Informe pide a Fiscalía investigar a vicepresidente y a dos diputados electos por destitución de directiva del BN
La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa aprobó un informe que recomendó a la Fiscalía General investigar penalmente a varios exjerarcas y futuros diputados, por posibles delitos vinculados a la destitución de la junta directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).
Entre los señalados figuran Stephan Brunner, exvicepresidente de la República y diputado electo del Partido Pueblo Soberano (PPSO); Yara Jiménez, secretaria del Consejo de Gobierno, diputada electa del PPSO y candidata a la Presidencia del Congreso; Francisco Gamboa, exministro de Economía y vicepresidente de la República electo; y Maximiliano Alvarado, expresidente del BNCR.
Los diputados plantean investigar a Stephan Brunner por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, al atribuirse funciones como órgano decisor sin contar, según el informe, con competencia legal.
En paralelo, se solicita abrir una causa contra el Consejo de Gobierno por presuntos nombramientos ilegales de directivos que no cumplían con los requisitos técnicos establecidos.
La comisión también recomienda denunciar a Maximiliano Alvarado por presunto perjurio y falso testimonio ante el órgano legislativo, tras detectar contradicciones en sus declaraciones bajo juramento.
Asimismo, se pide investigar a Francisco Gamboa y Yara Jiménez por un eventual tráfico de influencias en el proceso de selección de miembros de la junta directiva del banco.
El documento concluye que las actuaciones del Poder Ejecutivo constituyeron una "toma de posesión política" del BNCR, lo que habría vulnerado la independencia administrativa de los bancos del Estado.
Según la investigación, la destitución de la junta directiva en mayo de 2025 se realizó sin cumplir con el debido proceso, lo que posteriormente fue anulado por la Sala Constitucional.
El fallo determinó que no existía el informe previo de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), requisito obligatorio para remover directores, y cuestionó la competencia del órgano que tomó la decisión.
El informe advierte que los nombramientos posteriores no cumplían con los estándares técnicos exigidos por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), lo que representó un riesgo para la estabilidad financiera del país.
Además, se identificaron posibles conflictos de interés en la conformación de la junta directiva sustituta.
Los diputados concluyen que el Ejecutivo utilizó mecanismos administrativos para remover a una junta directiva que no era "obediente", lo que califican como una desviación de poder.
El conflicto se originó tras el nombramiento de la gerencia general del banco en setiembre de 2024, proceso que —según el informe— se realizó con criterios técnicos, pero fue cuestionado públicamente por el Gobierno.
El informe fue aprobado con los votos de los diputados Luz Mary Alpízar (PPSD), Dinorah Barquero (PLN), Kattia Cambronero (independiente), Vanessa Castro (PUSC), Sofía Guillén (FA), Katherine Moreira (PLN) y Francisco Nicolás (PLN). El oficialista Manuel Morales votó en contra, mientras que el fabricista Yonder Jiménez no estuvo presente al momento de la votación.