Inhabilitan a exMinistro del MOPT por “negligente” en pifia en carretera a TCM

27 de Jun. 2019 | 7:14 am

(CRHoy.com) El exministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini, quedó inhabilitado de ejercer cargos públicos por dos años debido a una pifia en la carretera hacia la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) en Limón.

Según un informe de la Contraloría General de la República (CGR), el exjerarca es el responsable -administrativamente- por el gasto de 5.6 millones de dólares en el que debió incurrir el país debido a un desfase de 80 metros en la construcción de la ruta 257, la cual conecta la ruta 32 con la TCM.

El documento señala que Segnini conocía sobre el desfase, pero que hizo caso omiso y solo se limitó a aprobar los documentos, sin verificar la vía de acceso, aún cuando los jerarcas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) ya habían sido advertidos.

"Mostró una actitud negligente a nivel de la responsabilidad que ostentaba. Es inaceptable que excuse su voto alegando que no sabía que el proyecto no iba a ser funcional, por cuanto él mismo expuso la problemática existente ante el Consejo Sectorial de Transporte", señala el informe de la CGR, emitido el 19 de junio anterior.

En el documento la CGR declara que "no se ocupaba tener mayores conocimientos técnicos para comprender el impacto que iba a tener en la carretera el hecho de que existiera un desfase entre los proyectos".

En un principio se había inhabilitado a Segnini por 4 cuatro años, pero tras una impugnación, se redujo a dos años.

Además del exministro, tampoco podrán ejercer cargos públicos por dos años Giselle Alfaro, exviceministra de Infraestructura; Mauricio Salom, exdirector del Conavi y otros cuatro funcionarios más.

La CGR enfatiza que Segnini tenía una mayor responsabilidad, tanto como ministro como miembro del Conavi.

"En virtud de su posición de jerarca institucional, se encontraba en la obligación de consultar, cuestionar y solicitar colaboración para esclarecer cualquier duda sobre el proyecto", recalca el informe.

La carretera tuvo un costo de 86 millones de dólares y estuvo a cargo del Consorcio del Atlántico.

El 6 de febrero de 2018 la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) abrió un expediente penal para esclarecer los presuntos delitos en la construcción de la ruta de acceso a la TCM. El caso aún se mantiene en investigación.

El 27 de noviembre del año pasado la fiscalía realizó allanamientos en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y el Consorcio Atlántico Ruta 257, conformado por las compañías MECO S.A. y Puentes y Calzadas.