Investigan vínculos entre vicealcaldesa y entorno de Engler Araya, preso por narcotráfico

Adriana Mora, vicealcaldesa de Puntarenas figura como investigada en el caso Turbo.
La vicealcaldesa de Puntarenas, Adriana Rosario Quesada Mora, aparece mencionada en el expediente del caso Turbo debido a sus vínculos comerciales y personales con personas investigadas por presuntas actividades relacionadas con narcotráfico internacional y legitimación de capitales.
No obstante, la funcionaria municipal no figura como imputada ni fue detenida o indagada durante los 23 allanamientos ejecutados por la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Según la investigación, las autoridades mantienen interés en la relación de Quesada Mora con integrantes de la estructura que, de acuerdo con el expediente, habría participado en la logística para el envío, transporte, recepción, almacenamiento y comercialización de droga.
La documentación del caso señala que en 2017 la vicealcaldesa participó en sociedades junto con Engler Araya Aguilar, identificado por las autoridades como el líder de la organización investigada. Una de ellas fue R y E Automotores del Pacífico S.A., domiciliada en Barranca de Puntarenas, dedicada a servicios mecánicos, enderezado y pintura, venta de vehículos y operación de taller automotriz.
Aunque la sociedad ya fue disuelta, la investigación destaca que ambos mantuvieron una relación comercial durante varios años.
CR Hoy intentó obtener la versión de Quesada Mora mediante llamadas telefónicas, mensajes y una consulta enviada por correo electrónico. Se le preguntó si mantiene o mantuvo relaciones comerciales con Araya o personas de su entorno, así como la naturaleza de esos negocios. Al cierre de esta publicación, no había respondido.
Consultado por CR Hoy, el alcalde de Puntarenas, Randall Chavarría, indicó que tiene conocimiento de que la vicealcaldesa no figura como imputada en la causa.
"Ni siquiera fue indagada, es solo un tema de descarte. Y no hay ningún delito ni denuncia a la función pública", afirmó.
El expediente también menciona a Quesada Mora en relación con Karla Sirias Alfaro, esposa de Araya, debido a que ambas aparecen en varios traspasos de vehículos. Además, la vicealcaldesa figuró como fiscal de la Asociación Deportiva Municipal Puntarenas.
Hija de vicealcaldesa y persona investigada
La investigación también hace referencia a Arianna Medrano Quesada, hija de la vicealcaldesa, quien mantiene una relación con Michael Sánchez Arce. Según la PCD, este último asumió un papel relevante dentro de la estructura tras la detención de Araya en 2025.
De acuerdo con la documentación judicial, Sánchez asumió la coordinación logística de los envíos internacionales de droga. Asimismo, el expediente señala que su pareja participó en reuniones con ciudadanos colombianos para coordinar actividades relacionadas con el tráfico de drogas en distintos puntos, incluido el muelle que utilizaba la organización para preparar embarcaciones.
Stephen Madden, director de la PCD, indicó que Medrano forma parte del círculo de personas investigadas por legitimación de capitales. Sin embargo, aclaró que el análisis de los teléfonos celulares decomisados será determinante para establecer si ella y su madre tuvieron algún grado de participación en las actividades.
Por esa razón, las autoridades allanaron la vivienda donde residen ambas mujeres, en El Carmen de Puntarenas, y decomisaron evidencia considerada relevante para la investigación. Los resultados de las extracciones forenses de los dispositivos electrónicos permitirán determinar si existe información de interés para la causa.
Caso Turbo
Como parte del caso Turbo, las autoridades realizaron 23 allanamientos en Puntarenas y Alajuela y detuvieron a 19 personas, entre ellas Engler Araya Aguilar, señalado por las autoridades como el supuesto líder de la estructura, además de familiares y colaboradores cercanos.
Según la investigación, el grupo utilizaba embarcaciones pesqueras para recibir cargamentos de cocaína procedentes de Colombia y posteriormente enviarlos a otros países de Centroamérica y Estados Unidos.
Las autoridades vinculan a la organización con tres decomisos efectuados durante 2025 que suman cerca de cuatro toneladas de cocaína. La causa también incluye una investigación por presunta legitimación de capitales relacionada con propiedades, vehículos y otros bienes que, aparentemente, habrían sido adquiridos con recursos provenientes del narcotráfico.
