Japdeva confirma: proyecto de marina en Limón ni siquiera ha sido presentado a la Contraloría
Proyecto se gestó desde la administración del expresidente Carlos Alvarado
La Junta de Administración Portuaria para el Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) desmintió la versión del presidente Rodrigo Chaves, de que la Contraloría General de la República (CGR) había frenado el proyecto de la Marina y Terminal de Cruceros en Limón, pues este ni siquiera se ha dado en licitación ni ha sido presentado ante la entidad contralora.
El pasado 16 de abril, Casa Presidencial convocó a la actividad "Trabas para Limón" en el Parque Vargas en el centro de la ciudad caribeña. Durante la actividad, Chaves aseguró que la Contraloría estaba entrabando el proyecto.
La Contraloría lo desmintió y ahora también la propia Japdeva.
Tras consulta realizada por CRHoy.com, la institución estatal caribeña respondió que "no se ha firmado el proyecto de la Marina y Terminal de Cruceros" ni tampoco tocó aún las puertas del órgano contralor.
De acuerdo con la máxima sede del Poder Ejecutivo, la nueva Terminal de Cruceros se creó con el espíritu de generar empleo, desarrollo, atracción de inversiones, una transformación urbanística y cerca de 23.000 fuentes directas e indirectas.
No hay proceso de licitación ni concurso
La respuesta de Japdeva resulta contraria a lo plasmado por Chaves a mediados de abril para referirse al asunto de la Marina y Terminal de Cruceros en Limón en el sentido de que el Gobierno habla de pausa al proyecto cuando ni siquiera se envió la consulta para análisis del órgano contralor.
La entidad portuaria enfatizó que no existe un proceso de licitación o concurso, dado que el proyecto aún no se encuentra en esta etapa. Precisamente, el hecho de que se pida una licitación es lo que inquietó al mandatario de la República.
Consultado sobre si está considerando a alguna firma para realizar el proyecto, sostuvo que ninguna. Hoy en día trascendió que son 11 empresas internacionales están interesadas en el proyecto marítimo.
"Japdeva realizó un proceso de exploración de mercado, conforme le faculta el artículo 14 del reglamento de alianzas estratégicas de Japdeva, con el objetivo de que se pueda identificar los socios potenciales (apegados a lo que también establece el inciso a) del artículo 13 del Decreto Ejecutivo No. 43808-H, Reglamento a la Ley General de Contratación Pública). A la fecha existen 11 empresas interesadas en poder desarrollar el proyecto", detallaron desde la Oficina de Comunicación de la entidad portuaria.
El proyecto fue puesto sobre la mesa de discusión en 2008 en el Plan Maestro Portuario elaborado por la consultora neerlandesa Royal Haskoning DHV y retomando con mayor fuerza desde 2019, durante la Administración Alvarado Quesada (2018-2022). El planteamiento se retomó en el actual gobierno.
La empresa estatal firmó el contrato para iniciar los estudios de prefactibilidad y factibilidad desde el 6 de mayo de 2021 con recursos otorgados por el fondo de preinversión del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).
Criterio contralor
La Contraloría General de la República (CGR) desmintió al Gobierno desde el 16 de abril sobre el proyecto de la marina y recalcó que hasta el momento no se emitió ningún comentario acerca del plan en discusión.
El órgano contralor detalló que está analizando una denuncia contra Japdeva por emitir el Reglamento de Alianzas Estratégicas, en la cual aparentemente "violenta las normas de contratación pública" debido a que se crean nuevas excepciones a las establecidas legalmente.
Algunos de los puntos analizados por la Contraloría General de la República fueron los siguientes:
- Su obligación de regular reglamentariamente y recurrir a la figura de alianzas estratégicas conforme los límites establecidos por el ordenamiento, de tal forma que no podrá ser utilizada para suplir infraestructura, conforme las mismas normas que autorizan la excepción de alianzas estratégicas y el marco normativo relacionado con concesiones y alianzas público-privadas.
- Valorar la posibilidad de recurrir a cualquier figura habilitada para efectos de suplir bienes, servicios y servicios de construcción conforme al principio constitucional de licitación.
- Velar porque las alianzas estratégicas y las alianzas público-privadas sean siempre usadas dentro de los alcances del marco normativo.
- La procedencia de una alianza estratégica como alternativa no exime la posibilidad de observar los sistemas de contratación pública y control interno.