Hacienda prohibió transferir ₡8.688 millones urgentes para que OIJ y Fiscalía combatan crimen

Rudolf Lücke Bolaños, actual ministro de Hacienda del gobierno de Rodrigo Chaves Robles, prohibió a la institución que dirige transferir ₡8.688 millones que requieren el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público para hacer frente a la criminalidad que enfrenta el país.

Se trata de recursos ya presupuestados y aprobados por la Asamblea Legislativa para este año, con el fin de financiar la creación de 176 plazas en la policía judicial y 99 en la Fiscalía, además de cubrir gastos necesarios para el pago de arriendos y la adquisición de equipo de transporte.

El pasado 19 de diciembre, Lücke ordenó a la Dirección General de Presupuesto Nacional bloquear la transferencia correspondiente al primer trimestre de 2026, al considerar imprudente realizar esa inversión en seguridad.

"La ejecución de varios gastos incluidos durante el trámite legislativo del presupuesto ordinario de ese ejercicio económico, particularmente los financiados con rebajas de la subpartida presupuestada para atender el pago de intereses de la deuda interna", señala un oficio remitido por Hacienda al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.

Hacienda justificó la no transferencia al indicar que el dinero destinado al Poder Judicial se rebajó de las partidas presupuestadas para el pago de intereses de la deuda pública, por lo que dichos recursos no fueron programados.

Ante esta situación, Aguirre solicitó al jerarca de Hacienda reconsiderar la decisión, debido a los estragos que generaría en el combate a la delincuencia.

"La decisión adoptada genera un impacto directo y demoledor en los planes de trabajo del Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público, en su esfuerzo para combatir la criminalidad organizada y sus distintas manifestaciones que tanto impactan en la vida de la ciudadanía", le indicó el magistrado al ministro mediante una carta.

Todos estos recursos son indispensables para atender la situación de inseguridad, la penetración del narcotráfico y la ola de homicidios que atraviesa el país, que ha cobrado ya la vida de más de 3.000 personas durante el mandato de Chaves.

Paradójicamente, esta semana el Gobierno presentó una denuncia ante el Ministerio Público por supuestas amenazas de muerte de una adulta mayor contra Rodrigo Chaves y, desde entonces, el propio mandatario ha presionado a la Fiscalía para que acelere la investigación, pese a la saturación de casos y a la negativa del Ejecutivo de inyectar recursos para reforzar el personal.

"Estamos esperando acción del Poder Judicial a ver qué hace. Tal vez para ellos sea insignificante, no sé. Han pasado dos casos de amenazas abiertas y no han movido un dedo", manifestó Chaves este miércoles, un día después de la denuncia.

Segundo año que lo hacen

La transferencia de ₡8.688 millones no es un hecho aislado. En realidad, fue una disposición del Congreso para tratar de reincorporar recursos que durante todo 2025 el gobierno chavista se negó a girar al OIJ y al Ministerio Público para la contratación de talento humano adicional.

En el presupuesto de 2026, una decisión legislativa permitió reasignar fondos para nuevas plazas, infraestructura y equipo, con el objetivo de fortalecer tanto a la policía judicial como a la Fiscalía.

La falta de plazas impacta directamente investigaciones relacionadas con corrupción, narcotráfico, crimen organizado y violencia de género.

Pese a contar con recursos asignados ante el aumento sostenido de la criminalidad, el Poder Ejecutivo decidió no trasladar los fondos, lo que ha limitado el margen de acción de las fiscalías y ha puesto en riesgo el cierre técnico de algunos despachos.

La denuncia por las supuestas amenazas fue interpuesta este martes por Jorge Torres, jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), entidad adscrita a Casa Presidencial. A partir de ahora, las investigaciones quedarán a cargo de un despacho del Ministerio Público.