Informe recomienda intervenir el INVU por falta de controles, alto riesgo financiero, operativo y reputacional

Un informe presentado a la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), elaborado por Mauricio Montero Montanari sobre su gestión como asesor del despacho de Ángela Mata, expresidenta ejecutiva de la institución, evidenció múltiples presuntas irregularidades detectadas durante los cinco meses en que ejerció funciones en el área legal.

El funcionario llegó al INVU en condición de préstamo por parte del Centro Nacional de la Música y asumió el cargo en mayo de 2025. Sin embargo, renunció en agosto de ese mismo año, en medio de los hechos que investigó y que luego reveló tras su salida.

El informe expone hallazgos críticos sobre la gestión administrativa, financiera y operativa del INVU. Además, concluye que la institución administra más de ¢198.000 millones en inversiones y cerca de ¢96.000 millones en cartera crediticia bajo un esquema con controles insuficientes, lo que genera un alto riesgo financiero, operativo y reputacional.

El documento recomienda la intervención inmediata del INVU ante la magnitud de las debilidades detectadas y el riesgo de eventual malversación o desvío de recursos. También plantea una posible responsabilidad de autoridades actuales y anteriores por omisión frente a los riesgos identificados.

Incluso existe una grabación de declaraciones del director administrativo financiero, Bryans Centeno Hernández, ante la auditoría interna, en la que afirma que los estados financieros no muestran información válida ni confiable.

Montero señala que la información sobre inversiones bancarias y rendimientos es limitada. Además, más de ¢28.000 millones permanecen sin invertir debido a la falta de cuórum estructural en la Junta Directiva.

Principales hallazgos en el INVU

Entre los aspectos más relevantes figura la ausencia de un control interno efectivo en el INVU. El informe determinó que la institución no aplica de forma adecuada la valoración de riesgos y registra incumplimientos en normativa contable y tecnológica.

También enumera graves debilidades financieras y contables:

• Diferencias superiores a ¢4.000 millones en registros de cartera de crédito y planes de ahorro.
• Falta de conciliaciones bancarias desde 2019.
• Libros contables repuestos, pero sin registros.
• Estados financieros que no reflejan la situación real.
• Uso de cuentas puente con saldos multimillonarios sin depuración.

En la parte de gestión de cobros:

• Morosidad superior al 54 % en la cartera crediticia.
• Más de 800 créditos en atraso sin gestión efectiva.
• Cartera en cobro judicial que supera los ¢8.400 millones.

En el ámbito tecnológico, el INVU presenta:

• Ausencia de un marco de gestión de Tecnologías de Información.
• Incertidumbre sobre el respaldo de bases de datos y códigos fuente.
• Pago millonario a una empresa externa (LTI) por servicios de interconectividad presuntamente innecesarios.

El informe también advierte sobre reubicaciones de personal, clima organizacional negativo, reclasificaciones irregulares de plazas, incumplimiento reiterado de acuerdos de Junta Directiva, falta de seguimiento a recomendaciones de auditoría y limitaciones en el acceso a información institucional.

Múltiples fallos estructurales

Como parte del proceso investigativo, el equipo realizó un estudio preliminar sobre movimientos de personal en el INVU. El análisis determinó que aproximadamente un 21 % de las plazas fue reubicado. Personal contratado para funciones específicas pasó a otras áreas sin contar, en muchos casos, con la formación requerida.

Los anexos 2 y 3 evidencian que estas decisiones afectan el desempeño y el clima laboral. Más del 50 % del personal indicó que no percibe ética ni transparencia en la gestión gerencial. La administración no divulgó el informe completo sobre clima organizacional.

El análisis también revela una exposición significativa al riesgo institucional. La falta de control financiero, el uso de cuentas puente sin conciliación y la existencia de montos millonarios sin clasificación clara agravan el escenario del INVU.

Tras recopilar evidencia documental, el informe concluye que el INVU carece de un sistema integral de control interno, pese a múltiples recomendaciones de auditoría. No cuenta con un ambiente adecuado de control ni con un sistema formal de información y comunicación. Tampoco implementó el Sistema de Valoración de Riesgo, cuya atención delegó en la Subgerencia sin avances significativos.

El estudio estableció que la institución no dispone de un marco adecuado de gestión de tecnologías de información. A pesar de ello, se emitieron declaraciones juradas al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) sobre el cumplimiento de directrices de seguridad informática que no se aplican.

"Esta ausencia genera improvisación y pone en riesgo la custodia de bases de datos y códigos fuente", dice el informe.

Asimismo, el documento detalla que el INVU adquirió el sistema informático ABANKS para controlar préstamos y planes de ahorro; sin embargo, no incluyó un módulo contable. Esta decisión provocó diferencias entre registros financieros y contables e impide contar con estados financieros confiables.

Tampoco existe un control adecuado sobre las pólizas de seguro vinculadas a créditos. Una aseguradora opera dentro de las instalaciones y canaliza cobros al INVU sin conciliación formal.

Muchos registros contables se elaboran en hojas de Excel, pese al pago de sumas millonarias por licencias de ABANKS y otros sistemas. Además, la institución no implementó en su totalidad las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) y opera bajo un "salvavidas técnico".

Aunque existen cerca de 100 casos en cobro judicial, el sistema reporta más de 800 préstamos con atrasos de entre 90 y más de 180 días sin gestión efectiva. Incluso algunos procesos prescribieron por inacción.

Tal como informó CR Hoy el año pasado, el INVU reportó la pérdida de libros contables desde 2019. Aunque la Gerencia gestionó su reposición hasta finales de 2024, estos permanecen en blanco. Los estados financieros remitidos a la Contabilidad Nacional no reflejan la situación real.

Desde 2019 tampoco se realizan conciliaciones bancarias conforme a los principios contables generalmente aceptados. Hasta 2023 se registraron sobregiros importantes debido a depósitos que no se ingresaron al sistema.

Según el informe, persisten diferencias superiores a ¢4.000 millones entre el saldo contable y el sistema ABANKS, tanto en cartera de crédito como en planes de ahorro.

Además, continúan activas cuentas denominadas "intermodulares" (cuentas puente), donde se registran diversas transacciones sin depuración posterior. Estas concentran saldos multimillonarios y permiten ajustes que podrían facilitar movimientos irregulares.

Clima laboral y gestión de bienes

Durante el estudio, funcionarios de distintas áreas del INVU señalaron problemas en la gestión. Más del 50 % indicó que no percibe ética ni transparencia en la administración.

Cerca del 25 % del personal fue trasladado a puestos distintos a los originales. Según los trabajadores, los cambios afectan a quienes avanzan en la resolución de tareas atrasadas.

Asimismo, el informe identificó reclasificaciones irregulares de plazas mediante permisos sin goce de salario simulados, mientras el funcionario continúa laborando y recibiendo salario. La Presidencia Ejecutiva recibió información sobre estas situaciones, sin que conste una acción correctiva formal.

El informe también cuestiona el manejo de bienes. El INVU posee cerca de 9.000 propiedades, muchas con órdenes sanitarias pendientes. Varias fincas reposicionadas continúan ocupadas por antiguos propietarios ante la falta de gestión de desalojo y custodia.

La Junta Directiva conoció estas situaciones mediante la auditoría interna; sin embargo, declaró confidenciales algunos temas y no ejecutó varios acuerdos ni aplicó consecuencias disciplinarias.

También se supo que el área de Proveeduría tramita pagos de facturas comerciales, función prohibida por la Contraloría General de la República y la normativa vigente.

Se consultó al INVU una posición al respecto y se está a la espera de la respuesta.