Inexistencia de registro nacional de causas penales pondría en jaque regular permisos de armas
Falta de una base de datos nacional del Ministerio Público impide verificar si una persona enfrenta causas penales en distintas fiscalías del país
La inexistencia de una base de datos nacional del Ministerio Público, en la cual se registren todas las investigaciones y expedientes penales que se siguen contra una misma persona en las diferentes fiscalías del país, impediría que el Departamento de Control de Armas y Explosivos cuente con la información necesaria para prohibir la portación de armas de fuego a quienes tengan asuntos pendientes con la justicia.
Un proyecto de ley (24.165), que se tramita en la Asamblea Legislativa, pretende reformar las restricciones y requisitos que regulan los permisos de portación emitidos por el Ministerio de Seguridad Pública.
Entre los cambios introducidos está la prohibición de que las personas con causas penales abiertas puedan tramitar o recibir una autorización para portar armas de fuego legalmente, así como la revocación de dichos permisos en caso de contar con una licencia vigente.
Sin embargo, para que esto sea posible, Armas y Explosivos necesitaría contar con información proporcionada por el Ministerio Público o la Fiscalía, el órgano acusador encargado de investigar y tramitar los expedientes penales en el país, a fin de aplicar las nuevas reglas y limitantes.
No obstante, el Ministerio Público no dispone de una base de datos que recopile, a nivel nacional, todas las investigaciones abiertas. Por el contrario, cada fiscalía cuenta con su propio sistema.
Así, por ejemplo, el hecho de que una persona no esté imputada en un caso en San José no significa que no tenga un expediente en otro despacho, como la Fiscalía de Puntarenas o Heredia. La inexistencia de un sistema unificado genera dificultades prácticas en el funcionamiento del sistema judicial.
Las autoridades han justificado la carencia de esta base de datos señalando que ponerla en funcionamiento tendría un elevado costo económico y que nunca se ha destinado el presupuesto necesario.
Esta mañana en Corte Plena, la magistrada Patricia Vargas rindió un informe sobre este proyecto de ley y sus implicaciones en el seno del Poder Judicial.
En él explicó que la iniciativa tiene sentido en la medida en que Armas y Explosivos reciba información de la Fiscalía, y actualmente carece de un sistema informático capaz de suministrar datos completos a nivel nacional para cumplir con ese objetivo.
Por ende, el expediente legislativo incide en el funcionamiento del Poder Judicial y requerirá la aprobación de 38 diputados.
"El proyecto afectaría en el funcionamiento (del Poder Judicial) en la medida que no tenemos presupuesto ni se contempla en el proyecto, para la creación del instrumento que permita dar los insumos para que el aparato administrativo pueda analizar lo que corresponda en materia de permisos, otorgarlos y revocarlos.
La información que se pide sí es resorte de este Poder, porque nadie más puede saber si existen causas o una persona está siendo investigada por determinados delitos, incluso si ha sido indagada por esos delitos, que es otra de las afirmaciones que en el proyecto se menciona. Nada de esto existe en una base de datos de cobertura nacional", explicó Vargas González.
La magistrada también advirtió que el proyecto pretende prohibir el uso de armas a personas que cuenten con reseñas policiales, aun cuando no se haya determinado si son culpables o no de un delito.
