“Influencers” ayudan a Poder Judicial tras crisis del cementazo

(CRHoy.com).- María Torres, Renzo Rímolo, Hanna Gabriels, Mario Chacón y Jaime Gamboa forman parte de la campaña que lanzará el Poder Judicial, a lo interno de la institución, para concienciar sobre la entrada en vigencia al reglamento "Para la prevención, identificación y la gestión adecuada de los conflictos de interés en el Poder Judicial", que entrará en vigencia el 1 de marzo próximo.

Estas acciones son parte de las respuestas que ha tratado de dar el Poder Judicial luego de que la crisis que generó el #cementazo y que generaron serios cuestionamientos en toda la institución, especialmente en la propia Sala Tercera.

Fernando Cruz, presidente de la Corte, comentó que el tema de conflicto de intereses está vinculado a corrupción o abuso de poder y esa etiqueta sirve tanto "para un cosido como un cortado".

"A veces también las cosas que se aplican pueden ser injustas o pueden tener una valoración circunstancial pero tenemos aquí un gran reto y creo que lo asumimos bien y que está en el espíritu de los tiempos, de lo que pasamos hace dos años, eso parece que ya pasó y a mí me parece que no ha pasado. Creo que la presidencia en la que estoy es producto de esos tiempos, un poco borrascosos, que tenemos que preocuparnos que tenga un giro de timón importante para el Poder Judicial y un ejemplo para poder fortalecer nuestra misión, que no es reclamar ciertos reconocimientos importantes constitucionalmente sino asumir responsabilidades muy serias", dijo Cruz.

El 30 de octubre del 2017, los magistrados de Corte Plena aprobado por unanimidad la realización de un plan contra la corrupción ante la crisis que vivían en esos momentos por el escándalo del cementazo. La propuesta la hizo el magistrado Paul Rueda.

Según el objetivo del reglamento, lo que busca dotar al Poder Judicial de una normativa que oriente y regule la prevención, identificación y debida gestión de los conflictos de interés del personal del Poder Judicial, y contribuya al aseguramiento de la imparcialidad y la probidad en el ejercicio de sus funciones y en la satisfacción del interés público.

Uno de los artículos indica que es un deber de todo el personal de justicia denunciar "ante el nivel superior jerárquico o ante la autoridad competente, las situaciones de conflictos de interés que afecten a otras personas servidoras judiciales, de las que tengan conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio del cargo".