Jefe de PLN detalla razones que decisión de Sala IV no es “golpe de Estado”

31 de Jul. 2026 | 8:11 pm

Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, explicó en Telenoticias las razones por las que no considera un "golpe de Estado" la decisión de la Sala Constitucional de prorrogar provisionalmente el nombramiento de los magistrados suplentes mientras la Asamblea Legislativa resuelve su elección. Sus declaraciones las brindó durante un debate con Nogui Acosta, jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

El diputado intervino luego de que el periodista Rodolfo González les preguntara a ambos si la decisión de la Sala IV generaba ese escenario.

"En un Estado costarricense donde hay una independencia de los poderes, todos los costarricenses vivimos en libertad y esto no es un golpe de Estado, esta es una resolución para poder darle continuidad a un servicio esencial para la calidad de vida de los costarricenses, que es garantizarle seguridad constitucional.

Ramírez puntualizó que esta situación es responsabilidad del PPSO por no avanzar con el tema, el cual, según dijo, está trabado desde diciembre de 2025.

Los derechos fundamentales de los costarricenses son los que están en peligro porque Pueblo Soberano se ha negado constantemente a nombrar magistrados suplentes, eso ha hecho es que hay 123 casos que no se han podido resolver y se siguen acumulando, hay personas cuyas vidas depende de que la Sala Constitucional resguarde su derecho, por ejemplo, a la salud, medicamentos, operaciones quirúrgicas.

Luego comentó que esta situación formaría parte de otras decisiones para debilitar al Poder Judicial, entre ellas, recortarle el presupuesto para 2026 y 2027, incluso los recursos destinados a su funcionamiento, como el pago de viáticos para los agentes, la compra de combustible para las unidades y el apoyo a familias de escasos recursos en procesos judiciales.

El debate surgió luego de que la presidenta Laura Fernández anunciara este viernes que el próximo lunes 3 de agosto denunciará a los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García ante la Secretaría de la Corte Plena por el supuesto delito de prevaricato, tras votar a favor de prorrogar temporalmente el nombramiento de los magistrados suplentes.

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