Informe sobre levantamiento de inmunidad a Chaves se votará el 26 de noviembre
La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que analiza la solicitud del levantamiento del fuero o inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, pedido por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por 15 denuncias de beligerancia política, votará el informe con la recomendación al Plenario de levantar o no la protección presidencial el próximo miércoles 26 de noviembre.
Así lo confirmó el despacho de la diputada liberacionista y presidenta del órgano legislativo, Alejandra Larios Trejos.
Ese día se votará el informe con la recomendación al Plenario de levantar o no el fuero presidencial. Podría resultar un informe afirmativo de mayoría con una solicitud positiva al desafuero y uno de minoría en contra.
El informe afirmativo de mayoría estaría suscrito por Larios y por la jefa de fracción del Frente Amplio, Rocío Alfaro; y el texto de minoría por el oficialista Daniel Vargas.
Larios también ya había informado que la sesión del órgano legislativo prevista para el próximo viernes fue cancelada.
"Se estará convocando a sesión extraordinaria entre el lunes y el miércoles de la próxima semana, de acuerdo con las agendas de las tres diputaciones, para conocer el o los informes presentados, realizar la votación respectiva y remitir el expediente al Plenario Legislativo para su conocimiento", indicó la legisladora verdiblanca.
Esto ocurre luego de que el pasado viernes el mandatario fuera recibido en audiencia, de la cual se retiró de manera abrupta y se negó a responder las consultas de los legisladores sobre incurrir en supuestos actos y declaraciones de beligerancia política.
Salida abrupta y sin responder
El órgano legislativo tendrá hasta el próximo 1° de diciembre para rendir los informes (una de mayoría y otro de minoría, adelantado por las diputaciones) con la recomendación al Plenario de levantar o no el fuero presidencial.
Chaves, el pasado viernes, fustigó a la presidenta de la comisión, por la aplicación del reglamento legislativo y una resolución de la presidencia del Congreso sobre la aplicación de los tiempos y el rol de la defensa del mandatario.
Durante su espacio, de 50 minutos, el mandatario señaló en múltiples ocasiones a la diputada liberacionista Alejandra Larios y a los magistrados del órgano electoral.
Tras su salida del foro, Larios aseguró que era su derecho abstenerse y marcharse en el momento que tuviera a bien. Por su parte, la diputada del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, calificó el acto de cobardía y de misoginia: "Le cuesta debatir con mujeres".
Incluso, el diputado oficialista y miembro de la comisión, Daniel Vargas, también abandonó la comisión ese día.
Acto seguido, Chaves aprovechó una plaza pública organizada por el Partido Pueblo Soberano (PPSO) y con presencia de su candidata presidencial, Laura Fernández, en las afueras del Congreso, para lanzar amenazas y calificativos a las diputadas de la comisión, magistrados y al TSE.
¿Qué sigue ahora en comisión?
Con la audiencia de Chaves efectuada, el órgano legislativo tendrá hasta el 1° de diciembre para rendir y votar el informe con la recomendación al Plenario de levantar o no el fuero presidencial.
Luego, dicho informe, llegaría al Plenario en los siguientes 8 días, si se toma en cuenta que sería un proceso similar a la anterior solicitud de desafuero, pedido por la Corte Suprema de Justicia, en el caso BCIE-Cariñitos.
En principio, el Plenario podría conocer y votar la solicitud de levantamiento de la inmunidad del mandatario entre las primeras semanas de diciembre, previo de su salida a su último receso de fin de año, el 18 de diciembre.
Es decir, que la resolución de la Asamblea Legislativa, en esta segunda oportunidad, se conocería este año.
El 22 de septiembre, el Congreso rechazó levantar la inmunidad, con 34 votos a favor y 21 en contra, cuando se requerían 38 votos afirmativos.
Si en este nuevo proceso el desafuero es aprobado, el expediente se trasladará al TSE, y el mandatario se expondría a la pérdida de sus credenciales y a la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por dos años.