Guardaparques denuncian penurias al enfrentar juicios por defender áreas protegidas
Señalan incumplimiento reiterado de autoridades para brindar ayuda jurídica
No serán los primeros ni los últimos.
Muchos guardaparques ya pasaron el trago amargo de enfrentarse a procesos penales en virtud de acciones asumidas cuando resguardaban a capa y espada las preciadas áreas de conservación del país.
En varios de esos casos, fueron denunciados por supuestas acciones abusivas en perjuicio de cazadores o hueveros, quienes irónicamente procuraban vulnerar de alguna forma las zonas protegidas.
Pero, muy lejos del verdor que están llamados a proteger, cuando están en el banquillo de los acusados los guardaparques afirman que se sienten desprotegidos y hasta "abandonados" por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
El reclamo se fundamenta en que para ellos no existe el suficiente apoyo jurídico para enfrentar los procesos penales y perciben que quedan "al garete".
Uno de los casos recientes es el de un funcionario destacado en el Área de Conservación de Osa (Acosa), quien en una acción propia de su cargo respondió armado a un tiroteo perpetrado por un cazador.
Según el alegato del Sindicato del Minae (Sitraminae), el cazador disparó primero y luego el guardaparque –junto con otro compañero- sacó su arma de reglamento e impactó al sujeto.
Posteriormente provino un proceso penal contra el funcionario, quien fue despedido y ahora debe enfrentar el juicio únicamente con el apoyo de un defensor público.
"Lo más preocupante es que existen antecedentes de otros compañeros que han estado en situaciones similares y la institución los ha abandonado completamente. Acá, también es preocupante porque sobre ese tema especialmente nosotros nos sentamos en diferentes mesas de negociación con los jerarcas de turno y conversamos sobre la necesidad de crear una oficina jurídica de defensa para este tipo de casos", dijo Dennis Carmona, encargado de conflictos laborales del sindicato.
En los últimos años la organización enumera los siguientes casos de este perfil:
- José Antonio Bogantes, funcionario de Acosa: enfrentó juicio sin colaboración jurídica en 2010.
- Mauricio Steller, también funcionario de Acosa: en 2015 fue condenado a 12 años de cárcel. Posteriormente, absuelto mediante indulto emitido por el Poder Ejecutivo y gestionado por Sitraminae.
- Pedro Esceta Salicetti: con proceso pendiente desde 2015 por herir de bala a un cazador que amputó los dedos a un compañero en un machetazo.
- Carlos Velásquez, funcionario de Acosa: condenado en 2016 al pago de daños y perjuicios por supuestamente herir de bala un cazador.
Carmona manifestó que las denuncias que se reciben aglutinan quejas por incumplimiento de deberes abuso de autoridad. Incluso, en el caso de Mauricio Steller, se le procesó por presunta tentativa de homicidio.
Para los funcionarios no se han acatado los acuerdos para impulsar la oficina de asesoría legal que colabore con los funcionarios y resienten una deshumanización para con los guardaparques.
"El Sinac tiene un staff en todas las áreas de conservación, con profesionales legales. Pero, todos ellos están en función de atender solo temas de asesoramiento para el director del área de conservación", añadió el miembro del sindicato, quien explicó que Tortuguero es una de las pocas áreas donde la asesoría legal también brinda ayuda a los guardaparques (…) No están reconociendo el esfuerzo que hacemos, especialmente por el peligro de ir a combatir la delincuencia ambiental", manifestó el dirigente.
Mauricio Álvarez, de la Federación Conservacionista de Costa Rica (Fecon), aseguró tiempo atrás que los tribunales de justicia han dado la razón a infractores de la ley ambiental de manera sistemática y -en muy pocas veces- a los denunciantes de daños.
Según datos de Fecon, se acumulan más de 70 tipos de agresiones contra defensores del ambiente en las últimas décadas.