Juzgado ordena valoración psiquiátrica a Abelino Esquivel tras alegar “problemas de salud mental”
Hizo alegato para retrasar juicio
Diputado Abelino Esquivel (Foto archivo).
(CRHoy.com) El Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de San José, ordenó realizar una valoración psiquiátrica al exdiputado Abelino Esquivel y a su esposa de apellido Cortés, para determinar si pueden o no enfrentar un juicio en su contra con el delito de concusión.
Así se detalla en una resolución de dicho Tribunal del 11 de mayo, de la cual CRHoy.com tiene copia.
De conformidad con el artículo 87 inciso d) del Código Procesal Penal, y previo a convocar nuevamente a debate, se realice la valoración psiquiátrico forense de ambos encartados con el fin de que los profesionales forenses de esta institución determinen si pese a la afectación que adolecen ambos justiciables por la situación experimentada, se encuentran o no en capacidad de enfrentar el JUICIO ORAL Y PÚBLICO que debe celebrarse en este asunto, si conservan sus capacidades cognoscitivas y volitivas intactas, si son capaces de comprender el carácter lícito o ilícito de sus actos, indica la resolución mencionada.
El pasado 9 de mayo CRHoy.com reveló que el abogado de Esquivel, Celso Gamboa presentó ante dicho Tribunal dos dictámenes médicos donde se señala “problemas de salud mental” de ambos acusados con un respectivo reposo de 30 días a partir del 5 de mayo pasado.
El juicio debía reanudarse el 22 y 26 de mayo.
La razón, indica el documento, “un duelo prolongado” debido al homicidio de la hija de ambos ocurrido el año pasado.
La hija de Esquivel, de 22 años, fue asesinada en febrero del 2022 en Limón.
Precisamente, el juzgado justifica esta decisión luego de recordar que es la segunda vez que los imputados alegan problemas de salud mental para retrasar el juicio.
Cobro a asesores
A Esquivel y su esposa se les acusa por supuestos cobros que realizó a sus asesores legislativos en 2017.
En la causa en cuestión, a la que se le asignó el expediente 20-000068-0951-PE, Esquivel Quesada figura junto a su esposa, como sospechoso de presunta concusión.
El artículo 355 del Código Penal castiga con entre 2 y 8 años de cárcel dicho delito, que refiere al momento en que un servidor público abusa de su calidad o de sus funciones, al obligar o inducir a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial.
La pareja fue separada de un primer juicio celebrado en enero de 2021 debido a una orden sanitaria por COVID-19.
El debate continuó contra la hermana del excongresista del Partido Renovación Costarricense (PRC), Wray Esquivel Quesada, quien fue encontrada culpable de tres cargos de concusión y uno de enriquecimiento ilícito.
Esta última laboró como jefa del despacho del exparlamentario y quien debía realizar los cobros irregulares.
Por lo anterior, se le impuso la pena de 9 años de prisión y una inhabilitación por el mismo período para ejercer cargos públicos.
En el caso particular de la hermana de Esquivel Quesada, se determinó que realizó cobros de hasta 575.000 colones mensuales a los asesores de la Asamblea Legislativa.
La Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República acusó el 7 de setiembre de 2018 al exlegislador a cuatro cargos de presunta concusión y uno de supuesto enriquecimiento ilícito; mientras que a la esposa del excongresista le achacó dos cargos de aparente concusión y uno de presunto enriquecimiento ilícito.
