Instituciones insisten en poner trabas a cumplimiento de regla fiscal

(CRHoy.com).- Un cúmulo de instituciones insiste en ponerle trabas al cumplimiento de la regla fiscal que ordena la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para contener el crecimiento del gasto público.

La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) del Ministerio de Hacienda solicitó a las entidades que le envíen sus presupuestos del 2020 para verificar que cumplen con lo estipulado en el Capítulo IV de la norma, "Cumplimiento de la Regla Fiscal".

Ese despacho de Hacienda tiene hasta el último día hábil de octubre para enviar las certificaciones a la Contraloría General de la República sobre el cumplimiento de la regla fiscal por parte de las entidades públicas.

Sin embargo, algunas dependencias han alegado diferentes circunstancias para no cumplir con dicho mandato. Según la directora de la Autoridad Presupuestaria, Ana Miriam Araya Porras, entre los argumentos están:

-Que su año presupuestario no coincide con el establecido (enero-diciembre). 

-Su Junta Directiva o Asamblea General se reúne en un periodo diferente, que no coincide con el mes de setiembre. 

-Que por no recibir recursos del Gobierno Central y generar sus ingresos propios no tienen porqué cumplir con la regla fiscal. 

-Otras ha alegado que no están cubiertas por la Ley N.º 8131 y que por lo tanto no se encuentran en el ámbito de la Autoridad Presupuestaria. 

-Y que, por su autonomía, no deben presentar sus presupuestos a la STAP. 

Entre las entidades que se han negado a entregar sus presupuestos a Hacienda para que verifique el cumplimiento de los lineamientos de la regla fiscal está en Consejo Nacional de Rectores (Conare) que agrupa a las universidades públicas.

"El Conare indicó mediante el envío de varias notas que ellos no entregarían el presupuesto ordinario 2020 ante la STAP, ya que su autonomía no lo permite", informó Araya.

En principio la STAP solicitó a las universidades estatales que le entregaran sus presupuesto para el año entrante a más tardar el 28 de junio pasado bajo la advertencia de que en caso de no presentarlos certificaría que estos incumplen la regla fiscal.

Después, en julio, los rectores se reunieron con el presidente Carlos Alvarado. Producto de la cita, las casa de educación superior públicas anunciaron que ya no tendrán que entregarle a la STAP sus presupuestos para que verifique el cumplimiento de la regla fiscal, lo cual produjo que el diputado socialcristiano, Pedro Muñoz, le pidiera explicaciones al mandatario Alvarado sobre si su gobierno había eximido a las universidades de los topes de crecimiento presupuestario impuestos por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Sin embargo, posteriormente la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya aclaró que en el caso de las universidades públicas no se les eximió de la regla fiscal, sino solo de pasar sus presupuestos por el tamiz de la STAP.

Sala IV con la última palabra

En respuesta a los límites que impone la regla fiscal bajo ciertas condiciones financieras y económicas los rectores presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV con el objetivo de que se excluya a las universidades de la aplicación de los límites presupuestarios para controlar el gasto público.

La Sala Constitucional acogió para su estudio desde julio una acción de inconstitucionalidad del Conare en contra de su sujeción a la regla fiscal. Según los rectores, esa disposición violenta los artículos 78, 84 y 85 de la Constitución Política, sobre la autonomía universitaria, la obligación de invertir un 8% del producto interno bruto (PIB) en la educación y sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Rocío Aguilar dijo que si la Sala saca finalmente a las universidades públicas de la regla fiscal, el Gobierno Central igualmente no podrá aumentarles sus presupuestos ni las transferencias desde el presupuesto ordinario de la República.

Las municipalidades también se han mostrado renuentes a cumplir con la regla fiscal. De hecho un grupo de diputados impulsa un proyecto de ley para excluirlas de esa obligación. Además, la alcaldesa de Alajuela, Laura Chaves, presentó otra acción de inconstitucionalidad contra el capítulo IV del plan fiscal.

No obstante, la STAP detalló que la "gran mayoría" de las municipalidades le ha presentado su presupuesto, pues ni el proyecto de ley ni la acción de inconstitucionalidad suspenden la aplicación de la normativa fiscal, en vigencia desde diciembre del año pasado.

"Todavía no podemos afirmar que ninguna (institución) se ha negado a cumplir con el título IV de la Ley N.º 9635. Asimismo, deberá trancurrir el proceso de aprobación de los presupuestos por parte de dicho órgano Contralor (Contraloría General de la República), aclararon las autoridades de la STAP a solicitud de CRHoy.com.

Este diario digital también le consultó al Ministerio de Hacienda si ya maneja un estimado del monto que se dejará de ahorrar el Estado por el posible incumplimiento de la regla fiscal en los presupuestos del 2020. Sin embargo, la STAP respondió que por el momento es imposible realizar el cálculo, al estar abiertos los plazos para la presentación de los presupuestos.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas dispone que en caso de que la Autoridad Presupuestaria certifique un incumplimiento de la regla fiscal por parte de las entidades públicas del sector no financiero, la Contraloría valorará esa certificación y resolverá lo que corresponda.

Y en su capítulo de sanciones establece que el incumplimiento injustificado de la regla fiscal constituye una falta grave contra la Hacienda Pública que será sancionada con base en la Ley Órgánica de la Contraloría General de la República y en el Código Penal.

¿Qué busca la regla fiscal?

La regla fiscal de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, entre otras cosas, dispone que:

-Si la relación deuda PIB es menor del 30%, el gasto podrá crecer el 100% del promedio de crecimiento de los últimos 6 años.

-Si la relación deuda PIB está entre 30% y 45%, el gasto solo puede crecer un 85% del promedio de crecimiento del mismo periodo.

-Si la relación deuda PIB está entre 45% y 60%, el gasto solo puede crecer un 75% del promedio del crecimiento del gasto de ese mismo lapso.

-Y si es mayor al 60% el máximo de crecimiento sería de un 65%.

Es decir, que a mayor porcentaje de deuda, menor será la autorización para que crezca el gasto corriente.

Además, cuando la deuda total sobrepase un 50% del PIB, el Gobierno podrá girar los destinos específicos legales considerando la disponibilidad de recursos sanos, lo cual le devuelve a Hacienda cierto margen para manejar el presupuesto.

La norma establece que las entidades del sector público no financiero deberán elaborar su presupuesto ordinario, extraordinario y modificaciones presupuestarias en pleno apego a la regla fiscal.