

Mientras el fuego del cementazo avanzaba, se descubrió que la Casa Presidencial fue el epicentro de las gestiones de Bolaños ante el Gobierno.

Una investigación legislativa concluyó que las intervenciones de Casa Presidencial en favor del sujeto se pueden resumir en cuatro ámbitos:

• Nombramiento de algunos directores y jerarcas en Bancos del Estado
• Las siete reuniones concedidas a Juan Carlos Bolaños en Casa Presidencial, sus requerimientos y sus resultados.
• Acciones y presiones ejercidas sobre mandos medios de algunas instituciones
• Agilización de trámites de publicaciones en el diario oficial La Gaceta.

Además, el escándalo pringó a varios ministros y viceministros de Solís que modificaron reglamentos e hicieron gestiones que favorecieron a Bolaños, a funcionarios del sector bancario estatal, a la Corte Suprema de Justicia, específicamente a la Sala III y al Ministerio Público, y a las representaciones en la Asamblea Legislativa de los partidos políticos Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional, Movimiento Libertario y la Unidad Social Cristiana (PUSC).

En febrero del 2020, el Ministerio Público acusó a Bolaños por tres delitos de influencia contra la hacienda pública por otro de los créditos que recibió, en este caso del Banco Popular, por $5 millones, para operar el negocio del cemento.

El manejo "heróico"

Ya al final de su administración, Solís le heredó a su sucesor, Carlos Alvarado, un faltante de recursos en el presupuesto del 2018 por el orden de los ¢600.000 millones.

El asunto se descubrió durante los primeros meses de la administración actual. Desde entonces, el caso se conoce como el hueco fiscal y provocó que el Gobierno actual tuviera que tramitar un presupuesto extraordinario para el 2018 con el objetivo de cubrir el faltante de plata que la administración de Solís no previó para el pago de deuda pública.

Una investigación de la Contraloría General de la República determinó que si bien conocía de que en el 2018 habría un faltante de recursos en el presupuesto, el gobierno de Solís no tomó ninguna acción para solventar el problema.

A inicios de abril del 2020, la Contraloría abrió una investigación contra Luis Guillermo Solís por "posibles actuaciones u omisiones" en el caso.

En octubre del 2019, la Contraloría dictó sanciones de inhabilitación para ejercer cargos públicos por cuatro años contra el exministro de Hacienda de Solís, Helio Fallas, quien además fue su primer vicepresidente de la República; contra la exviceministra de Hacienda y tesorera nacional, Martha Cubillo (3 años de inhabilitación), contra Julio Espinoza, exdirector de Crédito Público, y Melvin Quirós, quien era el subdirector de ese despacho. Estos dos últimos funcionarios además fueron despedidos sin responsabilidad patronal. Todas las sanciones fueron apeladas.

Además, la Contraloría recomendó la suspensión por un mes de la entonces ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, por haber hecho movimientos presupuestarios sin autorización del Parlamento, para cerrar el hueco fiscal. Ese hecho la llevó a renunciar al puesto en octubre del 2019.

La intimidad en juego

En febrero del 2020 un decreto provocó un terremoto político en la Presidencia. Se trató de la orden presidencial que oficializaba la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), la cual ya operaba en la sombra en la casa de gobierno.

Una semana después de que CRHoy.com diera la noticia sobre la firma y publicación del decreto, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial allanaron, por primera vez en la historia, la Casa Presidencial.

Las autoridades llegaron hasta el Despacho Presidencial, secuestrándole los teléfonos y la computadora personal al presidente Carlos Alvarado en busca de evidencias sobre los presuntos delitos que se habrían cometido en el manejo de datos personales de los ciudadanos en la UPAD.

En este caso, la Fiscalía aún investiga los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato que se habrían cometido desde mayo del 2018.

Además de la Casa Presidencial, se allanó también el Ministerio de Planificación y varias casas de habitación del personal de la Unidad Presidencial.

Además de Carlos Alvarado, en el caso figura como investigado el entonces ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, quien tuvo que renunciar ante la inminente aprobación de un voto de censura en su contra en el plenario de la Asamblea Legislativa.

Este mes, el día 3, el plenario aprobó con 32 votos a favor el informe de la Comisión Especial legislativa que analizó el caso UPAD.

En él los diputados pidieron investigar por los delitos de prevaricato a Alvarado, a Morales Mora, y al exviceministro de Planificación, Luis Daniel Soto, además de investigar penalmente por falso testimonio a la ministra de Planificación, Pilar Garrido, y al ministro de Seguridad, Michael Soto, quien presuntamente trasladó información sensible a Casa Presidencial a solicitud de la UPAD.

Plan estrella, pierde brillo

Hasta este lunes 14 de junio el plan estrella de la administración Alvarado era la culminación de varios proyectos de infraestructura vial.

Sin embargo, los chalecos negros de 700 oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) opacaron el brillo del desarrollo de obras públicas al allanar el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y, por segunda vez en lo que va del gobierno, la Casa Presidencial.

La acción policial tuvo como fin la búsqueda de pruebas sobre la existencia de una presunta red de funcionarios públicos que habrían recibido todo tipo de dádivas de parte de grandes empresas constructoras interesadas en acaparar los contratos para la construcción de obra pública en Costa Rica.

El allanamiento más sonado fue el que se realizó a la oficina y la casa de Camilo Saldarriaga, cercano asesor de Carlos Alvarado, su mano derecha en temas económicos y hacendarios.

Alvarado perdió, al final de la jornada, a su consejero más cercano, quien decidió renunciar tras los allanamientos y el escándalo de presunta corrupción en el que lo involucran las autoridades judiciales.

El director del OIJ, Wálter Espinoza, afirmó que en el caso se investiga el presunto desvío de ¢78.000 millones de varios proyectos viales para privilegiar los contratos que el Gobierno firmó con las empresas constructoras investigadas.

Espinoza, quien participó de los allanamientos al Conavi, dijo que pedirán el levantamiento del secreto bancario de varios funcionarios del Gobierno para trazar las presuntas dádivas que recibieron.

Los allanamientos ocurrieron después de una profusa investigación del OIJ, que inició en el 2019 y que implicó la intervención de las comunicaciones telefónicas de varios de los 29 funcionarios públicos y privados detenidos.

La investigación se relaciona con corrupción pública en relación con la conservación y mantenimiento de la red vial. Entre los delitos que se investigan están el cohecho, peculados, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica.

"Este caso es tan importante que apareja la realización de muchísimas actividades operativas que simultáneamente estamos ejecutando. A saber son 57 allanamientos de los cuales 14 son el instituciones públicas", explicó Espinoza durante la acción de la policía judicial.

Sobre Camilo Saldarriaga, las autoridades judiciales no habían revelado al final de la tarde de este lunes muchos detalles sobre por qué se le investiga puntualmente.

Casa Presidencial afirmó que los allanamientos a la oficina del ahora exfuncionario, contigua al Despacho del presidente Alvarado, tienen que ver con la actividad del asesor, encargado de temas hacendarios y de obra pública.

Efecto en la campaña política

Así, Alvarado inicia la recta final de su último año en el poder renqueando. Para el analista político Daniel Calvo, el segundo allanamiento a Casa Presidencial ocurre cuando ya el Gobierno arrastra un inmenso desgaste de su imagen ante la opinión pública.

Aún están por dilucidarse los efectos de este nuevo golpe a la institucionalidad de la Presidencia de la República.

Sin embargo, en lo inmediato, los analistas no descartan que uno de los asuntos más perjudicados sea la agenda de proyectos de ley complementarios al acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para optar por un crédito de apoyo presupuestario por $1.778 millones, la principal prioridad del Gobierno en este momento.

"Si bien los escándalos han golpeado fuerte al PAC en su imagen durante los últimos 7 años, no lo han hecho con la misma fuerza que habrían golpeado a otros partidos políticos, para los que escándalos de menor magnitud resultaron fulminantes.

"Lo cierto es que este nuevo escándalo hace un daño generalizado a todos los partidos políticos, en su confianza hacia ellos, lo que abre escenarios para la irrupción de outsiders, personas que se vendan como ajenos a la política y que en ocasiones por terminar renegando de la partidocracia lo hacen también de la democracia. Habrá que tener mucho cuidado con eso, el manejo politiquero de este escándalo perjudica a todos", advirtió Calvo.

Por su parte, el analista y experto en comunicación política, Ignacio Azurdia, dijo en el programa Enfoques, de CRHoy.com, que la campaña electoral sí se verá salpicada.

Además, afirmó que la actual crisis reviste de mayor importancia para Casa Presidencial, pues ya arrastra el antecedente del mal manejo de la crisis por el caso UPAD.

Ahora, según el experto, el Gobierno deberá emplearse a fondo para reducir la incertidumbre que provocan en la población los acontecimientos de las últimas horas.

"En este momento todas las sospechas que tiene la ciudadanía respecto de corrupción en el Gobierno se están reforzando. Ese es el principal elemento. Además, si las personas involucradas son cercanas al presidente de la República, obviamente, más le va a afectar a él este elemento y esto va a determinar también el rumbo de la campaña presidencial y el mensaje de los líderes de la oposición hacia el Gobierno", indicó el analista y académico.

[leer-mas url="https://www.crhoy.com/caricaturas/a-costa-rica-le-aguarda-una-compleja-campana-politica-rumbo-al-2022-2/" caption="A Costa Rica le aguarda una compleja campaña política rumbo al 2022″][/leer-mas]