Incofer lanza salvavidas al tren eléctrico: reajusta proyecto a “condiciones actuales”

(CRHoy.com). El plan para impulsar el Tren Rápido de Pasajeros (TRP), conocido también como Tren Eléctrico Metropolitano (TEM), sigue vivo.

Sin embargo, la idea inicial parece no salir ilesa de las repercusiones económicas y sociales derivadas de la pandemia por el coronavirus COVID-19 y la delicada situación fiscal que atraviesa el país.

La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) confirmó a CRHoy.com que en los meses recientes se han dedicado a "estructurar" la iniciativa para que se apegue a las "condiciones actuales" que enfrenta Costa Rica.

El TRP, impulsado por la entidad y el Poder Ejecutivo, sería desarrollado bajo la modalidad de concesión de obra pública por un plazo de 30 años. Según la propuesta promovida durante 2020, con base en los estudios de factibilidad elaborados por la firma española IDOM, la inversión estimada rondaría los $1.550 millones.

El Estado aportaría $550 millones a través del préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El monto restante sería asumido por el concesionario que resulte adjudicado en un proceso de licitación pública internacional.

A su vez, las arcas estatales brindarían un subsidio anual de entre $50 millones y $150 millones a la operación del servicio (el monto inicial sería sobre los $95 millones). El origen de esos recurso no está claro. Sería una tarea que deberá definir el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Ministerio de Hacienda.

Por mientras, el crédito con el banco regional está en ascuas en la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa. Hasta que no esté aprobado, el cronograma del TRP no tendrá certeza.

La UEP explicó que los insumos aportados por el estudio de factibilidad muestran que el proyecto es viable, pero es la Administración Concedente (Incofer, en este caso) la encargada de establecer los términos definitivos.

"Precisamente en este contexto de las definiciones y ajustes finales a la estructura del proyecto y en la coyuntura actual mundial provocada por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, el cual ha tenido consecuencias a nivel no solo sanitario sino también económico para los distintos países, es que el Incofer, desde la UEP, ha venido trabajando durante estos últimos meses en la estructuración del proyecto bajo las condiciones actuales.

"Lo anterior, tomando en cuenta los insumos propios que se han derivado del debate legislativo, a las opiniones constructivas y las que tenían un objetivo diferente al de la concreción del proyecto planteadas por distintos actores sociales y las cooperaciones de apoyo técnico recibida por parte de organismos multilaterales, así como a las observaciones que puedan realizar oportunamente potenciales oferentes y sus equipos de asesoría en el proceso formal y reglado de sesiones precartelarias, sin perjuicio de otros actores relevantes", señaló la UEP a CRHoy.com.

Pese a ello, el instituto no adelantó si la "estructuración bajo las condiciones actuales" involucra ajustes en el tipo de proyecto, la inversión total estimada o el monto del subsidio que deberá aportar el Estado.

De momento, la propuesta final se mantiene en construcción a la espera de sumar más insumos en los próximos meses.

Muchas dudas

En junio, cuando inició la discusión de la aprobación del crédito en el seno de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, saltaron voces que cuestionaron la propuesta planteada por el Poder Ejecutivo.

Por ejemplo, Miguel Carabaguíaz y Clinton Cruickshank, expresidentes ejecutivos de Incofer, indicaron que se podría modernizar el sistema férreo a través de una propuesta más austera y más funcional de acuerdo con las características actuales de la Gran Área Metropolitana (GAM). Incluso, meses atrás, ambos coincidieron en que se debe tomar en cuenta la realidad fiscal y económica del país para definir el tipo de proyecto que se requiere.

Además, la metodología con que se calculó el Análisis Costo Beneficio (ACB) del TRP, según el estudio de factibilidad elaborado IDOM,  fue ampliamente cuestionada por Luis Enrique Loría Rebolledo, doctor en economía e investigador de la Universidad de Aberdeen en Escocia, quien señaló inquietudes porque la consultora -según su óptica- no tomó en cuenta la confluencia de los distintos tipos de transporte.

Loría mencionó falencias en el cálculo de la cantidad de horas de viaje que se ahorrarían los usuarios con el uso del tren. Como aspecto clave en este punto, dijo que no se tomaron en cuenta las proyecciones para otros modos de transporte (como buses o automóviles particulares).

El investigador sospechaba que los autores del estudio hicieron una simplificación: asumieron que las personas que usan un medio de transporte solo usan ese medio de transporte. Por ejemplo, que si usted va de su casa al trabajo en carro, solo usa el carro (ni bus ni tren).

Aunado a estas voces, la Contraloría General de la República (CGR) publicó un informe en el que urgió aclarar una serie de aspectos antes de continuar con el impulso de la propuesta: la necesidad de contemplar la situación fiscal del país al momento de aprobar el empréstito, claridad en el monto y el origen de los recursos que se destinarán al aporte estatal y la necesidad de incluir los impactos por el COVID-19 en el planteamiento del proyecto.

¿Qué se realiza?

Mientras se aclaran las dudas sobre el crédito ofrecido por el BCIE, el Incofer explicó que continúan preparando los documentos requeridos eventualmente para un cartel de licitación pública internacional.

"Es claro que los insumos que derivan de los entregables de los estudios de factibilidad constituyen la opinión y sugerencia calificada del consultor, pero no relevan a la Administración Concedente (Incofer) de su deber de definir, a partir de esos elementos sugeridos y de los otros que puedan ser considerados por resultar pertinente, los términos definitivos de la estructura del proyecto y de su expresión en el cartel y en el contrato sometidos a licitación, este proceso es propio de un proyecto de concesión de obra pública, así como sus etapas subsecuentes", añadió el instituto.

Ante las dudas planteadas, a inicios de setiembre pasado el Incofer se acercó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para solicitar una cooperación técnica que se encargara de revisar el TRP. Según la explicación, uno de los objetivos de ese acuerdo sería analizar la robustez de la demanda planteada y el impacto fiscal que el TRP provocaría en las debilitadas finanzas estatales del país.

La UEP aseguró que con ese organismo multilateral se celebran sesiones de trabajo periódicamente y se espera que en las próximas semanas se tenga listo un documento final con recomendaciones, el cual será un eje clave de los ajustes y las definiciones para el plan.

Sobre la propuesta

La inversión estimada es de $1.550 millones. El Estado aportaría $550 millones con el préstamo del BCIE y el restante sería asumido por el concesionario que resulte adjudicado. No obstante, las arcas estatales brindarán un aporte anual de entre $50 millones y $150 millones a la operación del servicio (el monto inicial sería sobre los $95 millones).

Hasta la fecha, ni el gobierno ni el instituto han dicho de dónde saldrán los recursos frescos para financiar ese subsidio.

El trazado del tren eléctrico, que se daría en concesión a una empresa privada, se extendería por 84 kilómetros con 5 líneas sobre el derecho de vía actual de Incofer: Paraíso-Atlántico, Atlántico-Alajuela, Atlántico-Ciruelas, Alajuela-Ciruelas y Ciruelas-El Coyol.

Las estimaciones iniciales apuntan a que el servicio tendría una tarifa de 600 colones. La demanda estimada en el modelo es de 22.574 pasajeros en hora pico (en el año de inicio de operación), lo cual representaría aproximadamente 200 mil pasajeros diarios y 50 millones de pasajeros al año.