Hidrotárcoles desmiente a presidente del ICE: Inversión es de $116 millones y no $40 millones
$100 millones prestados por el Banco Nacional están invertidos, afirma constructora
La empresa Hidrotárcoles, desarrolladora de la planta hidroeléctrica Capulín – San Pablo, salió a desmentir las declaraciones que hizo bajo juramento el presidente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) Carlos Obregón sobre la verdadera inversión realizada en el polémico proyecto que genera tensión entre ambas entidades.
Obregón respondió ante los diputados de la comisión investigadora de los créditos bancarios a una pregunta de la diputada del Frente Amplio Patricia Mora, quien consultó el monto invertido por la empresa en la planta hidroeléctrica que el ICE ahora no quiere recibir.
Según Obregón, del monto prestado por el Banco Nacional, que asciende a los $100 millones, solo se ha invertido una pequeña parte en el proyecto. "Nosotros no hemos hecho un avalúo en detalle, pero podríamos indicar que lo que hay invertido hasta el momento, hay ahí físicamente, anda por el orden de los cuarenta millones de dólares", así quedó consignado en el acta #37 del pasado martes.
Sin embargo, la empresa asegura que Obregón desconoce los datos reales del proyecto al cual se opone, ya que la inversión alcanza -a enero del 2018- los $116 millones, casi el triple de lo consignado por la máxima autoridad del ICE ante los diputados.
Según documentos enviados a CRHoy.com, la inversión total supera los $116 millones, de los cuales $100 millones corresponden al préstamo otorgado por al Banco Nacional y otros $20 millones a inversionistas externos.
"La inversión total es de $116.669.607 (¢66 mil millones de colones) que se ven reflejados en obras concretas, por ejemplo, la obra civil temporal, los caminos, desvíos, la presa, el túnel, obras de conducción y en la casa de máquinas se invirtió $75,9 millones" indicó la constructora.
Hidrotárcoles asegura que la obra total tiene un avance del 51% global, pero algunas construcciones, como la represa que generará 50 MG, ya supera el 60%.
"Además de los $75,9 millones en obras, se invirtió $9,5 millones en equipamiento electromecánico e hidromecánico, para un total de $85,4 millones en obra civil. A esto hay que sumar $4,9 millones de la compra de los terrenos y $26,2 millones de los costos operativos y financieros", indicaron vía correo electrónico.
Obregón se aventuró a decir ante los diputados que la inversión era de un tercio de la realidad, aunque aceptó, ante una pregunta del diputado Ottón Solís, que nunca había visitado la zona de la construcción.
"… No he visitado el proyecto. Si usted toma en consideración lo que dicen, que se han invertido cerca de ciento veinte millones de dólares, que vamos por un cuarenta y seis por ciento de avance de la obra, que lo que hay ahí es únicamente una parte de la presa y un túnel sin terminar… Usted se da cuenta que lo que se ha invertido no está en función de lo que hay ahí", indicó la máxima autoridad del ICE.
Polémico contrato
Carlos Obregón, presidente ejecutivo del ICE.
La planta hidroeléctrica Capulín – San Pablo se construye sobre el cauce del río Grande de Tárcoles, es un proyecto BOT (construcción, operación y entrega) firmado entre la empresa hidrotárcoles y el ICE.
El avance de la represa supera 60% de construcción, pese al diferendo legal que enfrenta en los Tribunales de Justicia al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) con la desarrolladora del proyecto.
La planta se financia en un 70% con un crédito de fondos públicos otorgado por el Banco Nacional, que sufrió importantes modificaciones en 2015, cuando una polémica decisión del ICE "generó inestabilidad, cambios en las fechas de entrega y el incremento en los costos".
La fecha de entrega pasó de junio del 2017 a octubre del 2019 y el proyecto que fue valorado inicialmente en $167 millones (¢94 mil millones de colones), incrementó su costo a $220 millones (¢124 mil millones). Así lo afirman los voceros de la empresa Hidrotárcoles.
El ICE acusa a la constructora de incumplimiento contractual porque mantiene que la obra se tenía que entregar en agosto del 2015, año y medio después de iniciada la etapa de construcción pero no reconoce el proceso previo de financiamiento y obtención de permisos que se extendió por dos años.
Esta fecha es refutada por la empresa y por el Banco, que aseguran que la construcción de una represa no se puede dar en plazos menores a tres años y así quedó estipulado en el contrato.
El diferendo se discute en el Tribunal Contencioso Administrativo. Si los jueces le dan la razón a la constructora, el ICE se verá expuesto al pago de millonarias multas e indemnizaciones y si le dan la razón a la institución, la Hidroeléctrica tendrá que vender su electricidad a otra empresa rural.