“Hay corrupción en el Conavi”: así fue el aviso dado por empleados rasos a agentes del OIJ

(CRHoy.com). El 27 de noviembre de 2018, en medio de un allanamiento en las oficinas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), 2 funcionarios de bajo perfil de la entidad se acercaron a agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para hacerles saber sobre situaciones de posible corrupción que ocurrían a lo interno.

Los colaboradores, quienes no se identificaron, hicieron referencia a situaciones anómalas generales que aparentemente ocurrían con la gestión de proyectos de infraestructura pública. No hicieron referencia a las situaciones que luego dieron pie al caso "Cochinilla", pero sí levantaron sospechas entre los investigadores.

En aquella oportunidad el allanamiento tuvo que ver con las pesquisas relacionadas con la "mega pifia" en la construcción de la ruta de acceso a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).

Diego Chavarría, jefe del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ, aclaró a CRHoy.com que esas 2 personas no eran "altos funcionarios" del Consejo. Incluso, enfatizó en que ningún jerarca o "alto mando" se acercó a entregar "información" referente a posibles casos de corrupción.

"Más bien fue un comentario general ofrecido a agentes judiciales que se encontraban en ese allanamiento", expuso el jefe policial.

Chavarría negó que Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, se acercara a la Sección Anticorrupción y Delitos Económicos y Financieros  (Sadef) para denunciar supuestos hechos de corrupción en la adjudicación de obra pública. Incluso, enfatizó en que los informes anónimos fueron en términos generales.

"Fue una información que estas personas mencionaron de manera general indicando que había corrupción en el Conavi. Quiero aclarar que las personas que indicaron eso no eran ni altos funcionarios de Conavi. Ni la entrega de esa información provino por parte del señor ministro Méndez Mata, sino más bien fue un comentario general ofrecido a agentes judiciales que se encontraban en ese allanamiento", detalló Chavarría.

Caso "Cochinilla"

Tras denuncias anónimas recibidas entre 2018 y 2019, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) y el OIJ abrieron una causa penal para investigar la presunta existencia de una red de corrupción entre empresarios de construcción y funcionarios.

Las pesquisas determinaron el supuesto pago de sobornos (dinero, terrenos, carros y favores sexuales) a cambio de favorecer a las compañías con la adjudicación de proyectos de construcción y conservación vial.

Entre los 30 imputados que fueron detenidos el lunes hay altos mandos de Conavi: el exgerente financiero del consejo (apellido Solís), la gerente de la proveeduría institucional (Madrigal Rímola), el director financiero actual (Rojas Monge), el gerente de conservación de vías y puentes (May Cantillano), jefe de la tesorería institucional (Lobo Bejarano), entre otros funcionarios con puestos ligados a aspectos financieros y de ingeniería.

Este miércoles se realizó la audiencia judicial contra los imputados, entre los cuales destacan empresarios ligados a la constructora MECO (apellido Cerdas) y a H.Solís (empresaria de apellido Solís). La indagatoria finalizó a eso de las 7:30 p.m. de ayer 16 de junio y se reanudará este jueves con la finalización de la exposición de la Fiscalía y continuará a la 1:30 p.m. con los abogados de los indagados.

Ambas constructoras forman parte de un grupo de 5 empresas que están bajo la lupa por aparentemente pagar sobornos con tal de hacerse con adjudicaciones o para recibir algún tipo de ventaja en procesos licitatorios. Incluso, se señala la posibilidad de que los funcionarios aparentemente sobornados pagaran facturas por adelantado.

Las otras 3 compañías investigadas son: Constructora Herrera, ITP Ingeniería y Cacisa.

Según la investigación penal, los funcionarios de Conavi investigados habrían realizado ajustes presupuestarios indebidos para favorecer los vínculos contractuales con las compañías investigadas. Esas acciones habrían provocado una "laguna financiera" superior a los 78 mil millones de colones.

Según las pesquisas, los dineros se habrían sido desviado de proyectos como la Ruta 32 (Río Frío-Limón) y del proyecto Sifón-La Abundancia (vía a San Carlos), Las Delicias y Tablillas.

Los montos sustraídos se habrían trasladado a otras obras como la construcción del puente sobre el río Sixaola, en la frontera con Panamá.

Además de esos proyectos, también aparecen los Circunvalación, como el paso a desnivel en de la antigua rotonda de las Garantías Sociales.

Walter Espinoza, director del OIJ, aseguró el lunes que en total el caso involucraría a  72 personas. No se descarta que existan más funcionarios implicados en la causa penal y futuras detenciones.