La compleja operación con criptomonedas que usó banda de secuestros para ocultar recompensas conseguidas
La banda integrada por 13 personas que ejecutó secuestros de empresarios a inicios del 2023 utilizó un método particular para exigir los pagos del rescate: solicitó en monedas Bitcoin, una de las criptomonedas más conocidas a nivel mundial.
Se trata de una moneda digital —no física— que opera sin control de bancos o gobiernos, mediante una red denominada blockchain (cadena de bloques), en la cual múltiples computadoras verifican y registran todas las transacciones. Es, en síntesis, dinero virtual protegido por tecnología avanzada y que no pertenece a ningún país.
El grupo ejecutó la retención del dueño de gimnasios Jorge Alberto "George" Angulo Solano y del exdirectivo bancario Jaime Guardián Moreno, hechos ocurridos en enero y julio de 2023.
Ambos secuestros se realizaron mediante un esquema de vigilancia, seguimiento y comunicación altamente coordinado, lo que provocó que el caso fuera tramitado como expediente de crimen organizado.
La utilización de monedas virtuales para ocultar los presuntos pagos del rescate es uno de los elementos que más llamó la atención del caso. La acusación de la Fiscalía, a la cual CR Hoy obtuvo acceso, muestra el nivel de sofisticación con que habría operado la estructura delictiva.
Previo al 6 de enero de 2023, la acusada Vilma Beatriz Vargas Arce, una de las supuestas integrantes de la estructura criminal, creó en la plataforma o casa de cambio virtual Binance una billetera digital ("wallet") destinada a recibir el pago de 10 monedas Bitcoin (BTC) o su equivalente en moneda fiduciaria (efectivo), estimado en ₡100 millones.
Al momento de los hechos, y con el objetivo de obtener la liberación de Angulo Solano, esta dirección virtual fue suministrada al grupo de secuestradores encargados de las negociaciones extorsivas —aún no identificados—, quienes a su vez se la entregaron al hermano del empresario, para realizar los depósitos.
Bajo amenaza constante y temiendo por la vida de su hermano, coordinó el pago. Según la acusación, el 6 de enero de 2023 efectuó dos transacciones: una cerca de las 13:16 p. m. por 8,0008 bitcoins y el segundo monto transferido fue de 2,00489 BTC, cerca de las 5:07 p. m.
La suma completó las 10 BTC solicitadas. Ese dinero habría sido recibido por la acusada Vargas Arce, quien mantenía el control de la billetera. Una vez recibido el monto, lo transfirió mediante dos movimientos desde la billetera creada por el también acusado Hernán Darío Acevedo Carmona.
En Binance, casa de cambio virtual, la primera operación fue el mismo 6 de enero cerca de las 7:52 p. m. por 2,94 BTC, aproximadamente ₡30 millones, y al día siguiente a las 10:30 a. m. movieron 7,05 BTC, equivalentes a ₡70 millones.
La Fiscalía sostiene que el 7 de enero de 2023, en un apartamento en Paseo Colón, San José, el acusado Miranda facilitó una dirección IP, registrada a su nombre, con la finalidad de ocultar y transmitir dinero derivado del secuestro.
Acto seguido, Acevedo Carmona convirtió los 10 BTC en Tether (USDT), una moneda digital de precio más estable. Luego distribuyó los fondos a diversas billeteras virtuales mediante tres transacciones adicionales, pasando montos entre los ₡28 millones y los ₡41 millones.
Finalmente, otro acusado, Jhon Andrey Sandoval Silva, habría recibido USDT, cerca de ₡472.000 también provenientes del rescate, "con la finalidad de encubrir y diluir el dinero producto del pago del secuestro por la liberación de Jorge Angulo", según la acusación.
Ese monto fue uno de los que fueron remitidos desde la billetera virtual a la cual Acevedo había transmitido previamente ₡29 millones.
Segundo secuestro
El segundo secuestro ocurrió a mediados de 2023, en Escazú, donde —aparentemente— el mismo grupo interceptó a Jaime Guardián Moreno, otro empresario exdirectivo bancario de 66 años, mientras conducía su vehículo.
Fue retenido bajo amenaza con armas y permaneció privado de la libertad durante tres días, hasta ser liberado en La Uruca. La familia igualmente tuvo que pagar el rescate en criptomonedas. El monto exigido fue 8 bitcoins o su equivalente en efectivo: ₡133 millones.
El 26 de junio de 2023, el acusado Yordin Alonso Jiménez Sibaja, con colaboración de Vargas Arce, creó una billetera virtual en Binance para recibir el pago por la liberación del Guardián Moreno.
El 28 de junio del 2023, al ser las 11:07 a.m. aproximadamente, miembros del grupo criminal encargados de las negociaciones extorsivas, desde un número telefónico y por medio de WhatsApp, le suministraron la billetera virtual al hijo de la víctima para que realizara el depósito del dinero solicitado, amenazándolo que de no hacer el pago, le darían muerte.
El 29 y 30 de junio de 2023, el hijo del empresario, de apellidos Guardián Castro, realizó tres pagos escalonados tras recibir amenazas por WhatsApp. El primero fue por cuatro BTC (equivalentes a ₡66,5 millones), el segundo por un BTC (₡16,6 millones) y el tercero por tres BTC (₡49,8 millones).
Los acusados Jiménez Sibaja y Vargas Arce recibieron los fondos y luego los transfirieron en cuatro movimientos a una billetera creada por Luis Diego Brenes Arce en Binance, según la Fiscalía.
Posteriormente, Brenes Arce convirtió los BTC a USDT y lo remitió nuevamente a Acevedo Carmona. Finalmente, este volvió a dispersar los fondos a diversas billeteras, incluidas las pertenecientes al acusado Sandoval Silva, quien habría dispuesto de las criptomonedas.
Estas transferencias se hicieron mediante tractos de monedas virtuales valorados entre los ₡13 millones y los ₡53 millones al tipo de cambio del momento de los hechos.
Finalmente, Acevedo transfirió por medio de varias transacciones el dinero recibido, a varias "wallets" creados por otros imputados, por montos menores como ₡7 millones.
Consultado por CR Hoy, el abogado Carlos Manuel Rivera, defensor de Sandoval, aseguró que su cliente no tiene relación con el secuestro ni tiene ningún ligamen con los perpetradores, sino que él se dedica a transar con monedas electrónicas y lo que adquirió fue un monto menor.
"No hay ninguna prueba que venga a relacionarlo a él con las demás personas. El Ministerio Público liga a tres personas con el secuestro extorsivo aunque nunca participaron de ningún tipo de secuestro, sino más bien estas personas son compradores habituales de Bitcoin, USDT y otras.
Ellos compraron en un momento determinado la moneda electrónica que según el Ministerio Público provenían del pago que hizo la familia por la liberación de las personas secuestradas en momentos determinados.
Estas personas tienen muchísimos años de comprar y vender moneda electrónica, esto no es un delito en Costa Rica. Cualquier persona puede abrir una billetera electrónica, comprar y vender moneda electrónica según sus posibilidades económicas.
La mecánica no lleva consigo conocer al cliente, no sabe quién lo vende, cómo consiguió el monto, no sabe si es producto de un delito. Esto hace prácticamente imposible que se pueda demostrar que alguno de estos compradores tuviera conocimiento de la procedencia ilícita", explicó el jurista.
Compleja operación
El análisis de las billeteras, las direcciones IP, registros de servidores y conversiones de criptomonedas fueron determinantes para comprender la ruta del dinero y atribuir responsabilidades individuales dentro de la organización.
Según el expediente, la estructura operaba con roles definidos, como captación de víctimas, negociación extorsiva, administración de billeteras digitales y dispersión de recursos para ocultar el origen ilícito.
El secuestro del dueño de una cadena de gimnasios y vecino de Rohrmoser, fue ejecutado por la organización criminal que aprovechó uno de sus desplazamientos hacia Jacó, Puntarenas, a inicios de enero del 2023.
Los sospechosos realizaron labores coordinadas de vigilancia y seguimiento durante el trayecto y en días previos, para asegurarse de que la víctima utilizara su vehículo y mantener control sobre sus movimientos.
El 5 de enero del 2023, cuando Angulo llegó a su gimnasio en San Pedro de Montes de Oca, hombres vestidos con ropa negra y chalecos con logos falsos del OIJ lo abordaron en el parqueo y lo sometieron con armas de fuego.
Fue introducido a la fuerza en un automóvil con placas falsas y privado de libertad. Durante el traslado, lo golpearon, lo encapucharon y lo amenazaron con fusiles y armas cortas.
La víctima fue movida por al menos tres sitios de cautiverio en la provincia de Cartago y zonas frías cercanas, donde se grabó un video intimidatorio para presionar por el pago del rescate. Los secuestradores utilizaron los teléfonos del ofendido para exigir inicialmente ₡300 millones, aunque finalmente acordaron su liberación por las 10 monedas Bitcoin (BTC) —cerca de ₡100 millones—.
El 6 de enero, tras recibir el dinero, los captores abandonaron a Angulo en Río Frío de Sarapiquí, donde fue auxiliado por vecinos. La estructura operaba con dos subgrupos: uno realizaba los secuestros y otro gestionaba los pagos en criptomonedas.
La investigación determinó el uso de al menos 19 celulares y 18 líneas durante las negociaciones extorsivas. Varios miembros del grupo fueron detenidos posteriormente en Jacó, donde vacacionaban tras el crimen.