Incapacidad tecnológica limita a la Fiscalía para poder avanzar con grandes casos de corrupción
Teléfonos decomisados por el OIJ.
El paso del papel a la digitalización de la información en los últimos años, lejos de convertirse en un aliado para las autoridades judiciales, se transformó en un desafío debido a las limitaciones económicas y a la falta de capacidad tecnológica para atender casos en los que el flujo de datos se mueve por dispositivos electrónicos.
Miguel Ramírez, fiscal adjunto de Anticorrupción, reconoce que los recortes presupuestarios no solo redujeron la cantidad de fiscales disponibles frente al aumento constante de expedientes, sino que también impactaron la infraestructura tecnológica. Esa dependencia es la única encargada de investigar a funcionarios públicos sin inmunidad que cometen delitos.
El fiscal señaló que, en la última década, la criminalidad aumentó de forma significativa e involucró incluso a empresas del Estado en presuntos actos de corrupción. Esto generó una acumulación de causas en el despacho que dirige junto a Tattiana García, en un contexto en el que la era digital domina todos los ámbitos.
"No estamos hablando de solamente un medio electrónico, un teléfono, una computadora, sino que ahora todo avanza hacia carros digitales, lavadoras digitales y le puedo hacer una gama de información que podemos obtener de todos estos mecanismos en cualquier tipo de delito, no solamente un delito de cibercrimen.
Estamos hablando de homicidios, de sicariato, de trata, de problemas de pornografía infantil, es decir, hay una gran cantidad de cosas que ocurren y a qué nos estamos enfrentando a un mecanismo investigativo carente de esa información, carente de esa tecnología adecuada", reconoció.
Necesidad de laboratorio forense tecnológico
A criterio de Ramírez, el Poder Judicial debe priorizar la implementación de nuevas herramientas, especialmente para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encarga de la apertura de dispositivos electrónicos. Sin inversión tecnológica, advierte, resulta imposible obtener resultados oportunos y con información completa.
"Cuando usted tiene un departamento de análisis digital, que no es lo mismo que un laboratorio forense, se deben enfocar todas las extracciones de un caso en esa oficina.
Cuando se tiene un caso como Copeservidores, otro como el Desyfin, Cochinilla y más recientemente BCR-SAFI, y hay que hacer apertura de todos esos mecanismos, es complejo. Si ya en uno frenamos, ¿qué pasa con los demás? Necesitamos tener una capacidad instalada de verdad", destacó.
Para el fiscal, el país requiere un Laboratorio Forense formal que opere de manera completamente digital y que forme parte del Complejo de Ciencias Forenses del OIJ, con respaldo tecnológico suficiente para enfrentar delitos cada vez más sofisticados.
"La idea es que podamos manejar este tipo de mecanismos, claro es algo muy caro, pero es a lo que vamos y necesitamos. Tenemos que prepararnos para el futuro y ya el futuro llegó, es hoy.
Así que hoy debiéramos de haber invertido un laboratorio forense de muy alto nivel y simplemente lo que encontramos es muy poca colaboración presupuestaria que ya no viene solamente de una cuestión de Estado, sino ya un conjunto de prácticas que hemos visto los últimos, de en un decreciente nivel presupuestario para este tipo de delincuencia que va en aumento"
Casos complejos por necesidad tecnológica
Allanamientos por el caso Cochinilla, realizados el 14 de junio de 2021. (Archivo | CRHoy.com)
A casi cinco años de los allanamientos que dieron origen al denominado Caso Cochinilla, la investigación por presunta corrupción en obra pública enfrenta obstáculos procesales que impiden avances clave, entre ellos la apertura y el análisis de 244 teléfonos celulares decomisados el 14 de junio de 2021.
Ese día, en un megaoperativo dirigido por el OIJ y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, las autoridades realizaron 57 allanamientos simultáneos contra funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y empresarios vinculados a constructoras como Constructora MECO y H. Solís.
Como parte de la evidencia, los agentes incautaron 244 dispositivos electrónicos —celulares, tabletas, computadoras y relojes— que, según fuentes judiciales, podrían contener comunicaciones relevantes sobre la presunta coordinación de contratos, pagos y eventuales beneficios indebidos.
Sin embargo, el proceso de extracción y análisis digital no ha concluido. El expediente judicial establece que la apertura de los equipos requiere audiencias técnicas con presencia de las partes procesales, para garantizar la cadena de custodia y el debido proceso.
Recursos, incidentes, apelaciones y solicitudes de nulidad planteadas por las defensas provocaron suspensiones y reprogramaciones reiteradas, lo que frena la revisión integral de la evidencia electrónica y evidencia la brecha tecnológica del sistema.
Una situación similar ocurre con el caso Coopeservidores, en el que las autoridades decomisaron decenas de dispositivos electrónicos —entre celulares, computadoras portátiles y de escritorio, así como tabletas—. No obstante, no han logrado extraer ni respaldar el 100% de la información almacenada debido a limitaciones tecnológicas para procesar grandes volúmenes de datos.
El Ministerio Público ejecutó 23 allanamientos en setiembre de 2024 y, casi año y medio después, solo ha recuperado una parte del contenido. En conjunto, los equipos almacenaban aproximadamente 16 terabytes (TB), lo que representaba una tarea sin precedentes frente a la capacidad tecnológica disponible.
Debido al volumen de datos, los fiscales incautaron todos los aparatos localizados. Al generar los respaldos, enfrentaron falta de espacio y recursos técnicos para completar el proceso.
Solo para extraer y resguardar los 16 terabytes del caso Coopeservidores, la Fiscalía tardaría hasta 13 años. Bajo las condiciones actuales, conservar el 100% de la información resulta inviable, lo que confirma que el principal obstáculo en estos expedientes es la insuficiencia tecnológica.