Iniciativa amplía lista de funcionarios que pueden ser sancionados por beligerancia política
TSE podrá abrir investigaciones de oficio
Un nuevo proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa pretende ampliar el listado de funcionarios públicos con prohibición de participar en actividades político-electorales.
La iniciativa de ley, presentada por la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), pretende reformar el artículo 146 del Código Electoral para cerrar el portillo a casos de beligerancia política.
La beligerancia política es un delito que se comete cuando un funcionario público con prohibición muestra parcialidad a favor de un partido político en el ejercicio del cargo o, bien, cuando un funcionario con prohibición de participar en actividades políticas incurre en ellas, según el artículo 105 de la Constitución Política.
¿Qué propone el proyecto?
La propuesta de ley se tramita bajo el expediente 24.837.
En primera instancia, el proyecto busca dejar claro que los empleados públicos tendrán prohibición de dedicarse a trabajos o discusiones de carácter político-electorales "durante todo el período del ejercicio de su cargo". La ley vigente en la actualidad establece esta prohibición únicamente "durante horas laborales".
Además, el plan añade en ese mismo párrafo que los funcionarios no podrán usar su cargo, los recursos públicos, insumos ni al personal bajo su administración y mando para beneficiar a un partido político, candidatura o cualquier aspiración político-electoral de cualquier tipo.
La iniciativa de ley también busca incluir a otros funcionarios con prohibición para participar en actividades de los partidos políticos y hacer manifestaciones electorales.
Actualmente, la ley dicta esta prohibición para quienes ejerzan la Presidencia y Vicepresidencias de la República, ministros, viceministros, funcionarios del servicio exterior y jerarcas de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y la Procuraduría General de la República.
El proyecto busca incluir al personal de la Presidencia de la República contratado bajo el régimen de confianza, así como a los jefes de despacho de todas sus dependencias, de las Vicepresidencias de la República y del Ministerio de la Presidencia. Estas personas no podrán participar en actividades de los partidos políticos, asistir a clubes ni reuniones de carácter político-electoral, utilizar la autoridad o influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos ni colocar divisas en sus viviendas o vehículos.
Tampoco podrán hacer ostentación partidista o electoral alguna dentro o fuera de actividades partidarias y deberán abstenerse de realizar cualquier manifestación tendiente a influir en el resultado electoral, sin importar si se refieren o no a una o varias opciones partidarias.
Se detalla que todos estos funcionarios "únicamente podrán ejercer el derecho a emitir su voto el día de las elecciones y deberán abstenerse de hacer uso de recursos públicos para hacer propaganda electoral o realizar manifestaciones tendientes a influir en los resultados electorales".
TSE y CGR con vía libre para investigar
El proyecto de ley también estipula que, en el caso del presidente y los vicepresidentes de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) podrá abrir una investigación de oficio en caso de que se transgreda la legislación.
Por su parte, la Contraloría General de la República quedaría facultada para investigar de oficio el presunto uso de recursos públicos para beneficiar a un partido, una o varias candidaturas a cargos de elección popular o cualquier intento de incidir en el resultado electoral mediante el uso de símbolos, manifestaciones, estrategias de comunicación, entre otros.
"Hay que proteger a la democracia del populismo y el autoritarismo"
El diputado del PLP y proponente de la iniciativa, Gilberto Campos Cruz, dijo que el proyecto es necesario en momentos en los que el país transita por un contexto político-electoral distinto al que históricamente ha enfrentado rumbo a las elecciones presidenciales.
"Es necesario readecuar el marco normativo que regula la beligerancia política, porque la apertura de las definiciones actuales les permite a los altos funcionarios que laboran en la Casa Presidencial y a su personal de confianza un rango de operación muy amplio. Hoy la beligerancia política es casi nada, según se ha desprendido de los fallos del Tribunal Supremo de Elecciones sobre casos de presunta beligerancia que ha tenido que resolver. Esto arriesga la democracia y los recursos públicos que todos los ciudadanos financiamos con nuestros impuestos", estimó el diputado.
Según Campos Cruz, es necesario clarificar qué es beligerancia política y a quiénes se aplica.
"Nuestra intención es dejar claramente definidos los alcances del concepto de beligerancia política en un contexto en el cual Costa Rica se enfrenta a riesgos nunca antes vistos, de la mano del populismo y, principalmente, debido a las acciones del Gobierno, que ha echado mano de recursos públicos para hacer una evidente y flagrante campaña electoral. No vamos a permitir que en Costa Rica se viva lo que ya han experimentado Venezuela o Nicaragua, donde el Poder Ejecutivo ha metido las manos en política electoral para inclinar la balanza en favor de los intereses autoritarios de esos gobiernos. Hay que prever todos los riesgos a los que nos enfrentamos como democracia", subrayó Campos Cruz.