Informe recomienda investigar a Chaves, Rodríguez, “Choreco”, Díaz y Cisneros por posible tráfico de influencias
Conclusiones de 3 fracciones también recomiendan que se investigue a la presidenta de la JPS, Esmeralda Britton
Diputados piden al Ministerio Público investigar los actos del Comité Editorial de Casa Presidencial, liderado por el presidente Chaves. CRH
El informe de mayoría de la Comisión legislativa que investigó las contrataciones de publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) recomienda al Ministerio Público investigar a los integrantes de un "Comité Editorial" de Casa Presidencial, por el supuesto delito de tráfico de influencias.
Dice una de las recomendaciones del informe suscrito por los diputados Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Dinorah Barquero y Danny Vargas, del Partido Liberación Nacional (PLN):
Se investigue al Comité Editorial de Casa Presidencial conformado por Jorge Rodríguez Vives, Natalia Díaz Quintana, Rodrigo Chaves Robles, Federico Cruz 'Choreco' y la diputada Pilar Cisneros Gallo por el delito de tráfico de influencias en cuanto al manejo de los recursos del BCIE y la concentración de fondos del Sinart
Según los legisladores, una de las conclusiones de la investigación fue que la agencia de publicidad de Sinart "fue utilizada con la finalidad de concentrar toda la pauta del Estado y que fue politizada con el fin de asignarla a medios afines al Gobierno de la República".
Mampara de la "democratización de la pauta"
El informe explica que esta agencia de publicidad ha tenido a lo largo de su creación un único objetivo, de darle sostenibilidad financiera al Sinart, complementado con la ley que contiene la obligatoriedad de invertir el 10% del presupuesto de medios de cualquier institución pública en el Sinart.
"Todo esto no genera los suficientes fondos para la sostenibilidad financiera del sistema. Sin la agencia de publicidad, el Sinart técnicamente hablando, está quebrado", indica.
Indica el informe que en la actual administración y bajo el lema de 'la democratización de la pauta' se presentaron 4 objetivos con esta agencia de publicidad:
- Darle solidez financiera al Sinart, posiblemente buscando un objetivo de fortalecer un canal de comunicación pro-gobierno y que sirva de plataforma.
- Poder castigar a los medios mal llamados "tradicionales", bajo el argumento de que ha existido un acaparamiento y concentración de la inversión en dichos medios.
- Poder invertir libremente y a pesar de criterios técnicos que no lo avalan, en medios más pequeños, la mayoría digitales, regionales o llamados "medios alternativos". Ya con los presupuestos bajo la administración del Sinart y no del ente público original, se vuelve más fácil la manipulación de esta inversión, a pesar de que los criterios técnicos de las unidades de marketing de cualquiera de las instituciones públicas no avalaban o recomendaban este tipo de inversiones.
- Poder disponer de los presupuestos de producción, digital y BTL para desarrollar proveedores aliados o pagar favores políticos
"Es así como la 'democratización de la pauta' se convierte en una 'mampara', para ocultar el verdadero objetivo de esta administración que es manipular los presupuestos de marketing y especialmente el de pauta en medios, con criterios y fines políticos, en detrimento de los criterios técnicos y de los conceptos de alcance, relevancia y contexto, que son los criterios que rigen la forma de invertir en la industria", menciona el documento en la página 323.
El informe concluye también que Federico Cruz Saravanja ejerció el cargo de funcionario de hecho al asumir funciones designadas por el Presidente de la República y el Comité Editorial, en donde incluso Cruz gestionaba contratos y orientaba decisiones sobre fondos públicos.
Precisamente, se pide investigar al presidente Chaves Robles y el resto de integrantes de dicho "Comité Editorial" de ahí salieron muchas de las decisiones que venían de Casa Presidencial, sobre los objetivos que se expresan en el informe sobre las funciones de la agencia de publicidad del Sinart.
"Que las acciones llevadas a cabo comprometieron y sometieron a una crisis sin precedentes al Sinart, institución que fue utilizada con un fin estrictamente político por Casa Presidencial", apunta otra de las conclusiones.
Los diputados también cuestionan que la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, formara parte de un órgano consultor del Poder Ejecutivo que sesionaba en Casa Presidencial, es decir, el mencionado Comité Editorial.
"Hechos que resultan contrarios al contenido del artículo 111 de la Constitución Política, que establece una incompatibilidad absoluta para que esa legisladora preste sus servicios en cualquier otro poder de la República", indican.
Federico Cruz.
Investigar a presidenta de la JPS
El informe pide al Ministerio Público que se investigue también por un posible tráfico de influencias y un eventual falso testimonio a la presidenta de la Junta de Protección Social (JPS) Esmeralda Britton González.
"Se recomienda poner en autos al Ministerio Público en vista de haberse configurado los delitos de perjurio y falso testimonio, para que sus conductas y contradicciones de Britton se considere incluirlas en una causa penal", se menciona.
Además, sobre un supuesto delito de tráfico de influencias para manipular criterios técnicos y priorizar la contratación del Sinart en la JPS.
Esmeralda Britton.
La comisión concluyó en el caso de la presidenta de la JPS:
Que la señora Esmeralda Britton presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social trasladó la transmisión del programa La Rueda de la Fortuna de canal 7 al canal 13 de Sinart por órdenes directas del presidente de la República de Costa Rica el señor Rodrigo Chaves Robles en contra de los criterios técnicos elaborados por los departamentos correspondientes que no respaldan dicha contratación.
Más investigaciones
El informe pide que se investigue a los señores, Federico Amador, Fernando Sandí y David Tencio funcionarios del Sinart y al exfuncionario Allan Trigueros, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y falsedad ideológica al manipular los procesos de contratación de la agencia del Sinart.
También que se investigue, a los funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña Mora presidente ejecutivo, José Rafael Solano Núñez director de la división comercial y Luis Diego Abarca Fernández gerente de telecomunicaciones, por el supuesto delito de tráfico de influencias en favor de empresas privadas con la finalidad de politizar los fondos de ICE kölbi.
Esto luego que se concluyó que: Jacqueline González Jiménez exdirectora de comercialización de kölbi-ICE, fue destituida de su cargo por no acatar una orden de contratar a la agencia de publicidad del Sinart en contra de los criterios técnicos establecidos por el propio departamento de comercialización de la institución.
En ese sentido, se indica además que la diputada Cisneros Gallo reveló información privilegiada divulgando secretos en perjuicio del ICE por difundir datos comerciales del mismo en la sesión ordinaria N°10 del 27 de noviembre de 2023.
Sobre contrataciones con el BCIE
El documento concluye que el órgano ejecutor del Gobierno de la República de Costa Rica y Christian Bulgarelli redactaron los términos y condiciones de una licitación que fue adjudicada a la personería jurídica de RMC la Productora S.A.
"Quedó en evidencia que la licitación fue adjudicada inicialmente por un monto de $300 mil. Posteriormente, se aprobó una asignación adicional de $105,800, elevando el total adjudicado a $405,800. Estos fondos provienen de la cooperación no reembolsable del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), tal como se detalla en el Oficio MP-DMP-OF-2023-0181", indica el documento.
"En ese sentido, se evidencia que el señor Rodrigo Chaves estaba al tanto de los aspectos señalados en relación con el tema y el contrato en cuestión", agrega las conclusiones.
También se indica que el Poder Ejecutivo solicitó al BCIE que las contrataciones que se realizarán con el gobierno de Costa Rica se hicieran bajo la modalidad de excepción y que no se aplicará la ley de Contratación vigente en el país.
Señala que el presidente Chaves estaba al tanto de los procesos de contratación del BCIE y realizó solicitudes expresas de incluir a su asesor de comunicación, Federico Cruz, como beneficiado de estos fondos.
Chaves, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez y el productor Christian Bulgarelli.
Se recomienda entonces al Ministerio Público: "investigar conforme a las potestades que le confiere la ley, la contratación de la empresa RMC La Productora de Christian Bulgarelli por la participación en la redacción de los términos y condiciones del cartel de licitación del cual también fue adjudicatario, así como a los funcionarios públicos Natalia Díaz Quintana, Jorge Rodríguez Vives por presuntamente facilitar de manera irregular dicha contratación".
Al TSE
Por último, se recomienda al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) Investigar conforme a las potestades que le confiere la ley, la participación de la diputada Cisneros en órgano consultor del Poder Ejecutivo que sesionaba en Casa Presidencial, actos que lesionan lo establecido en el artículo 111 de la Constitución Política donde indica que: "ningún diputado podrá aceptar, después de juramentado, bajo pena de perder su credencial, cargo o empleo de los otros Poderes del Estado o de las instituciones autónomas".
Diputada Pilar Cisneros.
El informe de mayoría se votó con el voto a favor de 4 diputados, Castro, Robles, Vargas y Barquero. La diputada oficialista Ada Acuña salió de la sala antes de la votación alegando que no la dejaron leer las conclusiones de su informe.
De igual manera, el diputado Pablo Sibaja de Nueva República se fue antes y dijo que iba a presentar luego su propio informe.
La diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), Johana Obando, no estuvo presente y a pesar de que su nombre aparece en el informe de mayoría, no lo ha firmado.
El informe deberá ahora ser conocido y votado en el Plenario.
Esta comisión, que inició en setiembre del 2023, tuvo 32 sesiones durante 9 meses y realizó 42 audiencias.