Hermana de Celso Gamboa cuestionó legalidad de investigaciones de DEA y FBI dentro de Costa Rica
Durante la audiencia de apelación, alegó que la acusación por narcotráfico debería ser juzgada en el país y también argumentó que el juez que avaló la extradición debía ser separado por adelantar criterio
Este miércoles fue el turno de Natalia Gamboa, hermana y abogada defensora del exministro Celso Gamboa, de exponer las razones por las cuales apelaron la aprobación de la extradición hacia Estados Unidos, donde el también exmagistrado es requerido por narcotráfico.
Para la jurista, los hechos que se le atribuyen a su hermano ocurrieron en Costa Rica y, por ende, deberían investigarse y juzgarse en el país, en lugar de hacerlo en territorio estadounidense. Catalogó las indagaciones en su contra como una violación a la soberanía.
Gamboa cuestionó que agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigación (FBI) le siguieran la pista en territorio nacional a Celso Manuel, en vez de que fuera investigado por autoridades costarricenses, dado que —según ella— las entidades estadounidenses no tenían legitimidad para hacerlo.
La abogada presentó una serie de argumentos legales para sostener que, aunque los supuestos delitos de narcotráfico pudieran tener efectos en EE. UU. o afectar dicha nación, no existe una jurisdicción universal que les permita juzgar a extranjeros por hechos cometidos fuera de su territorio y por eso, se tuvo que investigar en Costa Rica.
Adicionalmente, arremetió contra el juez William Serrano Baby, quien tramitó y autorizó la extradición hoy impugnada. Este juzgador también funge como magistrado suplente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
Según Natalia, durante el trámite de la reforma constitucional aprobada en la Asamblea Legislativa para extraditar costarricenses —algo que no estaba permitido hasta hace unos meses—, el magistrado habría emitido criterios sobre el proyecto de ley mientras se analizaba en Corte, y por ende adelantó criterio.
Otro de los alegatos tiene que ver con la rapidez con la que se avaló la detención. Según la abogada, fue cuestión de minutos entre la recepción de la petición de la Embajada de EE. UU. por parte de la Secretaría de la Corte, su traslado al juzgado y la autorización de captura para someter a los requeridos al procedimiento.
Por ello, cuestiona la celeridad con la que se procedió y señala que esto, a su criterio, revela que el juez ya tenía una decisión adelantada.
A los cuestionamientos se suma el hecho de que la DEA y el OIJ estuvieran coordinando para tener ubicados a los extraditables y así capturarlos en el momento en que el juez diera la orden.
Según afirmó, la policía judicial ya estaba en Cahuita de Limón para arrestar a Pecho de Rata y había equipos realizando vigilancias sobre Celso. La parte de la audiencia oral en la cual el exmagistrado habló en contra de su extradición fue declarada privada.
Este miércoles se lleva a cabo la audiencia que, en principio, era pública y en la cual el Tribunal de Apelación de Sentencia escucha los alegatos del exministro y de Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, alias Gato o Profe.
En el caso del extraditable Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata o Diosito, se aplazó la audiencia debido a que su defensor estaba en otro juicio.
Se trata de la apelación de la extradición, luego de que las defensas de los tres presentaran múltiples objeciones jurídicas con el fin de revertir la resolución que autorizó sus envíos a EE. UU. El 7 de octubre, el Tribunal Penal de San José había avalado la extradición de los tres requeridos por el Distrito Este de Texas.
De acuerdo con el expediente —cuyos detalles reveló CR Hoy tras las capturas—, Gamboa es señalado como coordinador regional del Cártel del Golfo, con vínculos con el Cártel de Sinaloa, desde donde habría gestionado compras y envíos de cocaína para su almacenamiento en Costa Rica y posterior traslado a Estados Unidos.
Respecto de Álvarez Alfaro, de 46 años, las autoridades lo perfilan como líder de una red operativa desde 2008 y vinculada a múltiples decomisos, incluido uno de 328 kilos en 2016. Con la integración judicial ya firme, el Tribunal Penal deberá resolver en los próximos días si mantiene o no la autorización de extradición.