“Gran cantidad” de privados de libertad denuncian que les quitaron la cédula, confirma Fiscalía
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó a CR Hoy que comunicó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que "una gran cantidad de privados de libertad" fueron despojados de sus cédulas de identidad en algunos ámbitos de alta contención en el Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero Castro conocido como La Reforma.
El jerarca del Ministerio Público aseguró que, en días recientes, fiscales de Ejecución Condicional de la Pena visitaron ese centro penal ante denuncias de los privados de libertad y sus familias, dada la cercanía con el día de las elecciones.
"Se recibió una información en ese sentido, las fiscales de ejecución se presentaron a una a una visita a la reforma y fueron a un módulo, creo que un módulo de alta contención, y allí luego de las entrevistas a gran cantidad de privados de libertad, ellos manifestaron que efectivamente no tenían sus cédulas, que a muchos se las habían quitado y que tenían temor de no poder votar. Yo esa información se la trasladé al enlace que tenemos con el Tribunal Supremo de Elecciones y él me indicó que estaban en proceso de cedulación. Eso es lo que yo le puedo corroborar" explicó Díaz.
Este medio consultó al TSE sobre esta situación y contestaron que las respuestas están en trámite.
Un privado de libertad, ya había presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones argumentando que funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz les estaban quitando las cédulas. Según el denunciante, habían otros 52 privados de libertad en esta misma situación y consideraban que el interés se relaciona con no dejarlos votar el próximo 1 de febrero.
Asimismo, el TSE recibió otra denuncia por supuestas irregularidades que estarían ocurriendo en las cárceles del país y que impedirían a privados de libertad votar en las próximas elecciones nacionales del 1.° de febrero, en las que se escogerán presidente de la República y diputados.
Las denuncias
La denuncia trata sobre dos aspectos principales: la aparente destrucción de cédulas de identidad de reclusos por parte de oficiales de la Policía Penitenciaria, con el fin de que no las tengan disponibles el día de los comicios, además de traslados de privados de libertad realizados a última hora y sin previo aviso, lo que complicaría cambios en el domicilio electoral.
El recurso fue presentado por un recluso del ámbito de máxima seguridad del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como cárcel La Reforma. Actualmente, la gestión se encuentra en fase de admisibilidad, a fin de determinar si cumple con los requisitos para su tramitación.
El denunciante señaló, por ejemplo, que durante las requisas policiales internas se decomisan las cédulas o incluso se las quiebran. También denunció que no les informan oportunamente sobre los traslados.
Andrei Cambronero, jefe de despacho de la Presidencia del TSE, confirmó que la gestión está bajo estudio. Aunque el privado de libertad la catalogó como una denuncia, en el análisis de admisibilidad se determinará si se tramita como tal o como otro proceso contencioso-electoral.
El Tribunal adicionalmente analizaría la necesidad de realizar visitas de campo y otras revisiones para supervisar si la administración carcelaria está incurriendo o no en obstáculos al ejercicio del sufragio, e incluso podría ordenar que las autoridades se abstengan de continuar con estas prácticas.
Justicia lo negó
En redes sociales también han circulado denuncias públicas sobre estos supuestos actos, a las que se suma el eventual retiro de material electoral.
La agrupación Familia Penitenciaria Unida es una de las que ha denunciado lo ocurrido, al indicar que continúan recibiendo reportes por cédulas extraviadas o quebradas, acceso insuficiente a información electoral y traslados injustificados que impiden votar.
El viceministro de Justicia, Nils Ching, negó que estas situaciones estén ocurriendo.
"Es totalmente falso que se les ha quitado o destruido cédulas de identidad. Igualmente falso que se les haya retirado el material electoral.
Nuestra institución y nuestra Policía Penitenciaria es respetuosa de los derechos y oportunidades que tienen las personas privadas de libertad", señaló el jerarca.
Ante dinámicas internas de los centros penales que no siempre son visibles ni fácilmente fiscalizables, familiares de reclusos se han inscrito como fiscales para vigilar el proceso y asegurar que las personas privadas de libertad sean efectivamente trasladadas para votar.