Informe halló “roces” con la legalidad en plan del gobierno para usar utilidades de empresas

(CRHoy.com) Un informe técnico encontró nuevas piedras en el camino al proyecto mediante el cual el gobierno pretende utilizar parte de las utilidades de las empresas públicas estatales para ayudar a mejorar las finanzas públicas.

El proyecto forma parte del plan que el Ejecutivo planteó como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A través de él busca cobrarle hasta un 30% de las utilidades a 14 instituciones estatales por un periodo de cuatro años. El monto de los aportes de cada entidad los debe determinar el gobierno a través del Ministerio de Hacienda cada año.

Este es precisamente el inconveniente que encontró el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, pues al otorgar esa prorrogativa  al Ejecutivo, se podrían estar generando roces con el "principio de legalidad.

El informe señala que:

(…) dejar abierta la posibilidad de que sea el Poder Ejecutivo el que determine mediante decreto el porcentaje del aporte solidario, roza con el principio de legalidad y además podría generar incertidumbre e inseguridad jurídica en dichas instituciones, puesto que los criterios mencionados en la exposición de motivos no son una herramienta que les permita a las empresas públicas determinar o calcular su aporte, el cual como se indicó es de hasta un 30 % de sus utilidades disponibles.

En esa exposición de motivos se afirma que el Ejecutivo podrá asignar porcentajes de aporte diferentes, en función de varios factores.

Se analizarían entre ellos "disposiciones de normativa prudencial, necesidades de capitalización y prioridades del plan nacional de desarrollo".

Además se establece que el monto total a recaudar sería un máximo del 0,20% del PIB. Eso sería el equivalente a unos ₡75 mil millones con el PIB estimado para este 2021 y el gobierno a través de Hacienda sería el encargado de decidir cuánto le corresponde aportar a cada entidad.

De acuerdo con el informe, esto no implica que existan criterios técnicos para definir los montos, los cuales, en todo caso, deberían quedar establecidos por ley y no a criterio de lo que decida el gobierno:

Obsérvese, que es necesario que dentro de la Ley queden establecidos los criterios técnicos que serán utilizados para determinar el monto de la contribución para cada una de las empresas que van a estar sujetas a el aporte solidario.

Según el plan establecido por el Ejecutivo los aportes que se otorgarían a través de esta ley se complementarían con algunos otros que ya se han venido solicitando también a algunas instituciones autónomas, como por ejemplo el Instituto Nacional de Seguros (INS).

La advertencia del Departamento de Servicios Técnicos viene a representar una piedra más en el camino de esta propuesta, que desde el momento en que se ideó ha venido acumulando oposición de distintos sectores, en especial de las propias instituciones estatales.

A finales de enero CRHoy elaboró un análisis sobre los resultados financieros de cada una de las instituciones propuestas en el proyecto. Se tomaron en cuenta los tres años previos a la pandemia para determinar la salud financiera de cada una de ellas en condiciones económicas "normales".

De las 13 entidades (el proyecto contempla 14) de las que se logró obtener información, siete habían terminado con pérdidas o sin utilidades durante por lo menos un año.

Esos problemas financieros se han venido agudizando en algunas instituciones, como por ejemplo Japdeva.

"Es una propuesta que en términos generales va dirigida a todas las empresas públicas pero el proyecto de ley ya contempla que sea vía decreto que se determine los distintos porcentajes para cada una dependiendo sus condiciones. El caso de Japdeva es muy particular por las condiciones que enfrenta y son de todos conocidos, así que, correspondería analizar por esa vía la posibilidad real de aporte", respondió a CRHoy Andrea Centeno. presidenta ejecutiva de la entidad.

Así, una a una, varias de las instituciones han mostrado dudas o su oposición abierta a la propuesta.

El informe también señala la necesidad de considerar que algunas de estas empresas, aparte del impuesto sobre la renta, tienen otras obligaciones como aportes al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social, a la Comisión Nacional de Préstamos para Educación, al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo y a la Comisión Nacional de Emergencias.

"Sumado al aporte de este proyecto de ley, podría afectar los servicios que brindan, así como reservas u otros recursos que necesiten para su normal funcionamiento", advirtieron.

Los técnicos del Congreso recomendaron aplicar algunos cambios en el texto ya que algunas empresas hablan de tener utilidades, mientras otras hablan de rendimientos, excedentes o rentabilidades. Esto para evitar problemas de aplicación.

El proyecto se encuentra congelado a la espera de que los diputados avancen primero en la Ley de Empleo Público. El gobierno decidió que los legisladores pongan toda su atención en esta iniciativa para después convocar el resto de iniciativas que componen la agenda del acuerdo con el FMI.