Hacienda Fénix valorada en ₡2 mil millones pasa a manos del Estado tras decomiso en 2022
La propiedad de 30 hectáreas tiene alrededor de 70 estructuras construidas
Esta mañana se realizó el acto de puesta en posesión al Estado de una propiedad valorada en ₡2 mil millones relacionada con el "caso Fénix", perteneciente a dos sociedades cuyo beneficiario final es un hombre de apellidos Segura Angulo, sospechoso de lavado de dinero.
La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial le atribuye a este sujeto el liderazgo de una organización criminal dedicada a este delito, con el fin de enmascarar o encubrir dineros provenientes de actividades ilegales.
Hacienda Fénix, ubicada en Pedregoso de Pérez Zeledón, es un terreno de más de 30 hectáreas que tiene al menos unas 73 infraestructuras con una construcción de más de 25 mil metros cuadrados, valoradas en poco más de ₡1.800 millones, de acuerdo con la Sección de Ingeniería Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El Ministerio de Hacienda realizó un avalúo total que considera las edificaciones y el terreno, tasando toda la propiedad en un monto que ronda los ₡2.080 millones, explicó el fiscal adjunto de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, Andrés Garro.
"Esta propiedad va a quedar a cargo y en posesión de dicho instituto, para los fines que indica la ley, previo a su eventual comiso, que es el principal objetivo que persigue el Ministerio Público como objeto de la presente investigación.
Ya el bien no podrá ser accedido por parte de cualquier persona relacionada o no a la investigación, salvo que sea algún funcionario o persona autorizada por el Instituto", señaló Garro.
A esta incautación, se suma el decomiso de $7,6 millones y ₡506 millones en efectivo que se logró 2 años y medio atrás durante los operativos.
Adicionalmente, se consiguió la inmovilización en cuentas bancarias con recursos que ascienden a los ₡80 millones y $8 mil en moneda extranjera.
En allanamientos posteriores, se confiscaron poco más de $29 mil más ₡27 millones en divisa nacional. Todos los fondos pasaron a manos del ICD.
La diligencia sobre el terreno se realiza mediante la figura de depósito judicial a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), luego de que el Ministerio Público hiciera la solicitud al Juzgado Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO).
La propiedad está siendo inspeccionada por un juez, un fiscal, personal de la policía judicial y de la Fuerza Pública.
En el acto se realiza la revocatoria del nombramiento de depositario actual, un hermano del imputado, y se levanta un acta para poner el inmueble a disposición del ICD, para custodia y administración.
La inmensa investigación también consiguió la anotación o gravamen de un total de 77 bienes inmuebles y muebles, entre los cuales se incluye lotes, viviendas, camiones, furgones, vehículos de alto valor, carros de alta gama y maquinaria pesada.
Este caso produjo una de las confiscaciones más grandes de ganado: un total de 1.253 animales de diferentes razas y especies, las cuales fueron liquidadas por el ICD y su venta dio como resultado la obtención de alrededor de ₡950 millones que están bajo custodia.
Producto de los operativos realizados desde abril del 2022, entre otras cosas se capturaron unas 3.600 llantas para vehículos de todos los tamaños y marcas, así como 1.416 aros de diferentes tipos.
Para el Ministerio Público, esta acción representa un logro importante, puesto que se materializa el ataque de la institución al patrimonio de los grupos criminales.
En una eventual sentencia condenatoria durante el juicio que se realice, la finca Fénix que desde hoy se encuentra bajo depósito judicial, podría quedar en comiso, con lo cual se lograría despojar del inmueble al grupo criminal, de manera definitiva.
En el conocido caso Fénix figuran como acusadas 26 personas, entre estas, profesionales en Derecho y Ciencias Económicas, así como funcionarios bancarios.
Al grupo se le vincula con el uso de dinero proveniente del narcotráfico, con el cual la organización se habría dedicado a adquirir bienes de interés económico y a invertir en negocios de apariencia legal, para legitimar las ganancias ilícitas.
De acuerdo con la prueba recabada, las actividades ilegales se desarrollaron entre el 2015 y el 2022, y generaron un patrimonio ilícito de aproximadamente $17 millones de dólares.
Los imputados son sospechosos de formar parte de una estructura asentada en Pérez Zeledón que se dedicaba al lavado de dinero por medio de diversos negocios, entre ellos una ganadería, venta de llantas, lubricentros, verdulerías, bares y restaurantes.
