Incopesca: la institución que nació con un conflicto de intereses
Por ley los sectores de pesca están sentados en la junta directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
[samba-videos id='01f621a6b2e9a386c1fde33679030058′ lead='false']
Es el zorro cuidando a las gallinas. Es contradictorio que una institución que tiene la función de proteger el recurso pesquero para proteger su sobreexplotación, que las decisiones las tomen los que quieren explotar los recursos.
Así de claro lo tiene el diputado José María Villalta, quien ha indagado en el funcionamiento del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y recientemente ganó una demanda contra la entidad, por el deficiente manejo del recurso atún. El órgano encargado de velar por el "aprovechamiento racional de los recursos pesqueros" nació con un grave defecto.
En la junta directiva del Incopesca se sientan 5 representantes privados del sector pesquero y 4 del Estado. Jorge Jiménez, director de Fundación MarViva, aseguró que es inaudito que las mismas personas dueñas de licencias, determinen si se dan o no más licencias.
Si bien el Estado costarricense tiene ejemplos de instituciones con juntas, en los cuales hay representación de privados (Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto del Café), en el Incopesca hay una diferencia: velan por un recurso público del cual todo somos dueños. Por eso Jiménez tiene clara que la parte interesada no debería tomar las decisiones.
"El interés público debería estar por encima de cualquier interés privado. (…) No hay en este país probablemente una institución que tenga un más claro conflicto de intereses que Incopesca. No solamente la representación es mayoritariamente de las personas que explotan el recurso, es que en el funcionar diario de la junta directiva no solamente son mayoría, sino son casi los únicos que llegan", explicó el Director de MarViva.
"Los sectores pesqueros que supuestamente tienen que ser regulados por Incopesca controlan la junta directiva", agregó Villalta.
[accordionset][accordionx heading='Formación de Junta de Incopesca (haga clic)‘]
- Presidente de Incopesca
- Ministro de Agricultura y Ganadería o su representante
- Ministro de Ciencia y Tecnología o su representante
- Representante del Estado nombrado por el Consejo de Gobierno
- 3 miembros del sector pesquero, representantes de las organizaciones de pescadores o acuacultores de las provincias costeras del país
- Representante del sector industrial o del exportador de productos pesqueros
- Representante de la Comisión Nacional Consultiva de Pesca y Acuicultura
[/accordionx][/accordionset]
Juntas nombradas a dedo
En el pasado Incopesca buscó favorecer al sector de pesca de arrastre, emitiendo nuevas licencias en contra de un fallo judicial. (Imagen de Incopesca)
El presidente de Incopesca de la pasada administración, Gustavo Meneses, admitió que existe un conflicto de intereses. Pero para eliminarlo se necesita una reforma legal, que no fue su prioridad. Por eso defendió que actuaron "responsablemente con respecto a los conflictos de intereses".
Marvin Mora, director de Organizaciones Pesqueras y Acuícolas y con 32 años en el Instituto, aseguró que las anteriores juntas siempre se nombraron "dedocráticamente" por razones políticas. Por eso destacó que se cambió esa modalidad, para elegir los directivos según la ley, la cual estipula que las organizaciones pesqueras pueden mandar ternas de candidatos.
Meneses incluso mencionó que cuando llegó al poder, la representante del Micitt era una "activista" del sector pesquero. "Establecimos una junta según la ley dispone. Ese fue el esfuerzo que realizamos", dijo.
[accordionset][accordionx heading='Actuales directivos de Incopesca (haga clic)‘]Esta es la junta para el periodo 2018-22
- Presidente Moisés Mug
- Del Consejo de Gobierno: Carmen Castro
- Del MAG: Bernardo Jaén
- Del Micitt: Diana Montero Katchan
- Representante de pescadores de Puntarenas: Deiler José Ledezma Rojas
- Representante de pescadores de Limón: José Manuel Ugalde Jiménez
- Representante de pescadores de Guanacaste: Jesús Méndez Gutiérrez
- Representante del sector exportador: Ana Victoria Paniagua Prado
- Representante Comisión Nacional Consultiva de Pesca: Leslie Quirós
[/accordionx][/accordionset]
Incopesca desoyó a la Procuraduría
En el pasado reciente se dieron actos que muestran un evidente choque entre la decisión que recomendó la técnica o instituciones como la Procuraduría General de la República y la que finalmente salió desde la junta directiva de Incopesca, en forma de acuerdos.
El Instituto desoyó un criterio de la Procuraduría para renovar licencias vencidas, aunque la ley señala lo contrario. Igualmente la junta fue en contra de una sentencia de la Sala Constitucional, para dar nuevas licencias de pesca de arrastre. La Sala volvió a condenar al ente por ese criterio.
En otro caso de conflicto de intereses, durante diversos periodos en el pasado, el representante del sector industrial en la junta directiva fue Asrúbal Vásquez, quien trabajaba en Sardimar (hoy Alimentos Prosalud S.A.). Además fue nombrado como el representante del Estado tico en la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), un organismo que busca generar datos y medidas para la conservación y desarrollo sostenible del atún en la zona.
Pero también al mismo tiempo era representante legal de empresas pesqueras internacionales, para aparecer como propietario de embarcaciones atuneras y gestionar ante el gobierno tico la concesión para el uso de la capacidad de captura de atún.
Fue uno de los hechos analizados en la demanda interpuesta por José María Villalta contra el Incopesca en el Tribunal Contencioso Administrativo seguido en el expediente 15-8616-1027.
Villalta cuestionó que participara en decisiones sobre la cuota de la CIAT, del recurso que tiene Costa Rica para pescar atún en aguas internacionales; al tiempo que sus empresas eran los principales intermediarios que tramitaban licencias para asignar la cuota a barcos extranjeros.
"Era el negocio redondo. Hay un conflicto de intereses evidente, que si fuera otra situación, que si fuera otro tipo de contrato del Estado, la Procuraduría y las autoridades no dudarían en llevar el caso el Ministerio Público", enfatizó el diputado.
Vea el detalle de cada caso en esta tabla:
[tabset tabs='Licencias vencidas,Atún,Arrastre,Empresario y representante'][tabx heading='Licencias vencidas' active='1′]El recurso pesquero está sobreexplotado, por lo que las licencias se deben limitar. El Incopesca recurrió a mecanismos para renovar licencias vencidas de forma extemporánea.
En el pasado la Presidencia de la entidad emitió la directriz PEP 093-01-2012 para renovar licencias vencidas. A lo interno la Auditoría realizó una investigación y consultó a la Procuraduría si era válido. Esta, en el dictamen C-064-2014 de marzo del 2014, señaló que "conforme la Ley de Pesca y Acuicultura, no es procedente renovar o prorrogar licencias cuyo plazo de vigencia se haya vencido".
Incluso en el 2014 se renovaron licencias al empresario taiwanés, nacionalizado costarricense, Hung Chuan Wanf Shig, (conocido como Fabio Wang) que tenían hasta 9 años de vencida, según informó en su momento el Diario Extra. Al investigar el acto, los abogados de Incopesca señalaron que "el acto administrativo de renovación de las licencias de pesca al no cumplir con los requerimientos se transmuta en acto administrativo objeto de nulidad absoluta". El expresidente Luis Dobles defendió a ultranza la decisión.
A pesar del criterio de la Procuraduría y de su propio departamento legal, la junta en el 2015 discutió la prohibición para poder regular la aprobación de licencias vencidas basado en "sustento socio-económicos". Posteriormente en marzo del 2016 la junta aprobó el acuerdo AJDIP-123-2016 y constituyó una comisión para rehabilitar licencias vencidas.
Así el Incopesca ignoró a la Procuraduría que advirtió que "vencido el plazo y extinto el permiso o autorización, no es válido otorgar prórrogas, aún y cuando no se haya emitido la resolución administrativa declarando esa caducidad". Luego llegaron las solicitudes y en el acuerdo AJDIP-299-2016 se renovaron las licencias vencidas.
Gustavo Meneses defendió que se renovaron, pensando en que muchos pescadores la perdieron porque no podían pagar un detalle, como el seguro ante la Caja, pero que no se ponía mayor presión al mar.
[samba-videos id='f7d88f756e6c3aa09d36e3d57fa35990′ lead='false']
[/tabx]
[tabx heading='Atún' active='0′]En octubre del 2015, los ministerios de Ambiente y Agricultura publicaron el decreto 38681-MAG-MINAE para ordenar el aprovechamiento del atún y la pesca en la Zona Económica Exclusiva, el cual prohíbe la pesca de atún en ciertas zonas. Además obliga al Incopesca y a la industria atunera nacional y del sector palangrero, generar un protocolo para determinar el desabasto de materia prima de origen nacional y que el producto será recibido por la industria atunera nacional, antes de poder entregar nuevas licencias.
El sector atunero se quejó y en el acuerdo AJDIP-134-2015 el Incopesca declaró "inaplicables" ciertas partes del decreto, es decir lo ignoró y decidió otorgar más licencias siguiendo el anterior mecanismo. Meneses aseguró que el decreto no prohibía dar licencias de atún, sino que se desarrolló el insumo técnico posteriormente.
[samba-videos id='e469d9d07e1334e617119f4f20606829′ lead='false']
[/tabx]
[tabx heading='Arrastre' active='0′]El caso de la pesca de arrastre es uno de los más evidentes favorecimientos de un sector. En el 2013 la Sala Constitucional emitió el voto 10540, que prohibió al Incopesca emitir nuevas licencias de arrastre, hasta que se diera una reforma basada en estudios técnicos y científicos.
El año pasado, la junta del Instituto aprobó el acuerdo ADJIP-474-2017 y la emisión de hasta 30 nuevas licencias de arrastre, llamándola "aprovechamiento sostenible" pero sin mostrar estudios y sin reforma de ley.
En marzo del 2018 la Sala Constitucional volvió a fallar en contra del Incopesca y anuló el acuerdo y la intención de revivir el arrastre.[/tabx]
[tabx heading='Empresario y representante' active='0′]En distintos periodos (1994, 2006, 2010) el representante del sector industrial o exportador sentado en la junta directiva fue Asrúbal Vásquez, quien al mismo tiempo trabajaba en la industria atunera y era gerente de Sardimar (posteriormente convertida en Alimentos Prosalud S.A.). También era representante de empresas extranjeras que pescaban atún en aguas ticas.
Cuando el gobierno lo nombró en la CIAT, el diputado del Frente Amplio, José Ramírez, preguntó a la Procuraduría si era legal. El abogado del Estado señalo que no había prohibición. Pero agregó que si el comisionado elegido por las autoridades era a la vez "apoderado de una embarcación que se beneficie de una cuota de pesca de atún, estaría en el deber de abstenerse de participar en las decisiones" que la CIAT tome en materia de determinación de capacidad de pesca y nivel máximo o cualquier detalle que afecte a esas empresas.
El hoy diputado José María Villalta criticó esta situación y aseguró que la presencia del sector atunero privado en la junta colaboró para que el Incopesca nunca tuviera procesos más transparentes ni mejorara la deficiente regulación y protección del recurso atún.[/tabx][/tabset]
Este reportaje es parte de un especial de CRHoy.com llamado El mar se agota, el cual une en un solo sitio notas, datos, videos e infográficos sobre el deficiente manejo recurso pesquero de Costa Rica. Navéguelo y entienda porqué nuestra forma de pescar es insostenible.
