Golpe a los “rebeldes”: pluses salariales de sector público deben cumplir reforma fiscal
Ministerio de Hacienda. (CRH)
(CRHoy.com)- La Procuraduría General de la República le dio un espaldarazo a la aplicación de la Reforma fiscal en materia de salarios y al Ministerio de Hacienda, al determinar que la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas sí unifica el marco salarial en las entidades públicas.
De acuerdo con el criterio C-281-2019 emitido por consulta del Ministerio de Planificación (Mideplan), la intención de los diputados cuando aprobaron la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (reforma Fiscal) era crear un marco regulatorio que aplicara reglas generales a todas las relaciones salariales en el Estado, sin importar si son instituciones autónomas, Gobierno Central o Local (municipalidades).
Esto quiere decir que la Procuraduría interpreta que todo lo dispuesto en la Ley aplica para toda relación salarial en el sector público: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Instituciones autónomas y semiautónomas, empresas públicas y municipalidades.
El criterio destaca que las reformas contenidas en la reforma fiscal y que aplicaron a la Ley de Salarios de la Administración Pública, priman sobre cualquier otra norma.
Por lo tanto, en materia de pluses salariales o sobresueldos, estos deben adecuarse a las reglas generales de la Ley aprobada en diciembre del año pasado. Asimismo, establece que los componentes salariales que se calculaban porcentualmente antes del 4 de diciembre de 2018, deben de nominalizarse y calcularse sobre la base de cada servidor y no su salario total.
Esto aplica tanto para empleados de municipalidades, servicios médicos públicos o cualquier otra entidad que quiera abstenerse de aplicar la ley.
En cuanto a los incentivos regulados en la Ley General de Control Interno, referente a auditores y subauditores, prevalece la voluntad legislativa de unificar las disposiciones en materia de prohibición en la Ley 9635.
El dictamen se da tras la consulta realizada por la ministra de Mideplan Pilar Garrido Gonzalo, en el mes de julio, en donde consultó a la PGR si la Ley 9635 resultaba incompatible con reformas parciales y leyes anteriores de carácter especial que regulan los mismos temas, pero para sectores o instituciones específicas.
"Como rectores de empleo público, actuaremos siempre apegados a la legalidad. La Ley 9635, en especial su título tercero, debe ser implementada en todos sus extremos. El pronunciamiento de la Procuraduría General de la República pretende dotar de mayor seguridad jurídica esta implementación", explicó la ministra de Planificación María del Pilar Garrido Gonzalo.
