Juicio contra Otto Guevara: defensa pide absolutoria y alega persecución política
Defensa señala que prueba internacional de Hong Kong no puede ser admitida
Juicio contra Otto Guevara
(CRHoy.com).-La defensa legal del exdiputado Otto Guevara pidió la absolutoria del político en un debate que se desarrolla en el II Circuito Judicial de San José.
Durante la etapa de conclusiones, el representante legal de Guevara, Federico Campos, dijo que el caso se da por una persecución política tras una rivalidad entre Guevara con la exfiscala Emilia Navas.
También afirmó que el Ministerio Público tuvo acceso a cuentas bancarias en Hong Kong e Islas Vírgenes sin el aval de un juez.
"Todo lo que vino de Hong Kong y todo el tema de las transferencias no se puede utilizar. Es un gravísimo error", comentó el abogado Federico Campos.
El representante legal desacreditó los cargos que se le acusan a Guevara: 4 presuntos delitos de falsedad en las declaraciones que debía hacer como diputado (2014-2018) ante la Contraloría General de la República (CGR).
Campos, inclusive, calificó la declaración de un funcionario del ente contralor como "un invento", pues sostiene que no hay un estatuto legal en donde se exprese claramente que Guevara debía declarar que era director de una sociedad en el extranjero.
También manifestó que se trata de un error de interpretación de la Fiscalía, la Procuraduría ya Contraloría.
El abogado de Guevara expuso por más de 2 horas esta tarde y señaló que durante el debate se aclaró que desde el 2013 el exdiputado se desvinculó de la sociedad y le cedió las acciones a su expareja en un contrato de divorcio.
El abogado penalista, también, aseguró que estas acciones datan del 2011, "mucho antes de que fuera abogado" y arremetió contra la Fiscalía, ya que la omisión no se puede considerar un delito de falsedad.
Federico Campos cuestionó que se abrió un proceso penal sin que la CGR emitiera una prevención como lo hace con otros funcionarios.
"No hubo prueba directa ni hay prueba suficiente para demostrar una culpabilidad. La interpretación del fiscal ha sido forzadísima", expresó Campos.
La defensa pidió la absolutoria por atipicidad y por duda razonable.
La semana pasada, la Fiscalía solicitó que se dictara una pena de 3 años de prisión y la inhabilitación de cargos públicos por 9 años. Por su parte, la Procuraduría estimó el daño social en 10 millones de colones.
El juicio llegó a la etapa final y ahora el Ministerio Público tiene derecho a solicitar una réplica de las conclusiones y posteriormente, durante esta semana, se dictaría la sentencia.
