¿Hay un “testigo de la corona” en el caso de la trocha fronteriza?

La Procuraduría General de la República (PGR) está dispuesta a acordar una salida alterna a un eventual juicio en el caso de la trocha fronteriza solo si los planteamientos de los imputados satisfacen las pretensiones (económicas y de reparación social) del representante del Estado.

Este lunes estaba pactado el inicio de la audiencia preliminar contra 26 imputados en la causa penal 12-00053-621-PE, en la cual se investigaron presuntas irregularidades en el desarrollo de ese proyecto en la zona fronteriza norte. Sin embargo, ante el planteamiento hecho por 6 de los acusados (todos empresarios) de llegar a un acuerdo para evitar juicio, se tomará una decisión el próximo jueves 10 de octubre.

Es más, uno de los abogados involucrados en el proceso afirmó que un empresario imputado se convirtió en el “testigo de la corona” del Ministerio Público al acogerse a un criterio de oportunidad.

Esta figura es la posibilidad que tiene el Ministerio Público para llegar a un acuerdo con un imputado, con el propósito de prescindir  total o parcialmente de la persecución penal, o bien de limitar la investigación a solo algunos delitos, o solo a algunas personas.

¿Cómo llegar a un acuerdo? Hay 2 factores trascendentales: el monto económico a resarcir a favor del Estado y la compensación del daño social que se habría provocado a la sociedad costarricense El viernes la PGR indicó, mediante un comunicado de prensa, que "según la pieza acusatoria las  facturas  con irregularidades que fueron presentadas a cobro ante el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), suman un total de ₡1.234.435.437.11. Sin embargo en razón que de esa suma solo fueron cancelados por el consejo la suma de ₡639.378.285.50, es este monto el que se pretende sea resarcido por concepto de  daño material".

De igual forma, el representante del Estado reclama  una indemnización por el daño que sufrió la "sociedad costarricense a raíz de estos actos  de corrupción  y que según peritaje  de actuario matemático se  estimó en poco más de ₡965 millones”.

“Nuestro ordenamiento permite aplicar una salida alterna al proceso penal. Se va a valorar, solo con algunos de los imputados, si hace una propuesta que venga a satisfacer las pretensiones de esta representación, analizando cada caso en particular, si es proporcional o razonable”, citó este lunes Paola Madriz, procuradora de la Ética Pública.

La funcionaria recordó que –en total- hay 51 demandados civiles (entre imputados y empresas). Además, los planteamientos de acuerdos deberán ser revisados también por la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y la Contraloría General de la República (CGR).

¿Un testigo de la corona?

En esta etapa procesal no es necesaria la presencia en el sitio de los imputados, basta con que los representantes legales se hagan presentes. De los acusados, solo llegaron Manuel Serrano y Miguel Ramírez, quienes laboraron para el Conavi durante el desarrollo de la obra.

“En una reunión que tuve con el Ministerio Público la semana pasada, la cual transparentemente informe, me indican que quieren prisión para todos ellos y una pena de prisión relativamente alta. Nosotros, como estimamos que no existe ningún delito, decidimos no aceptar ninguna situación que implique un delito que signifique prisión para mis representados”, indicó José Miguel Villalobos, abogado de Serrano, Ramírez, Alexander Mesén y el empresario Giovanni Barallis.

El representante legal aseguró que uno de los 26 imputados, un empresario de apellido Muñoz, se acogió a un criterio de oportunidad y se convirtió en el “testigo de la corona” en la causa penal.

“Dice que va a declarar en contra de todos (…) El criterio de oportunidad tiene que reunir un requisito fundamental, que es que la persona que se beneficia del criterio de oportunidad tiene que haber realizado una conducta menos reprochable que los imputados contra los que va a declarar”, citó Villalobos, quien cuestionó el supuesto acuerdo existente entre el empresario y la FAPTA.

La acusación fue presentada el 17 de enero de 2017 por la Fiscalía General liderada por Chavarría, quien dejó su cargo a finales de ese mismo año en medio del escándalo del “cementazo”. Precisamente, en los últimos años de labor, el funcionario fue cuestionado por la lentitud en la tramitación de los grandes casos de presunta corrupción. La trocha fue uno de ellos.

Con este contexto, hay que recordar que la acusación se planteó tras 5 años de investigación y la posibilidad de conocer si el caso irá a juicio (o no) se sabrá 8 años después de que se abriera el expediente penal.

La FAPTA investigó posibles delitos de peculado, cohecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia contra la hacienda pública y legitimación de capitales.
En la lista de imputados hay funcionarios públicos, inspectores aparentemente falsos, así como empresarios y familiares.

¿Por qué la investigación?

La trocha, conocida oficialmente como ruta nacional 1856, fue desarrollada desde 2010 por el gobierno de Laura Chinchilla Miranda mediante un decreto de emergencia nacional ante la disputa fronteriza con Nicaragua. La vía nunca se concluyó en su totalidad y dejó de ser una prioridad para el Ejecutivo.
Para concluir la obra el gobierno de Chinchilla estimó necesarios unos $100 millones. Luego, la administración Solís Rivera (2014-2018) intentó fallidamente continuar, pero topó con que no existían recursos suficientes. Finalmente, el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022) descartó de manera casi automática cualquier posibilidad de dar vida a la ruta.

Según la acusación planteada por la fiscalía, 3 funcionarios del Conavi -entre ellos el exdirector apellidos Acosta Monge- habrían establecido un plan delictivo junto con varios empresarios de construcción para apropiarse de fondos públicos destinados a la obra.
Aparentemente, los funcionarios de Conavi y los empresarios formaron un contubernio para que los segundos presentaran documentación falsa y cobraran por trabajos no realizados. El aval era dado por los empleados estatales.

Los delitos se consumaban cuando la maquinaria trabajaba en una zona determinada para una empresa, mientras otra compañía distinta era la que cobraba por los supuestos trabajos hechos con esa misma maquinaria.

En otros casos, una empresa presentaba la misma maquinaria trabajando en 2 lugares distintos y en una misma hora. En algunos más, se presentó un cobro de alquiler de maquinaria que no existió. Todo esto amparado a declaraciones aduaneras falsas.

De igual forma, se cobró por el alquiler de maquinaria que no fue nacionalizada. Es decir que estaba fuera del país al momento de los trabajos. “Se hicieron cobros por maquinaria que nunca trabajó o por tarifas mayores a las establecidas”, señaló la acusación planteada en enero de 2017.

Los 47 fuera

Otras 47 personas, entre políticos, funcionarios públicos y empresarios, recibieron un sobreseimiento definitivo tras una resolución dictada por el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de de San José en noviembre de 2018.
Tras la acusación planteada hace casi 2 años, el Ministerio Público abrió un testimonio de piezas (causa penal separada) para determinar la responsabilidad de las esas 47 personas que figuraron como sospechosas en algún momento durante el desarrollo de la causa. Este caso se siguió en el numeral 17-5-1218-PE.

En el listado de esas figuran empresarios dedicados a actividades de construcción. No obstante, también aparecen Laura Chinchilla, expresidenta de la República (2010-2014); Luis Liberman, vicepresidente de la República en ese mismo período y Francisco Jiménez Reyes, exministro de Obras Públicas y Transportes (entre 2010 y 2014).

Según cita la resolución judicial, se dictó el sobreseimiento definitivo en virtud de que “existía falta de certeza e imposibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba, atipicidad o no fueron cometidos por los imputados”.

En la lista de personas que fueron sobreseídas también figura Ana Virginia Calzada, exmagistrada de la Sala Constitucional. Ella fue investigada tras una denuncia que señaló posibles anomalías en un recurso de amparo –declarado sin lugar- para frenar el avance del proyecto. Al final, no se encontraron suficientes elementos para establecer alguna irregularidad. También, fue sobreseído el exfiscal general Chavarría Guzmán.