• PLN no le dará sus votos y califica propuesta como una ocurrencia
• PUSC y PRN con críticas; otros lo ven como "adefesio y mamarracho"

(CRHoy.com) -Por improvisar, ausencia de estudios técnicos y posibles ilegalidades, el proyecto de ley que presentó el Gobierno para reducir las jornadas laborales de 35 mil funcionarios públicos fracasaría en el Congreso.

La iniciativa -que se tramita bajo el expediente 22.081- fue suscrita por el presidente de la República, Carlos Alvarado, y los ministros de Planificación Nacional y Política Económica y de Hacienda, Pilar Garrido y Elián Villegas, respectivamente.

Aunque este jueves fue puesta a conocimiento de la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa para que comience su trámite, la propuesta despierta resistencias en las bancadas de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN), Frente Amplio (FA) y en legisladores independientes.

La mayoría de ellos coinciden en que el proyecto de ley -defendido a capa y espada por Garrido- tropezará en el Parlamento y lo califican como “ocurrencia, adefesio y mamarracho“.

Según la iniciativa, la reducción de jornadas de un 15% aplicaría a 35 mil funcionarios con salarios superiores a millón y medio de colones mensuales durante 12 meses y generaría un ahorro de ¢129 mil millones, que el Estado tomaría para atender la crisis ocasionada por el COVID-19.

Sin embargo, el Gobierno no tomó en cuenta que la medida tendría un impacto negativo en las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que dejaría de percibir más de ¢32 mil millones por la caída en los aportes estatal, obrero y patronal para el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Tampoco midió el impacto en las finanzas públicas, los posibles vicios de inconstitucionalidad ni la imposibilidad de aplicar la reducción a altos jerarcas como los diputados y miembros de juntas directivas de instituciones públicas.

PLN: es una ocurrencia

La bancada legislativa del PLN -la más numerosa del Congreso- no dará sus votos al proyecto de ley, tal y como está planteado.

Así lo confirmó este viernes el jefe de esa fracción parlamentaria, Luis Fernando Chacón, al mismo tiempo que el Comité Ejecutivo Superior y el Directorio Político Nacional de la agrupación política manifestaron su oposición al texto.

La cúpula del partido dijo que la propuesta es desigual, regresiva e inconstitucional.

Chacón sostuvo que la propuesta carece de sustento y tendría efectos negativos en la recaudación del impuesto sobre la renta y en el sistema de seguridad social, fuertemente golpeado por la crisis de la pandemia.  Además, afectaría transferencias al Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

“Queda absolutamente claro que la Ministra de Planificación y el Ministro de Hacienda no tenían información cuando presentaron ese proyecto de ley”, manifestó.

Sostuvo que, por el contrario de lo deseado, la iniciativa agudizaría la crisis económica del país.

“Esto es una ocurrencia más del Gobierno de la República (…) Es una propuesta inaceptable, inaplicable y absolutamente ilegal (…) Tenemos a un gobierno extraviado que no sabe hacia dónde marcha Costa Rica (…) Así como está la propuesta, Liberación Nacional no le dará sus votos“, añadió.

Estimaciones a la carrera

La legisladora Shirley Díaz, subjefa de la fracción parlamentaria del PUSC, indicó que su agrupación tomará una posición el próximo lunes.

Sin embargo, a título personal, reconoció que no está de acuerdo con el proyecto de ley porque no existe claridad sobre sus implicaciones en las políticas sociales y de salud.

“Ellos dan un estimado, pero es una proyección hecha a la carrera y hay dudas sobre el monto de afectación a la Caja”, expresó.

Destacó que se debe agregar que el segundo presupuesto extraordinario de la República -en curso en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso- tampoco cumple con la reducción de gasto prometida por el Gobierno.

“En este momento hay muchas partidas que deben ser revisadas a profundidad porque no tiene ningún sentido que quede plata en subejecución para que vaya a dar a caja única y seguir generando mayor contracción económica a través de los salarios de lo funcionarios públicos”, agregó.

Inconsistencias

La jefa de la bancada legislativa del PRN, Xiomara Rodríguez, opinó que el proyecto tiene serias inconsistencias y lamentó que el Ejecutivo otra vez envíe propuestas deficientes, y en este caso “tan mal elaborada”.

Mencionó que no existe claridad sobre el ahorro neto esperado porque a los ¢129.700 millones (de los que habla el Gobierno) se le deben restar entre ¢32 mil millones y ¢44 mil millones que dejaría de recibir la Caja por la reducción de las cuota obrero-patronales.

“El Ejecutivo no ha cuantificado el impacto que tendría esa rebaja salarial sobre los programas de combate a la pobreza que administra el Fodesaf, pues de los salarios de los trabajadores públicos se deduce un 5%, por lo que también disminuiría el aporte que hacen a este fondo”, explicó.

En su criterio, “la propuesta contiene problemas de constitucionalidad, específicamente por violación a los principios de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad“.

Rodríguez destacó que tampoco hay fundamento técnico para determinar el monto de reducción de la jornada en 15% ni una explicación de por qué debe ser por 12 meses.

“Estaríamos frente a una pretensión arbitraria y, contrario a lo que han asegurado en el Poder Ejecutivo, el proyecto deja por fuera a miembros de Supremos Poderes, como los mismos diputados, ya que estos reciben remuneraciones por dietas, y es materialmente imposible y jurídicamente inviable obligar a un legislador a renunciar al 15 % de las sesiones correspondientes a comisiones a las que pertenece”, amplió.

“Adefesio y mamarracho”

Los diputados José María Villalta, del FA, y el independiente Erick Rodríguez también expresaron fuertes críticas al proyecto de ley.

Mientras Villalta lo calificó como “un adefesio”, Rodríguez lo llamó ” un mamarracho”.

“Creo que el proyecto es un adefesio básicamente. Tiene graves deficiencias, empezando por que lo hicieron sin estudios técnicos, sin análisis, y ni siquiera estimaron bien los impactos negativos del proyecto”, dijo.

Mencionó que el Gobierno no midió los efectos sobre las finanzas de la Caja por la pérdida de contribuciones a la seguridad social, a Fodesaf y otros programas sociales.

“A pesar de que lo hace el Ministerio de Planificación, el proyecto no contiene un estudio en el impacto en los servicios públicos que operan 24/7 o que no pueden reducir jornadas sin afectar la atención a los usuarios, incluso servicios esenciales que no son solo salud y policía”, reiteró.

Argumentó que la forma en la que está planteado el texto “exacerbaría las desigualdades en el sector público porque la reducción de jornadas no se puede aplicar a los altos jerarcas del Gobierno (diputados, ministros, miembros de Juntas Directivas y puestos de confianza”.

“Todos esos problemas lo que demuestran es que el proyecto es una chambonada, una improvisación y que el Gobierno lo hace así porque no quiere tocar a sus amigotes, no quiere plantear una propuesta integral para que todos los que tienen rentas altas, todos los que ganan más, independientemente de la fuente de riqueza, aporten un poco más”, comentó.

Rodríguez manifestó que la iniciativa es “un mamarracho“.

“Digamos que alguien gana millón cuatrocientos noventa y ocho mil colones. A ese no se le aplica el 15% (reducción de jornada) y alguien que gana millón y medio entonces pasaría a ganar millón doscientos y pico mil de colones. Eso no puede ser indiscriminado, tiene que ser de manera escalonada”, argumentó.

En segundo lugar, sostuvo que la medida debería aplicarse sobre el exceso y no sobre el salario total.

“Se calcula que el fisco dejaría de percibir alrededor de ¢40 mil millones por concepto de impuesto de renta al bajar los salarios. El problema es que la Ministra (Pilar Garrido) ni siquiera sabe los números”, señaló.

Explicó que si se resta el impacto en las finanzas públicas y en las de la Caja, lo que se terminaría ahorrando rondaría los ¢80 mil millones.

“Me parece que esto son -para ponerlo en términos ticos- pichuleos y que más bien el costo político es muy alto para el ahorro que esto va a representar”, afirmó

Reiteró que el Gobierno prefiere andar con esos “pichuleos” por negarse a entrarle a las grandes reformas estructurales que necesita el Estado para una verdadera reducción del gasto público.