Hacienda volvió a negar ₡8.688 millones urgentes al OIJ y la Fiscalía para combatir la criminalidad
La administración de Rodrigo Chaves volvió a negar una transferencia de ₡8.688 millones solicitados para que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público enfrenten la ola de criminalidad y homicidios que azota al país desde 2022, año en que asumió el actual Gobierno.
Tal como reveló CR Hoy el pasado 15 de enero, Rudolf Lücke, actual ministro de Hacienda, prohibió a la institución que dirige girar esos recursos, pese a que ya estaban presupuestados con el fin de dotar de 176 plazas a la policía judicial y 99 a la Fiscalía, además de cubrir gastos necesarios para el pago de alquileres y la adquisición de equipo de transporte.
Ante la negativa, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, remitió una petición al jerarca para que reconsiderara su decisión.
Este lunes, el Poder Judicial informó que, pese a las advertencias, el Gobierno chavista mantuvo su postura y, tan solo días después, respondió reiterando que los recursos no serían incorporados a la programación financiera del primer trimestre de 2026, al provenir de rebajas a la subpartida destinada al pago de intereses de la deuda pública.
"Ante este escenario, la Corte Plena hizo énfasis en la urgencia de que se giren los recursos y acordó volver a plantear el tema ante el Ministerio de Hacienda, subrayando que el Poder Judicial ha venido implementando acciones concretas para agilizar procesos penales, reducir el rezago judicial y combatir la delincuencia, como lo evidencian los operativos diarios del OIJ y la labor del Ministerio Público en causas complejas y de alto interés público", señaló la institución mediante un comunicado.
El Poder Judicial reiteró que la seguridad no puede sostenerse sin los recursos humanos y financieros necesarios, especialmente cuando estos ya fueron analizados, aprobados y avalados por la Asamblea Legislativa.
La no transferencia de ese dinero tendrá un impacto "demoledor", según el presidente de la Corte.
Las plazas aprobadas en el Presupuesto Ordinario de 2026 para el Organismo de Investigación Judicial estaban destinadas a fortalecer delegaciones estratégicas como La Cruz, Tamarindo–Tempate–Cabo Velas y Puerto Jiménez, así como las labores de custodia de detenidos en todo el país.
Sin embargo, la falta de ejecución de estos recursos afecta zonas clave expuestas a criminalidad compleja y a bandas de carácter transnacional.
El OIJ advirtió que la ausencia de personal reduce las investigaciones, alarga los tiempos de respuesta y limita los operativos en territorios de alta conflictividad, debilitando la lucha contra el crimen organizado.
El director a. i. del OIJ, Michael Soto, expresó su esperanza de que los fondos sean girados pronto. En la misma línea, la Fiscalía General alertó que la escasez de personal pone en riesgo los plazos procesales y la persecución penal. El fiscal general, Carlo Díaz, criticó que Hacienda no libere recursos ya aprobados por la Asamblea Legislativa.
La retención del dinero no es un hecho nuevo. En realidad, se trata de una enmienda legislativa que buscaba reincorporar recursos que durante todo 2025 el Gobierno se negó a girar al OIJ y al Ministerio Público para la contratación de talento humano adicional.
En el presupuesto de 2026, una decisión del Congreso permitió reasignar fondos para nuevas plazas, infraestructura y equipo, con el objetivo de fortalecer tanto a la policía judicial como a la Fiscalía.
La falta de plazas impacta directamente investigaciones relacionadas con corrupción, narcotráfico, crimen organizado y violencia de género.
Pese a contar con recursos asignados ante el aumento sostenido de la criminalidad, el Poder Ejecutivo ha decidido no trasladar los fondos, lo que ha limitado el margen de acción de las fiscalías y ha puesto en riesgo el cierre técnico de algunos despachos.