Informe cuestiona a gerente del Invu por ocultamiento de información y coacción a subalternos

Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:

• Un informe presentado ante la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) señala que el gerente general, Marco Hidalgo, habría obstaculizado la entrega de información y limitado entrevistas durante una investigación interna.
• El exasesor Mauricio Montero denunció en un informe un ambiente de intimidación, presuntas irregularidades en contrataciones, manejo financiero y control interno, además de posibles incumplimientos de acuerdos y pérdidas millonarias.
• Tras la renuncia de la presidenta ejecutiva Ángela Mata, el gerente rescindió un convenio con el Centro Nacional de la Música, decisión que, según un informe de labores, buscó frenar el análisis y podría acarrear responsabilidades administrativas y penales.

El gerente general del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Invu) Marco Hidalgo al parecer obstaculizó la realización de un informe sobre presuntas anomalías en la entidad. Además, habría coaccionado a funcionarios para que no brindaran información.

Así se consigna en dicho informe, elaborado por el funcionario Mauricio Montero Montanari, quien fungió por 5 meses como asesor de la presidencia del Invu, con el fin de analizar una serie de denuncias presentadas. Uno de los hallazgos del análisis es que el Invu le ha pagado a a una empresa más de 1.600 millones, por funciones que las podía hacer el departamento de tecnologías sin costos adicionales. Por lo tanto, dicho pago se consideró "innecesario".

Montero, cuya plaza es del Ministerio de Cultura pero estaba a préstamo en el departamento legal del Invu, confirmó que enfrentó restricciones para realizar entrevistas y recopilar evidencia. Además, la posterior rescisión del acuerdo que permitió su nombramiento le impidió concluir otras etapas del estudio.

Pese a ello, con la información recabada concluyó que el INVU requería una intervención inmediata ante el alto riesgo financiero, operativo e institucional.

"(…) se considera que la insistencia del gerente general, Marco Hidalgo, en limitar el acceso a información contable y financiera, sumada a incumplimientos reiterados de acuerdos de Junta Directiva durante más de ocho años y pérdidas superiores a ₡400 millones, justifican su separación inmediata.

Se advierte también la posible responsabilidad solidaria de la expresidenta ejecutiva, Ángela Mata, y de miembros de la Junta Directiva por omisión ante los riesgos señalados", suscribe Montero.

Ambiente de intimidación

Como parte del informe, Montero entrevistó a funcionarios de varios departamentos. Algunos manifestaron preocupación por la gestión institucional y el trato recibido.

"Los funcionarios expresaron gran preocupación acerca varios aspectos del quehacer institucional, indicando que existía un ambiente de intimidación por parte de las jefaturas, así como desorden en el registro y control de operaciones, una frecuente política de traslado de funcionarios a áreas en las cuales no fueron contratados, se pudo detectar un ambiente de desconfianza e intimidación", señala.

También cuestionaron la transparencia y la ética en la gestión operativa, en especial en la emisión de estados financieros, la seguridad de los sistemas informáticos, la falta de personal, la ausencia de control interno y la asignación de plazas sin cumplir requisitos.

Ante denuncias sobre contrataciones, el exasesor solicitó el 4 de junio de 2025 al gerente Hidalgo información sobre el proceso para definir esas plazas.

Algunos entrevistados indicaron que una funcionaria del Área de Comunicación gestionaba las contrataciones. Según el informe, ella admitió que desarrollaba lo relacionado con compras de mobiliario, equipo y otros bienes.

Cuestionamientos del gerente

Frente a las críticas, el gerente reprochó por correo electrónico la labor de Montero y le indicó que debía canalizar cualquier solicitud por medio de la entonces presidenta ejecutiva, Ángela Mata.

"Le recuerdo que la figura de "jefe de despacho" no existe en el INVU, así que, si usted está revisando atención de acuerdos en apoyo a la PE (presidencia ejecutiva), en la mejor disposición. Por otra parte, si está en un proceso de investigación o evaluación de los procedimientos administrativos, le agradecería le indicara a doña Ángela que por favor me haga llegar una nota, para entender desde la Gerencia, el alcance del apoyo que usted está brindándole a ella y facilitarle toda la información al respecto, pues comprenderá que todo esto implica tiempo, que es el recurso más valioso, pero también el más escaso y ya se habrá percatado de todos los temas que atendemos y la cantidad de personas que tenemos", contestó.

El 24 de junio de 2025, desde la Presidencia Ejecutiva notificaron a la funcionaria Shirley Chavarría Valverde sobre una reunión para analizar el origen y la aplicación de las cuentas intermodulares en el balance general. También convocaron al gerente para acompañar al personal financiero; sin embargo, volvió a solicitar que redireccionaran la gestión.

"Se trabaja en las notas contables y con los procesos de auditoría en curso, por lo que siendo un tema absolutamente administrativo, le solicito muy respetuosamente al señor Montero, que plantee sus consultas por escrito, pues nuevamente tenemos que maximizar el tiempo para atender las labores ordinarias y no logro identificar cómo esta reunión va a beneficiar la labor ordinaria.

Adicionalmente le recuerdo que hay una estructura organizacional y la señora Chavarría tiene un jefe directo, que al que debe dirigir dichas consultas", contestó.

Según Montero, el gerente prohibió a Chavarría asistir a la reunión, lo que interpretó como una interferencia en la labor de la Presidencia y una coacción al personal para evitar declaraciones sobre asuntos vinculados con su cargo.

El informe agrega que, pese a justificar la necesidad de entrevistas con funcionarias, el gerente obstaculizó el proceso, lo que el documento califica como "una obstrucción al acceso de información pública".

Coacción del gerente

En el intercambio de correos, el gerente cuestionó el rol del asesor y afirmó que su trabajo representaba una intromisión en la gestión administrativa. También le recordó que no ocupaba un puesto de jefatura ni era funcionario activo del INVU.

Además, sostuvo que su labor debía centrarse en la Presidencia Ejecutiva y no en temas financieros, pues —según indicó— las reuniones convocadas restaban tiempo al personal.

"(…) lo que usted realiza "en representación de la Presidencia Ejecutiva" es clara coadministración que, además de quitar tiempo valioso, genera un pésimo ambiente, pues lo que se rumora es que usted viene a cerrar el INVU. Si usted desea saber algo de las cuentas Inter modulares o cualquier otro tema operativo, le agradezco lo plantee justificado por escrito a la respectiva jefatura con copia a Gerencia", respondió Hidalgo.

Añadió que giró instrucciones para que cualquier requerimiento de información del asesor fuera realizado por escrito de forma justificada a la jefatura respectiva y con copia a la gerencia.

"(…) revela el nivel de coacción del gerente para con su personal al impedirle tramitar información requerida por la Presidencia Ejecutiva, si previamente no se informa a la Gerencia General. Tal requerimiento limita, restringe y condiciona la entrega de información pública realizada al personal por su superior y máximo jerarca institucional, la presidenta ejecutiva", dice el informe.

A criterio de Montero, el gerente irrespetó a la autoridad superior y ello configuraría una pérdida de confianza, pues "deliberadamente acude a la difamación contra su superior jerárquica, al intentar degradar su autoridad frente a terceros".

Rescisión de convenio

La disputa interna continuó entre el 23 y 25 de junio de 2025. En ese periodo, se acusa al gerente de condicionar la entrega de información y de admitir que ciertos datos sensibles no se remiten ni a la Contraloría General de la República ni de forma íntegra a la Junta Directiva.

El documento también indica que, tras la renuncia de Ángela Mata el 30 de julio, el gerente rescindió de manera unilateral un convenio con el Centro Nacional de la Música a partir del 7 de agosto de 2025. Según la denuncia, la decisión buscaba frenar el análisis en curso y podría constituir un uso indebido de potestades.

"(…) el señor Marco Hidalgo, haciendo un uso abusivo de su cargo y sin tener potestades para hacerlo, comunica al Centro nacional de la música que rescinde unilateralmente el convenio suscrito a partir del pasado 07 de Agosto de 2025, con lo que intenta impedir que mi persona continúe realizando el análisis solicitado, generando con ello una impunidad casi descargada a sus acciones e intentos de ocultar información que sin duda podría derivar en su destitución por falta al deber de diligencia, pérdida de confianza y eventualmente por el eventual uso y abuso de fondos públicos, amén de cargos criminales por Prevaricato y tráfico de influencias".

A estos hechos se suman cuestionamientos sobre un supuesto movimiento irregular de plazas, presuntas inconsistencias en la gestión del sistema financiero Abanks y la falta de respuesta a solicitudes relacionadas con contrataciones administrativas. El denunciante afirma que cuenta con evidencia y advierte que el caso podría derivar en responsabilidades administrativas y penales para el gerente.

Se enviaron varias consultas al INVU sobre los cuestionamientos contenidos en el informe, pero se está a la espera de la una respuesta. La Oficina de Prensa confirmó que están tramitando nuestra solicitud.