Grupo de empresarios rechaza vínculos con la UPAD
(CRHoy.com) La Asociación Horizonte Positivo, cuyos directivos firmaron convenios con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para el intercambio de informaciones para efectos de desarrollar programas de bien social, niega tener vínculo alguno con la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
El grupo de empresarios llegó con Carlos Alvarado cuando él ejercía como presidente ejecutivo del IMAS para ofrecer a la entidad una plataforma digital para manejo de datos de la ciudadanía beneficiada con programas del gobierno.
Sobre ese punto, la asociación aseguró que la "interacción de Horizonte Positivo con instituciones del gobierno ha estado enmarcada en convenios formales con particular observancia a lo que dispone la Ley de Protección de la persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales".
Niegan tener cualquier cercanía o relación con el desarrollo de la oficina de analistas de datos de Casa Presidencial, hechos por los cuáles la Fiscalía General lleva a cabo una investigación.
"En Horizonte Positivo nunca hemos tenido relación alguna con el proyecto de la UPAD (…) Nuestra labor se ha limitado única y exclusivamente a proveer metodología, herramientas y, mejores prácticas, con apoyo de especialistas nacionales e internacionales, academia y sector productivo", señalaron en un documento.
Horizonte Positivo era presidida por el actual ministro de coordinación económica André Garnier, para fechas en que se dio el primer convenio con el gobierno de Luis Guillermo Solís por medio del IMAS, administrado por Carlos Alvarado.
La agrupación se identifica como una asociación sin fines de lucro, que opera bajo la modalidad de financiamiento por parte de donantes, que son grandes empresarios del país entre abogados, sector tecnológico, banqueros y construcción entre otros.
Los inicios
La asociación Horizonte Positivo inició en 2012 en labores relacionadas con el combate a la pobreza, para ello "ha establecido múltiples alianzas público-privadas con los Gobiernos de turno –Laura Chinchilla, Luis
Guillermo Solís y Carlos Alvarado- y las distintas instituciones del Estado que manejan los programas sociales, siendo el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) uno de ellos".
Según indican, desde entonces se enfocaron, en articulación con la Universidad de Oxford, "en apoyar para el establecimiento del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en Costa Rica, a fin de dotar al país de las mejores prácticas y herramientas, mediante las cuales, las instituciones hagan un uso más eficiente y eficaz de los recursos que el Estado destina al combate a la pobreza. El resultado consistió en que el INEC adoptó el Indicador de IPM como una medida oficial de pobreza utilizada en la Encuesta Nacional de Hogares, de publicación anual".
Insisten en que no "tuvimos ni tenemos información confidencial de los costarricenses. Nuestra labor se ha limitado única y exclusivamente a proveer metodología, herramientas y, mejores prácticas, con apoyo de especialistas nacionales e internacionales, academia y sector productivo. Somos contundentes en señalar que nuestro equipo nunca ha tenido acceso ni ha manipulado información alguna de carácter confidencial o sensible de ninguna índole en ninguno de los proyectos en los que hemos colaborado".
Representantes de Horizonte Positivo señalan que "en este esfuerzo de trabajar con las Instituciones vinculadas al combate a la pobreza y de fomentar un uso más eficiente de los recursos, en alianza público privada, firmamos un convenio con Sinirube. En este convenio se contribuyó con mejores prácticas y herramientas, sobre todo tecnológicas, tales como el Tablero Gerencial Social, una herramienta que reúne datos anteriormente desarticulados, y los convierte en información valiosa para que las instituciones puedan hacer una gestión pública con trazabilidad y basada en evidencia. Su énfasis está en el indicador IPM, permitiendo mejorar la
distribución de recursos de la política social selectiva en Costa Rica y evaluar su impacto".
La Asociación Horizonte Positivo desarrolla en este momento un proyecto en conjunto con el gobierno de Carlos Alvarado para buscar solución a la tramitología que asfixia al sector público y pone trabas a cualquier esfuerzo privado de desarrollo o producción. Los resultados serán medibles en dos años.
