“La batalla contra el crimen organizado se gana en las aulas”
Aunque los gobiernos suelen reaccionar con políticas públicas reactivas y opresión policial, impulsadas por el cansancio de la población ante la violencia visible, la realidad es que la mejor batalla contra el crimen organizado no se libra en las calles, sino en las aulas.
Pablo Zeballos, exoficial de Carabineros de Chile y consultor internacional especializado en crimen organizado transnacional, terrorismo, narcotráfico y economías ilícitas en América Latina, considera que las verdaderas "fuerzas especiales" de esta batalla son los docentes.
Mientras un país no fortalezca esas "fuerzas especiales" y no logre que los niños permanezcan en el sistema educativo, la batalla estará perdida.
Esta situación resulta especialmente preocupante para Costa Rica, un país que históricamente se distinguió por su inversión social, pero que actualmente enfrenta un deterioro en esta materia, con graves problemas en el sistema educativo, así como limitaciones presupuestarias para fortalecer a la Fuerza Pública y al sistema de justicia.
Zeballos explica que la evolución del crimen organizado, desde un fenómeno local hasta uno transnacional, sigue una secuencia lógica compuesta por tres etapas.
La primera es la intimidación, la fase más violenta de todas. Se caracteriza por un aumento de los homicidios derivados de disputas por el control de territorios, rutas del narcotráfico o economías ilícitas.
Cuando una organización criminal gana esa disputa y consolida el control de un territorio, los homicidios tienden a disminuir. Esto suele convertirse en una "trampa" para los gobiernos, que celebran la reducción de asesinatos sin advertir que, en realidad, la delincuencia ya tomó el control de la zona.
Luego aparece la fase de control territorial, que se refleja en variables como la deserción escolar, el ausentismo de niños y adolescentes, la intimidación contra las familias y, principalmente, la extorsión.
La tercera y más grave es la penetración del tejido social. Una vez que domina un territorio y asegura una ruta de operación, la organización criminal ya no necesita recurrir constantemente a la violencia letal. En su lugar, comienza a infiltrarse en el tejido social, la política y otros ámbitos de la vida nacional.
Actualmente, Costa Rica atraviesa una situación especialmente delicada. Durante los últimos cuatro años ha registrado las cifras de homicidios más altas de su historia. El país presenta una tasa de asesinatos elevada, con regiones que incluso superan los niveles de países altamente conflictivos.
Para Zeballos, esta violencia constituye un síntoma del proceso de penetración que experimenta el país.
Pablo Zeballos, experto en análisis de crimen organizado
Triángulo del crimen organizado
Zeballos explica que para que el crimen organizado se establezca en un país deben ocurrir tres condiciones, las cuales conforman el denominado "triángulo del crimen organizado".
La primera corresponde a las economías ilícitas. Entre ellas figuran la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de flora y fauna, el contrabando y el narcotráfico. Aunque Costa Rica no produce cocaína, su vecino Colombia sí lo hace a gran escala.
Además, Costa Rica ofrece una ruta logística estratégica que conecta el océano Pacífico con el Caribe mediante puertos y carreteras que, en muchos casos, presentan controles insuficientes.
La segunda condición es la existencia de organizaciones criminales capaces de explotar esas economías ilícitas de forma sostenida.
Estas organizaciones requieren construir una "marca" que genere temor en la población —como ocurre con la figura de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, en Costa Rica— y asegurar la continuidad de sus operaciones mediante el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
La tercera condición corresponde a factores sociales que favorecen el desarrollo del fenómeno, como la insuficiente protección policial, la deserción escolar, la falta de oportunidades laborales formales y el crecimiento de la economía informal.
A criterio de Zeballos, Costa Rica cayó en una falsa sensación de seguridad que impidió adoptar las medidas preventivas necesarias para contener la penetración del crimen organizado, permaneciendo encapsulada en una burbuja dentro de una región con una realidad muy distinta.
Organismos internacionales señalan que existen 15 mercados criminales prioritarios en el mundo, de los cuales 12 se encuentran en América Latina y el Caribe.
"Eso significa que las condiciones están presentes en toda la región; no hay ningún país aislado. En mi país, Chile, también creíamos que éramos distintos y nos golpeó; Uruguay pensaba que era diferente y hoy también enfrenta ese problema; Costa Rica siente que es diferente y tiene una tasa de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual es muy, muy grave", afirmó Zeballos.
Control carcelario clave, pero no lo único
El exjefe policial sostiene que los grupos criminales más peligrosos surgidos en los últimos 60 años, en países como Brasil, Venezuela, Colombia y Ecuador, nacieron dentro de las cárceles.
Esto ocurre porque las organizaciones criminales logran controlar los centros penitenciarios a pesar de la presencia del Estado, convirtiéndolos en mercados altamente rentables, donde las drogas pueden costar entre tres y diez veces más que en la calle, mientras que un teléfono celular puede alcanzar un precio hasta 15 veces superior.
Quien ingresa a prisión sin pertenecer a una organización criminal termina obligado a pagar extorsiones diarias o a integrarse al grupo dominante.
Ante esta realidad, y debido a que muchos líderes criminales continúan dirigiendo sus estructuras desde prisión, surge la tentación de adoptar modelos altamente represivos y promover cárceles de máxima seguridad como la gran solución, al estilo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) impulsado por Nayib Bukele en El Salvador, una referencia que también ha surgido en el debate costarricense.
No obstante, Zeballos advierte que debe evitarse caer en discursos populistas de corte autoritario que presenten estas medidas como soluciones milagrosas, pues el verdadero fortalecimiento democrático pasa por mejorar las políticas públicas y atender las causas estructurales del problema.
Para proteger su democracia y mantener la respuesta dentro del marco institucional, Costa Rica debe fortalecer el control de los puertos, el sistema penitenciario, las fronteras y la protección de su biodiversidad.
