¿Incluir o no a los actuales funcionarios en el salario global? Diputados discuten el tema
(CRHoy.com) La inauguración del nuevo edificio legislativo, la tercera semana de octubre, se dará en medio de una discusión que divide a los diputados y que generará en las primeras semanas de uso de las nuevas instalaciones un amplio y polémico debate: incluir o no a los actuales funcionarios públicos dentro del salario global, esto en el marco de las discusiones del proyecto de Empleo Público.
El último día en las antiguas instalaciones los diputados de la comisión de Gobierno y Administración encendieron el tema, el cual se trasladará y será motivo de confrontación en los nuevos salones de comisiones del nuevo edificio a partir del 19 de octubre.
En el proyecto 21.336, propuesto por la Casa Presidencial, se dice que el salario global es un salario "competitivo por sí solo" y no incluye ningún tipo de plus salarial -que hoy inflan los salarios de los actuales burócratas-. Actualmente el gobierno paga por mes ¢2,6 billones en salarios, de los cuales ¢1,1 billones es por concepto de pluses o incentivos.
Pero en esa propuesta presentada por el gobierno de Alvarado no se incluye a los funcionarios actuales dentro del salario global, sin embargo el martes diputados de las fracciones de Acción Ciudadana (PAC), la Unidad Social Cristiana (PUSC) e independientes propusieron que se incluyera también a los actuales funcionarios.
Este planteamiento fue hecho el último día habilitado en la comisión legislativa para presentar enmiendas al texto. Una moción la propuso Pablo Heriberto Abarca del PUSC, y sumó una de Jonathan Prendas de Nueva República y el independiente Dragos Dolanescu. La tercera fue del diputado oficialista y exministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, quien además preside esa comisión legislativa.
¿Qué proponen los diputados?
El proyecto del gobierno plantea el establecimiento de un régimen general de empleo público, conformado por "ocho familias de puestos". Cada una de estas familias tendrá un único salario.
En esas mociones presentadas por los diputados Abarca, Prendas, Dolanescu y Morales se propone que los actuales funcionarios públicos puedan migrar hacia el salario global en un plazo de seis meses, una vez que entre en vigencia la ley.
Quienes no lo hagan seguirían recibiendo su salario actual, pero una vez que alcance el salario global de la categoría de su puesto inmediatamente pasará al salario global. A partir de ahí solo tendrían derecho a los aumentos semestrales por costo de vida, pero no se les reconocerían más los pluses.
¿Qué viene ahora?
El diputado Víctor Morales explicó que en las próximas semanas los diputados realizarán valoraciones del impacto económico de ambas propuestas, así como análisis jurídicos.
Cuando los diputados se reincorporen a sus labores discutirán y votarán esas mociones a lo interno de la comisión y posteriormente deberán rendir sus dictámenes al Plenario. En caso que estas propuestas sean rechazadas en la comisión, posteriormente los legisladores que las impulsan las podrían volver a presentar como mociones de reiteración y revisión en su discusión en el Plenario.
El plan mantiene los estímulos no salariales solo para el buen desempeño, la creación de una plataforma en línea para publicar los concursos en el sector público y dar cuentas del avance del reclutamiento.
También se establece que una vez que un funcionario acumule 2 calificaciones malas por bajo desempeño, el Estado podrá despedirlo.
El texto aumenta 2 meses la licencia de maternidad en casos específicos y se crea el permiso por paternidad. Además se establece un tope de 20 días a las vacaciones para los nuevos burócratas.
Proyecto muy criticado
Otro de los aspectos que toca el proyecto es el traslado de la Dirección de Servicio Civil al Ministerio de Planificación, algo que no ha sido del agrado de sectores sindicales, profesionales y de la Cancillería, quienes critican que se centralice el tema del empleo público en esa institución y porque creen que por ejemplo el gremio de los médicos y diplomáticos tienen particularidades que solo pueden ser evaluadas por especialistas en esos campos en las unidades de Recursos Humanos.
Otras de la críticas ha venido de la Contraloría General de la República, que reclama que la ley debe de aplicarse también para instituciones que están en un mercado de competencia, como el Instituto Nacional de Seguros y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).