Juicio por caso de la trocha ya tiene nueva fecha programada
Audiencia oral y pública está programada entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de 2024
El juicio por el caso ‘la trocha' fue programado para realizarse entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de 2024, según confirmó el Poder Judicial tras consulta de CRHoy.com.
La audiencia oral y pública tendrá lugar en el Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José en el cantón de Goicoechea.
El caso, catalogado como el primer mega caso de corrupción de obra vial, sumó dos reprogramaciones durante marzo y abril de 2023.
El 27 de marzo de 2023 debió arrancar el juicio, sin embargo, uno de los abogados de los imputados defendió en el pasado a los jueces Franz Paniagua y Alfredo Arias en un proceso judicial desde 2019.
Eso hizo que las autoridades judiciales debieran recusarse alegando transparencia, además de que no se afectara la objetividad a la hora de conocer y resolver mejor el caso.
El 24 de abril de 2023 se reprogramó, pero otros dos elementos incidieron para que el caso aún se mantenga en pausa.
El primero de ellos fue la solicitud de inhibitoria del juez Jorge Arturo Tabash Forbes, quien adujo contar con un "vínculo de amistad" con una de las representaciones legales del caso, para lo cual él consideró que eso representaría un posible conflicto a la hora de ejercer sus funciones.
El otro caso fue un accidente de tránsito que sufrió el exfuncionario del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) de apellidos Ramírez Marín, el cual fue arrollado por un automóvil mientras viajaba en motocicleta el día 17 de abril.
Eso hizo que el imputado debiera ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital del Trauma por un problema en su muñeca derecha.
11 años en espera
El caso de la trocha se dio a conocer ante la opinión pública el 4 de mayo de 2012 cuando la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, convocó a una rueda de prensa para denunciar los presuntos actos ilegales.
La administración Chinchilla Miranda planteó la posibilidad de construir la ruta nacional 1856 en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua como parte de una posible solución tras darse a conocer la invasión del país vecino a Isla Calero en octubre de 2010.
El Ministerio Público acusó en 2017 a 26 personas y solicitó sobreseimiento tanto para la expresidenta Chinchilla, el exvicepresidente Luis Liberman y el exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Francisco Jiménez.
El Juzgado Penal de Hacienda finalmente dictó un acto de apertura a 13 de los acusados, entre ellos, el exdirector de Conavi de apellido Acosta Monge; los exfuncionarios del órgano adscrito del MOPT, Serrano Alvarado y Ramírez Marín, los supervisores de apellidos Mesén Vargas, Agüero Gamboa y Mora Barrantes; los empresarios Castillo Villalobos, Baralis Crosetti, Herra Alfaro, Soto Campos y Méndez Méndez; así como dos mujeres de apellidos Alvarado Víquez y Morera Fernández.
La pieza acusatoria consta de 400 hechos, de los cuales 140 se le atribuyen a quien sufrió el percance vial en abril anterior.
De esas 140, 122 corresponden a supuestos delitos de peculado, uno producto de la influencia contra la Hacienda Pública, 15 por cohecho y 3 por supuesto enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con el Ministerio Público, se procedieron a recopilar facturas vinculadas con posibles ilegalidades cobradas por ¢1.234 millones al Conavi, pero únicamente se cancelaron ¢639 millones por parte de la entidad, por lo que se tiene desconocimiento sobre el paradero del monto faltante.
La Procuraduría General de la República estableció un reclamo por ¢965 millones por impacto social, así como el cálculo de un peritaje de actuario matemático.
