Infocoop se desliga de cooperativas que financiaron marcha contra fiscal

El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) se desligó de la decisión de agrupaciones cooperativistas de participar en la marcha contra Carlo Díaz, fiscal general del Ministerio Público, el pasado martes 18 de marzo.

En la actividad, promovida por Casa Presidencial y Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, participaron activamente organizaciones cooperativistas. Por ejemplo, la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y de Autogestión (Fecoopa) pagó un autobús para trasladar manifestantes desde la zona sur y también financió el transporte del gabinete de gobierno desde Casa Presidencial, en Zapote, hasta las inmediaciones de la Fiscalía General.

Freddy González Rojas, gerente general de Fecoopa y miembro reconocido del sector cooperativista, alegó que él fue quien impulsó la participación de esa entidad en el movimiento. Por ejemplo, cancelaron ₡847 mil por el servicio de autobús ofrecido a asistentes desde Puerto Jiménez, Puntarenas, y costearon más de 2.200 platos de arroz con pollo para regalar a quienes acudieran a la actividad.

El Infocoop alegó que "en lo referente a que supuestamente un organismo cooperativo llevó a cabo actividades que no tienen relación con el giro económico o con el objeto social, se señala que las cooperativas son personas jurídicas privadas que gozan de autonomía administrativa".

Pese a que la marcha contra el fiscal Díaz fue promovida abiertamente por Chaves y el gabinete, con una participación de los altos mandos del gobierno, el instituto consideró que el evento se trató de una "protesta ciudadana" convocada por ciudadanos y no de un evento "político-electoral".

"En dicho sentido, se considera que no se transgredió el principio de neutralidad política que rige para las cooperativas y demás organismos cooperativos (según la ley vigente)", puntualizó el instituto.

Sin embargo, ante la Fiscalía General se instaló un podio improvisado y se dio la palabra a Chaves y a Laura Fernández Delgado, exministra de la Presidencia, quienes brindaron mensajes con tintes políticos y electorales. En la marcha, una de las primeras personas en tomar la palabra para arengar a los asistentes fue González Rojas.

"Corresponderá al Comité de Vigilancia de la federación (Fecoopa, en este caso) pronunciarse al respecto. Desconocemos si otra cooperativa participó, debiendo aclararse, eso sí, que no hubo participación del Infocoop. Tal como ya se indicó, las cooperativas son organizaciones privadas, autónomas en su administración, que no deben informar al Infocoop sobre sus participaciones en actividades públicas ni privadas", citó la entidad a través de un correo electrónico.

Por último, el instituto enfatizó en que las organizaciones cooperativas son "autónomas, privadas e independientes", por lo que no le corresponde dar avales para el uso de sus presupuestos.

Rol clave

González reconoció que en el pasado fue afín al Partido Liberación Nacional (PLN) y dijo mantener una amistad estrecha con Óscar Arias Sánchez, expresidente de la República (1986-1990 y 2006-2010), pero señaló que abandonó la agrupación por diferencias con algunos líderes políticos.

En diciembre de 2024, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia anuló una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) y dejó en firme la inhabilitación girada por la Contraloría General de la República (CGR) contra González Rojas para ocupar cargos públicos por un período de 5 años.

Ese caso se remonta a 2018, cuando el ente contralor abrió un procedimiento administrativo contra González y otras personas en condición de funcionarios y miembros de la junta directiva del Infocoop.

La División Jurídica de la CGR alegó que González y otros miembros de la junta directiva "crearon y aprobaron una fórmula para calcular la Tasa de Equilibrio Institucional (TEI), con graves errores matemáticos en su diseño y que consideró valores de cero en los componentes de inflación y crecimiento". El instituto utilizó la TEI para el otorgamiento de créditos. También fue investigado por el Ministerio Público en el caso Infocoop, en el cual resultó sobreseído por falta de pruebas.

González alegó que decidieron respaldar la marcha debido a que el presidente Chaves "insinuó" que iba a participar. Ante esto, remitieron una "carta de invitación" al Ministerio de la Presidencia para que asistieran a la actividad.

"Nosotros les garantizamos la seguridad y les pusimos (al gabinete) un autobús para que fueran. Así de sencillo", enfatizó en una entrevista brindada en el programa Octavo Mandamiento, de canal OPA.

González Rojas ocupó la presidencia del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) entre julio de 2023 y diciembre de 2024.

No fue la primera ocasión en que hizo público su respaldo al gobierno de Chaves. En julio de 2024, el expresidente de Conacoop emitió su apoyo al proyecto de ley impulsado por el gobierno, conocido como "Ley Jaguar", que no tuvo éxito, para someter a referéndum una serie de cambios que reducirían la potestad fiscalizadora de la CGR.

Semanas después, la Fiscalía General desarrolló varios allanamientos y detenciones en torno al caso Barrenador, por el cual fue detenida la entonces presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel, así como varias personas que figuraban como directivos de la institución.

A este grupo de personas se le investiga por presuntamente aprobar la adjudicación de la administración de 138 Ebáis a las cooperativas Coopesiba, Coopesalud, Coopesana y Coopesaín, en apariencia, pagando un sobreprecio.

Luego de las detenciones, González, en nombre de Conacoop, defendió el trabajo de los imputados en ese caso y señaló al Ministerio Público de hacer "un grave daño a la Hacienda Pública", que le produciría a la CCSS pérdidas de más de 12 000 millones de colones en caso de que se anularan las contrataciones para administrar los Ebáis.

El Infocoop es una institución pública encargada del fomento y desarrollo del cooperativismo. Nació el 20 de febrero de 1973 con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa y funcional.