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Jueza no ordenó a ministro cambiar policías de una cárcel a otra

Ministerio de Justicia mostró resolución que dicta otra cosa

Por José Adelio Murillo | 22 de Jul. 2024 | 12:39 am

Gerald Campos, cabeza del ministerio de Justicia a cargo de las cárceles del país y Rodrigo Chaves, presidente de la República, señalaron falsamente que una jueza les ordenó mover policías penitenciarios de un centro a otro.

Durante la conferencia de prensa conducida por el mandatario, el pasado miércoles 17 de julio, ambos hablaron sobre una resolución emitida por una funcionaria del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, sobre el Centro de Atención Institucional (CAI) Luis Paulino Mora, ubicado en el complejo La Reforma, en el cantón de San Rafael.

La conversación entre ambos fluyó así:

Ministro de JusticiaAcabamos de ser notificados de una jueza de Ejecución de la Pena, que nos ordena en el plazo de 2 meses nombrar 15 policías penitenciarios para un centro. 

Nosotros administramos los recursos, distribuimos conforme a una lógica en seguridad. Y la jueza nos ordena que en dos meses tengo que quitar 15 policías de un centro y trasladarlos al que ella quiere. Eso es coadministración. 

Mandatario ChavesLe está diciendo quítelos de ahí y me los pone ahí, eso es administración, es no es coadministración. 

Ministro de JusticiaExacto señor. Ahí va a quedar en el papel porque yo no puedo ser irresponsable.  

Mandatario Chaves interrumpe: ¿Pero qué fundamento usa?

Ministro de Justicia: Una orden simple.

Mandatario Chaves: No, pero tiene que decir "en vista de".

Ministro de JusticiaNo, dice que como hacen falta policías en el Sistema Penitenciario, dótelos en 2 meses. 

Mandatario Chaves: ¿Y no sabe ella que para formar un policía se requiere un año mínimo para el curso básico policial? ¿Entonces ahora los jueces pueden ordenarle a alguien hacer magia?

Ministro de JusticiaExacto.

Mandatario ChavesAh, qué lindo Costa Rica.

Las inexactitudes

En su intercambio durante la conferencia de prensa, tanto Chaves como Campos emitieron una serie de imprecisiones que quedan aclaradas con la lectura de la resolución judicial a la cual el jerarca hizo referencia y que mostró posterior a sus declaraciones.

1. No se ordenó traslado de oficiales

El ministro de Justicia aseguró públicamente que la jueza impuso a él "quitar 15 policías de un centro y trasladarlos al que ella quiere". Seguidamente, Rodrigo Chaves afirmó que la juzgadora pidió quitar los funcionarios de un lugar para ponerlos en otro.

Sin embargo, la resolución no habla de traslados o movimientos de personal de un lado hacia otro centro. Por el contrario, el documento dice textualmente:

Se ordena al viceministro de Justicia y Paz y a Juan Carlos Arias Agüero, director general de Adaptación Social que en el plazo de dos meses procedan a dotar, al menos al cincuenta por ciento de lo recomendado de personal de seguridad. 

Es decir, la resolución señala que como la misma Policía Penitenciaria reconoció que le faltaban 30 funcionarios,  se debe rellenar ese hueco, debido a que la ausencia de efectivos provoca un riesgo y afecta la capacidad operativa. En segunda instancia, no se menciona directamente al jerarca Campos.

2. La orden judicial sí tenía fundamento

Cuando el mandatario le preguntó a Gerald Campos durante la conferencia, en qué se basó la jueza para ordenar la incorporación de más policías penitenciarios, el ministro dio a entender que no había fundamento. Incluso, el Chaves volvió a insistir en la pregunta y el jerarca dijo que no se detallaban las razones.

Sin embargo, tal y como consta en la misiva, fue la misma Policía Penitenciaria la que advirtió de 30 efectivos para dar abasto en ese centro del complejo La Reforma. Pese a ello, la jueza ordenó dotar de la mitad de funcionarios necesarios, es decir, 15. Así lo muestra la resolución:

Sobre la falta de personal policial: Ha informado Juan Manuel López Arias, Jefe Policial del CAI Luis Paulino Mora Mora que el Centro Penal cuenta con un total de 183 policías, 90 de la escuadra A, 89 de la escuadra B y cuatro con horario de 5 por 2, y lo que requiere el Centro Penal es un total de 212.

Quedando un faltante de 30 plazas. Este hueco en el personal de seguridad produce no solo atenta contra la Seguridad Institucional sino que causa una afectación en la capacidad operativa y funcional del Centro en actividades deportivas, atención técnica, salidas médicas.

Ya sabían

Las órdenes fueron emitidas por la jueza el 8 de julio anterior y notificadas posteriormente. Pero a pesar de las declaraciones del jerarca Gerald Campos, esta situación no es ajena el sistema penitenciario.

Fue el Ministerio de Justicia quien entregó varios meses tarde, un informe que había pedido el Juzgado de Ejecución de la Pena sobre la situación del CAI Luis Paulino Mora. Desde el 27 de setiembre de 2023, se ordenó aportar en 2 meses, un informe sobre algunas carencias de dicha cárcel.

Las autoridades penitenciarias lo enviaron fuera de plazo y en la respuesta, es que la jueza ordenó compensar la falta de personal. Cita la resolución:

En aquella oportunidad se ordenó al Director del Centro de Atención Institucional Paulino Mora Mora, a la Dirección General de Adaptación Social, a la Dirección de la Policía Penitenciaria y a la Directora del Instituto Nacional de Criminología que en plazo de dos meses informará:

"… 1. Un informe del departamento de arquitectura sobre las condiciones de infraestructura del todo el Centro Penal. 2. Se aborde de forma inmediata el problema de fuga de aguas negras detrás de los módulos de oportunidades. 3. Informe la Dirección de la policía penitenciaria la situación de la falta de personal del Centro Penal4. Informe la Dirección del Instituto Nacional de Criminología la falta de personal en la Sección de derecho. 5. Se solicita la Ministerio de Salud realice una inspección del centro para que verifique las condiciones del salubridad del Centro….".

La Autoridad Penitenciaria fuera del plazo ha informado (…).

La jueza, además de ordenar la dotación de 15 policías penitenciarios, obligó a las autoridades a ejecutar un estudio de vulnerabilidad sísmica.

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