INS contrató a exmagistrado luego que Sugese le ordenara apegarse a criterio de PGR sobre donaciones

(CRHoy.com) La contratación del exmagistrado y expresidente de la Sala IV, Ernesto Jinesta Lobo,  por ₡65 millones por parte del Instituto Nacional de Seguros (INS) tiene un trasfondo: el acatamiento de la aseguradora a una orden de la Superintendencia General de Seguros  (Sugese) de apegarse estrictamente a un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) entorno a no hacer donaciones sin autorización legal.

El pasado 7 de noviembre, legisladores de distintas fracciones tuvieron que presentar un proyecto de ley para autorizar al INS a realizar una donación por  ₡1.396  millones al Consejo Nacional de Producción (CNP) para la construcción de un Centro de Valor Agregado en la región Huetar Norte. La donación del INS es para los diseños, construcción y supervisión de la obra, la cual está valorada en ₡3.108 millones.

Los diputados tuvieron que proponer el plan luego de que la Sugese ordenara al INS apegarse a la resolución C-0122016 de la PGR del 19 de enero de 2016, que indica que cualquier donación del INS en favor del Estado debe fundamentarse en una norma de rango legal que expresamente lo autorice a donar bienes o recursos financieros.  La Sugese hizo el señalamiento al INS el pasado 29 de agosto  de 2019, mediante la resolución SGS-2255-2019.

El criterio de la PGR fue solicitado por el INS y es de carácter vinculante.

"De conformidad con los argumentos expuestos y con fundamento en las disposiciones legales contenidas en los artículos 25 inciso d), 28 y 29 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, como MEDIDA CORRECTIVA se resuelve lo siguiente: Primero: Ordenar a la Junta Directiva y Alta Gerencia del INS, que de manera inmediata se abstenga de aprobar en el futuro donaciones de fondos o actos relacionados con la disposición de los bienes, valores y recursos de la entidad aseguradora, que no cuenten con el respaldo legal expreso que así lo autorice. Segundo: En un plazo de veinte (20) días hábiles se proceda a modifcar en los términos dispuestos en la presente resolución y de conformidad con lo dispuesto por la Procuraduría General de la República en el dictamen C-0122016 de fecha 19 de enero de 2016, las políticas y procedimientos internos (…)", dijo la Sugese.

Sin embargo, la presidencia ejecutiva del INS a cargo de su presidente Elian Villegas,  expresó un criterio distinto el pasado 13 de septiembre  mediante el oficio PE-00486-2019, en el cual sostiene que las normas que autorizan a instituciones públicas a realizar donaciones a favor de una entidad pública no son de aplicación para el INS, al ser una entidad autónoma.

La Presidencia del INS sostuvo que el criterio de la Sugese estaba "equivocado"  y decidió acatarla "bajo protesta", alegando que había incompetencia de  parte  de la superintendencia para referirse al tema.

"Consideramos que ese criterio de la SUGESE está totalmente equivocado en lo jurídico, pero además, en cuanto al fondo del mismo, existen serias dudas sobre las competencias de la SUGESE para emitirlo; sin embargo, con base en el criterio expuesto por el director jurídico y siendo que el INS por imperio del artículo 25, inciso d) de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, debe acatar obligatoriamente tal acto de la SUGESE y luego de una amplia discusión en Junta Directiva del INS, sesión ordinaria N.°9544 del 02 de setiembre del 2019, se tomó el siguiente acuerdo: "Dar por conocida la Resolución N.° SGS-R-2255-2019 de la Superintendencia General de Seguros, relativa a la Medida Correctiva sobre la aprobación de donaciones otorgadas por el INS, en el entendido que los puntos primero y segundo del "Por Tanto" de dicha resolución se acatarán bajo protesta, por cuanto persiste la incompetencia de la SUGESE para referirse a este tema, siendo un asunto que se discutirá por las vías correspondientes", dijo el INS .

Así las cosas, los diputados proponentes de la donación: Daniel Ulate; de Liberación Nacional, Nidia Céspedes, Ignacio Alpízar del bloque Nueva República y el independiente  Erick Rodríguez decidieron acatar lo señalado por la Sugese y formular el proyecto de ley para avanzar con la donación,  según indica el proyecto "en aras de evitar incurrir en responsabilidad administrativa y personal por parte de los miembros de la junta directiva del INS".

Berreo tras orden de la Sugese

Elian Villegas, presidente del INS, admitió en conversación con CRHoy que la contratación del exmagistrado y expresidente de la Sala IV, Ernesto Jinesta Lobo  por ₡65 millones es para que asesore y defienda a la aseguradora frente a esta y otras órdenes de la Sugese.

"Si, es una, es parte del paquete, nosotros queremos que se valore como INS", asintió Villegas.

Este jueves el superintendente de la Sugese, Tomás Soley, censuró esta actitud de las autoridades del INS.

Soley catalogó la contratación como "amenazante" y con la intención de desprestigiar y bajarle el buen nombre al ente regulador del mercado de seguros.

"Preocupa que es un cartel que pareciera amenazante hacia el trabajo de la superintendencia, en el sentido que, en lugar de revisar las actuaciones internas, tratan más bien de desprestigiar o bajarle el buen nombre al regulador. Es para pelear con la superintendencia este es un tema serio, este es un juego inadecuado y peligroso", asintió Soley.

Vale señalar que, cuando CRHoy dio a conocer la contratación de Jinesta, Villegas dijo que la misma era para que atendiera  cerca de 5 mil juicios que la entidad tiene en diversas instancias, entre las que mencionó la Sala IV y otras instancias.

Sin embargo, el cartel para la contratación es  claro en que su finalidad es exclusivamente para proteger los intereses del INS frente a varias directrices y medidas correctivas que la entidad debe aplicar en acatamiento a lo señalado por Sugese.

"La Sugese ha emitido varias directrices y medidas correctivas que el INS debe aplicar, que podrían configurar una extralimitación de las competencias del supervisor en perjuicio del INS, por lo que es necesario promover la contratación de un especialista en la materia con grado de Doctor en Derecho Público o Administrativo y con conocimientos en materia regulatoria, que analice los casos que el INS le someterá y emita criterio sobre la adecuación o no de las actuaciones del supervisor a la ley que rige su accionar", dice el cartel.

CRHoy consultó al presidente de INS si no le preocupaba que se pudiera acusar a la junta directiva  de la entidad y a él como su jerarca  de beneficiarse de esta contratación, dado que es para defender algunas de sus decisiones. Villegas lo descartó.

"En aquellos temas relacionados con el INS es lo que va revisar este abogado. El abogado va estar presente en casos que afecta al INS, por supuesto que puede involucrar decisiones u omisiones que se hayan tomado en carácter de autoridades, pero no caso personales", dijo.

Además, el presidente del INS se negó a especificar qué otros temas además de este particular sobre la posición de Sugese sobre las  donaciones podría atender  el exmagistrado Jinesta por medio la millonaria contratación de ¢65 millones.

"Son temas que no podemos discutir públicamente. Somos una institución regulada y supervisada y hay resoluciones entre la superintendencia y el regulado que no son de conocimiento público", añadió.

La contratación de Jinesta

A pesar de que el INS tiene una batería de 35 abogados en su Dirección Jurídica la entidad decidió contratar a un abogado externo a la institución por un máximo de ¢65 millones.  A quien decidió contratar fue al expresidente de la Sala Constitucional, Ernesto Jinesta Lobo, quien en  mayo de 2018 se jubiló con una pensión bruta de ¢7.884.470 (neta de ¢5.578.384,56).

Así lo confirmó a CRHoy.com  el presidente ejecutivo del INS, Elian Villegas y así consta en la contratación directa 0062019500000003 completada el pasado 29 de octubre, según el Sistema Integrado de Compra Públicas (Sicop).

Según el informe para emisión de acto final de esta contratación  a Jinesta se le contrató de manera indefinida.

Para la primera etapa de sus servicios el INS presupuestó ¢20 millones y para una segunda ¢45 millones. Según ese documento al exmagistrado se le pagarán  ¢102.547  por hora por sus servicios, ya con el Impuesto del Valor Agregado incluido. 

Según el cartel, de los 3 oferentes que hicieron su oferta solo Jinesta cumplió con los requisitos. Además del exmagistrado participó la Corporación Gecesa Sociedad Anónima, la cual fue rechazada porque cotizo un precio por hora inferior al monto de las tarifas mínimas establecidas en el Decreto sobre Arancel  de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado.

También fue rechazada la oferta de la abogada Karol Monge Molina, porque no presentó el titulo de Grado de Doctor en Derecho Público o Administrativo.

Elian Villegas defendió la millonaria contratación alegando que a Jinesta  se le pagarán solo "las horas consumidas" y que en la entidad se necesita "una voz autorizada, de experiencia y de amplio conocimiento".

"Siempre es importante contar con personas que puedan llegar a ver el bosque y no solo un árbol", argumentó.

El jerarca del INS negó que la bases de la contratación y los requisitos que pedía el INS estuvieran hechas a la medida de Jinesta.

"No. El perfil tiene que ser alto, por supuesto, no conozco bien el cartel pero en ningún momento fue a la medida, siempre se ha buscado un perfil muy alto, de una persona que pudiera venir a apoyar a la Dirección Jurídica y para eso precisamente se requiere de un profesional muy capacitado, con mucha experiencia y que realmente sea un profesional de una calificación profesional y ética intachable", añadió.