Impulsan nuevo proyecto para reducir trámites a ciudadanos

(CRHoy.com).- Casa Presidencial comunicó que presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para modificar la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos con el objetivo de reducir la cantidad de gestiones que deben hacer los ciudadanos ante las entidades públicas. 

Según el Gobierno, el proyecto de ley se nutrió de los acuerdos que hubo en las sesiones de la mesa de diálogo multisectorial que convocó el presidente, Carlos Alvarado, para intentar reducir el déficit fiscal y reactivar la economía.

La propuesta va en la línea de simplificar los trámites y agilizar los tiempos de respuestas que ofrecen las instituciones públicas con el fin de beneficiar sobre todo al sector productivo del país.

Alvarado dijo durante la presentación de la propuesta de ley que la idea es precisamente quitar del camino aquellos trámites innecesarios que obligan las instituciones y que perjudican al sector productivo.

En mayo el Gobierno emitió la directriz a las instituciones públicas de que tenían que eliminar el 100% de los trámites innecesarios para el mes de diciembre próximo.

No obstante, de acuerdo con los informes de situación del plan que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) ha entregado al Consejo de Gobierno, el proceso ha sido accidentado y lento.

Aún el Poder Ejecutivo no ha dicho si las entidades públicas cumplirán con la meta que les trazó hace 7 meses.

Además de los representantes en la mesa de diálogo multisectorial, el proyecto recibió insumos de la diputada liberacionista, Silvia Hernández, y del sector empresarial privado. 

Entre los objetivos del proyecto de ley figuran los siguientes:

• Fortalecer la rectoría del MEIC en simplificación de trámites y mejora regulatoria.
• Enfocar la gestión de las instituciones en el uso de instrumentos de verificación posterior sobre la revisión documental como mecanismo para agilizar trámites.
• Ampliar el alcance del criterio vinculante del MEIC sobre las propuestas de regulación que propongan las entidades públicas.
• Ajustar las sanciones por incumplimiento de la ley.
• Convertir la mejora regulatoria y la simplificación de trámites en una tarea permanente.

Para el 2020 Costa Rica cayó 7 puestos en el índice de competitividad global Doing Business y pasó del puesto 67 que ocupó en el 2019 al 74. El compendio de trámites y los tiempos que se requieren para completar los requisitos que piden las instituciones a sus usuarios forma parte importante de la medición.