Justicia por descalabro de la trocha aún está en el congelador
Acusación fue planteada en enero de 2017; aún no hay fecha para audiencia preliminar
Casi 20 meses han pasado desde que la Fiscalía General decidió acusar el polémico y mediático caso de la trocha fronteriza.
La acusación llegó 5 años después de que se abriera el expediente penal. Sin embargo, todo apunta a que habrá que esperar más tiempo, pues hasta este 8 de setiembre no había fecha para una audiencia preliminar que resuelva si la causa se encamina –o no- a un juicio.
El 17 de enero de 2017, la Fiscalía General -encabezada por el entonces jerarca Jorge Chavarría Guzmán- presentó la acusación por la polémica obra. En total, 26 personas fueron señaladas.
¿Quiénes figuran? Funcionarios públicos, inspectores aparentemente falsos, así como empresarios y familiares.
El caso analizó posibles delitos de peculado, cohecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia contra la hacienda pública y legitimación de capitales.
La polémica obra fue desarrollada desde 2010 por el gobierno de Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), mediante un decreto de emergencia nacional ante la disputa fronteriza con Nicaragua. Sin embargo, nunca se concluyó en su totalidad y dejó de ser una prioridad para el Ejecutivo.
Según cálculos hechos por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) el perjuicio económico que sufrieron las arcas estatales supera los ¢1.200 millones.
De acuerdo con la investigación, habría existido un nexo delictivo de confianza entre funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y un grupo de empresarios con el único afán de saquear las arcas estatales.
Más allá de la acusación planteada, tanto el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia confirmaron -mediante correos electrónicos separados- que aún no hay fecha para la audiencia preliminar.
¿La razón? La cantidad de imputados, los numerosos abogados participantes y la agenda del Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José dificultan la fijación de la fecha.
Procuraduría reclamó
En octubre del año pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) estimó en ¢968 millones (más de $1.7 millones) el daño social provocado por este caso.
En principio, el monto se cifró en ¢640 millones, pero tras una serie de análisis matemáticos y contables hechos mediante un peritaje incrementaron en más de ¢300 millones ese monto.
Lo estimado por la PGR representa el daño material, el daño social causado por los imputados, los intereses de esas sumas y los costos del proceso.
El nexo
Según la acusación planteada por la fiscalía, 3 funcionarios del Conavi -entre ellos el exdirector apellidos Acosta Monge- habrían establecido un plan delictivo junto con varios empresarios de construcción para apropiarse de fondos públicos destinados a la obra.
Aparentemente, los funcionarios de Conavi y los empresarios formaron un contubernio para que los segundos presentaran documentación falsa y cobraran por trabajos no realizados. El aval era dado por los empleados estatales.
Los delitos se consumaban cuando la maquinaria trabajaba en una zona determinada para una empresa, mientras otra compañía distinta era la que cobraba por los supuestos trabajos hechos con esa misma maquinaria.
En otros casos, una empresa presentaba la misma maquinaria trabajando en 2 lugares distintos y en una misma hora. En otros, se presentó un cobro de alquiler de maquinaria que no existió. Todo esto amparado a declaraciones aduaneras falsas.
De igual forma, se cobró por el alquiler de maquinaria que no fue nacionalizada, es decir que estaba fuera del país al momento de los trabajos. "Se hicieron cobros por maquinaria que nunca trabajó o por tarifas mayores a las establecidas", señaló la acusación planteada en enero de 2017.
En principio, el proyecto de 160 kilómetros – dividido en trayectos – a lo largo de la frontera con Nicaragua estuvo valorado en ¢20 mil millones.
Como el expediente penal se abrió en 2012, la prescripción regirá a partir de 2022.
[accordionset][accordionx heading='Lista de imputados']
Funcionarios públicos:
Acosta Monge
Serrano Alvarado*
Ramírez Marín*
Imputados que simulaban ser inspectores del Conavi:
Mesén Vargas
Agüero Gamboa
Mora Barrantes
Empresarios:
Castillo Villalobos*
Baralis Crosetti*
Herra Alfaro
Soto Campos
Montoya Rodríguez
Jiménez Alfaro
Arias Herrera
Soto López
Carranza Amores
Campos Cordero
Herrera Barrantes
Pérez Salas
Arias Quesada
Herrera Chacón
Mena Loaiza
Herrera Chacón
Campos Vindas
Méndez Mendez
Esposas de imputados:
Alvarado Víquez, esposa del imputado Ramírez Marín, funcionario público
Morera Fernández, esposa de Mesén Vargas, persona que simulaba ser inspector del Conavi.
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