Inspección Judicial desmiente que haya recomendado despedir a Rándall Zúñiga

 

El Tribunal de la Inspección Judicial de la Corte Suprema de Justicia desmintió a un medio de comunicación que informó sobre la supuesta recomendación de despedir al suspendido director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, quien es investigado por cuatro denuncias relacionadas con delitos sexuales y supuesta divulgación de secretos por varios casos que estaban en investigación.

En un comunicado de prensa enviado la mañana de este martes, el Tribunal Administrativo indicó lo siguiente:

"En relación con información difundida por un medio de comunicación, el Poder Judicial aclara que el Tribunal de la Inspección Judicial no ha remitido ningún informe definitivo a la Corte Plena respecto de la investigación que se sigue contra el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien se encuentra actualmente separado de su cargo. El director del OIJ fue suspendido de sus funciones desde el pasado 29 de octubre, mientras se desarrolla la investigación correspondiente, la cual se origina a partir de diversas denuncias presentadas en su contra. Dicho procedimiento se lleva a cabo con estricto apego al debido proceso y en pleno respeto de los derechos de todas las partes involucradas", señaló el Tribunal de la Inspección Judicial.

Por su parte, el abogado de Zúñiga, Federico Campos, explicó que apenas, este lunes, se realizó el traslado de cargos referente a los hechos denunciados.

"La información difundida es incorrecta y no comprendemos con qué propósito se ha hecho así. Hasta el día de ayer lunes la Inspección Judicial le hizo formalmente el traslado de cargos a don Randall, como parte del debido proceso, y en respeto a la presunción de inocencia, para que se defienda. Es imposible, entonces, que la Inspección Judicial esté haciendo esa supuesta recomendación como se afirma erradamente, si apenas está iniciando ese procedimiento administrativo", señaló el abogado, Federico Campos.

El 18 de noviembre anterior, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga López, fue suspendido del cargo durante tres meses como medida cautelar mientras continúan las investigaciones por el escándalo sexual en el que ha estado envuelto durante el último mes y que derivó en investigaciones administrativas y penales.

En la parte administrativa, la suspensión del puesto es con goce salarial. Es decir, durante el periodo de separación continuará recibiendo su salario. La razón es que la medida tomada es de carácter temporal en medio del proceso disciplinario que se sigue en su contra.

A Zúñiga no se le está removiendo del cargo de forma definitiva ni se le está imponiendo una sanción por los actos que eventualmente hubiese cometido; el único propósito es apartarlo para garantizar que no tenga injerencia en la toma de decisiones ni pueda influir en la investigación mientras se desarrolla.

El Poder Judicial explicó que, de acuerdo con criterios reiterados de la Sala Constitucional, una medida cautelar no puede implicar una afectación adicional, como retirar el salario, porque eso equivaldría a anticipar un castigo antes de que concluya el procedimiento administrativo y sin que exista una resolución definitiva.

Suspender el sueldo en esta etapa sería contrario al debido proceso y a la presunción de inocencia, explicaron desde la Corte.

Por estas razones, la separación temporal del cargo debe aplicarse con goce salarial, para no prejuzgar el resultado de la investigación ni vulnerar derechos fundamentales.

La intención de la suspensión es permitir que continúen las indagaciones de carácter disciplinario y no afectar el proceso penal que se sigue en su contra.

Previamente, Zúñiga estuvo suspendido en primera instancia por un plazo de 15 días, que vencía este miércoles. Enfrenta al menos cuatro denuncias penales por presuntos delitos sexuales contra varias víctimas, además de un procedimiento administrativo disciplinario relacionado con estos hechos.

Zúñiga ha negado los señalamientos y afirma que la situación responde a un ataque político derivado de las acusaciones iniciales por supuesta violación sexual.

Sostuvo que ha colaborado con las autoridades y que entregó voluntariamente su teléfono celular para facilitar las diligencias, además de asegurar que no ha solicitado copia del expediente ni de las denuncias.

El jefe policial también negó que las fotografías íntimas que circulan en redes sociales —en las que aparece desnudo— sean reales, y dijo que se trata de montajes digitales para desprestigiarlo. Afirmó además que incluso circula un video manipulado con su imagen.

En cuanto a las denuncias sobre presunta divulgación de información judicial a mujeres, admitió haber compartido algunos materiales por WhatsApp, pero aclaró que no se trataba de datos sensibles ni de investigaciones activas.

Durante la separación, Michael Soto Rojas, quien se desempeña como subdirector interino del Organismo, asumió temporalmente la dirección de la institución en ausencia del titular.

La Fiscalía General, además, realiza una investigación vinculada con este tema y que guarda relación con supuestos ofrecimientos por parte de funcionarias del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) al menos a una mujer para que interpusiera denuncia por delitos sexuales contra el suspendido director de la policía judicial. Por esta situación la presidenta ejecutiva, Yerling Zúñiga, compareció ante los diputados en una comisión legislativa.