IPLEX: La subasta de frecuencias es un golpe a la libertad de expresión
El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) comunicó su preocupación por la subasta de frecuencias de radio y televisión impulsada por el Gobierno y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), señalando que no fortalece el ecosistema mediático costarricense, sino que lo debilita.
El pronunciamiento se suma a una oleada de cuestionamientos de diversos medios locales y organizaciones vinculadas al sector, que advierten de un posible impacto negativo en la diversidad de voces presentes en el espectro radioeléctrico del país.
Para Iplex, al imponer requisitos económicos y técnicos que solo pueden cumplir los grandes operadores, el proceso amenaza con expulsar del espectro a medios pequeños, comunitarios y regionales, pilares esenciales del pluralismo democrático.
El proceso establece precios base que van desde ₡4,8 millones para frecuencias de radio AM hasta ₡800 millones para televisión nacional, además de una serie de requisitos técnicos y económicos.
Según la organización, estas condiciones dificultan la participación de estos medios y favorecen a grupos con mayor capacidad financiera. El resultado ―advierte― es excluyente: emisoras locales, culturales y comunitarias quedan fuera antes siquiera de participar.
Emisoras como Radio HIT, Musical, Onda Brava, Santa Clara y TV Sur han señalado públicamente que no cuentan con los recursos para competir en igualdad de condiciones.
Algunas han anunciado medidas legales, mientras que otras han optado por migrar parcialmente sus contenidos a plataformas digitales, una vía que aún enfrenta limitaciones en zonas rurales debido a la falta de conectividad.
"Esta no es solo una barrera económica; es una restricción a derechos fundamentales. Cuando las comunidades pierden sus radios y televisoras locales, pierden espacios de identidad, expresión cultural y vigilancia del poder.
Se empobrece el debate público y se concentra la oferta informativa en manos de actores con mayor músculo financiero, reduciendo la diversidad de voces indispensables para la democracia.
La defensa del pluralismo informativo no es solo una exigencia legal, sino un deber ético que debe marcar el rumbo de las políticas públicas en materia de telecomunicaciones. Costa Rica merece más voces, no menos.", cita el pronunciamiento.
Este viernes venció el plazo para que los interesados presentaran sus ofertas en la subasta de frecuencias de radio y televisión convocada por la Sutel, un proceso que inició el 26 de junio de 2024 tras la publicación del acuerdo ejecutivo que ordenó abrir el concurso público para asignar espectro radioeléctrico en AM, FM y televisión abierta.
Controversial
Se trata del primer concurso de este tipo que se realiza en Costa Rica y comprende la concesión de segmentos para radio y televisión abierta. La Sutel elaboró los pliegos de condiciones bajo tres expedientes.
El plazo quedó vigente luego de que la Contraloría General de la República declaró sin lugar los 29 recursos de objeción presentados el 29 de octubre. El proceso ha generado controversia desde su anuncio debido a los precios base establecidos para participar.
Estos montos van desde $24.545 para una frecuencia FM en la región Chorotega hasta $1.601.786 para televisión con alcance nacional. En radio FM, los precios varían según el ancho de banda y la región. En radio AM, los montos para concesiones nacionales oscilan entre $9.653 y $28.959.
Las tarifas han sido cuestionadas por concesionarios actuales, cámaras empresariales y representantes académicos. Varias emisoras han anunciado que no participarán por considerar los costos y requisitos técnicos imposibles de asumir.
Entre ellas, la Cadena Radial Costarricense (CRC) y Radio Musical, que calificó las condiciones como "ruinosas" y contrarias a la realidad operacional del país. Otras empresas, como Teletica y Repretel, sí competirán por las frecuencias.
La Universidad de Costa Rica también manifestó preocupación por los efectos del procedimiento en la libertad de expresión y el pluralismo mediático. El Consejo Universitario acordó instar al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y a la Sutel a suspender precautoriamente.
El proceso, además, se encuentra judicializado, pero la Sutel debe continuar con la subasta mientras no exista una orden judicial que la detenga. De mantenerse el cronograma, podrían nombrarse nuevos concesionarios entre febrero y abril del próximo año.
La Cámara Nacional de Radio (Canara) mantiene dos procesos en el Tribunal Contencioso Administrativo, con medidas cautelares que permiten a los concesionarios seguir operando hasta que haya una sentencia o se asignen nuevas concesiones.
Esta semana, la Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel) presentó otra demanda solicitando la suspensión de la licitación y una medida cautelar que permita a sus asociados operar por al menos cinco años más.
Tras el cierre del plazo, la Sutel iniciará las etapas de revisión: admisibilidad (20 días hábiles), publicación de ofertas económicas, fase de puja adicional, análisis técnico y económico, y aprobación final por parte del Consejo de la Sutel antes de remitir los resultados al Micitt.
Las frecuencias asignadas a la UCR, la UNED, el SINART y el ICER están excluidas del proceso debido a sus concesiones especiales establecidas por ley.