La ruta 32 suma un apuro más: tramo final está en el limbo
Obras que realizará AyA obligan a sacar últimos 3 kilómetros del cronograma
(CRHoy.com). Los últimos 3 kilómetros del proyecto de modernización de la ruta 32, entre Río Frío y Limón, tienen al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) metido en un zapato.
A los múltiples obstáculos surgidos para la ampliación del corredor vial se suma un aspecto trascendental por resolver: la ejecución del tramo final de la obra, entre el cruce de Santa Rosa y el parque Vargas (en el centro del cantón).
Ese trayecto será a 3 carriles, con aceras y bahías de autobuses. Representa el punto final del proyecto a cargo de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC, por sus siglas en inglés).
El MOPT y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) decidieron sacar esos 3 kilómetros del cronograma de trabajos del contratista ¿La razón? Hace aproximadamente 1 año el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó sobre la necesidad de ejecutar 2 proyectos de magnitud relevante: la construcción del acueducto de Búfalo y la remodelación del alcantarillado del cantón central de Limón.
En 2017, cuando inició la construcción de la ampliación vial, el instituto no informó sobre estas 2 intervenciones y el anuncio tomó por sorpresa al ministerio.
La decisión de sacar los 3 kilómetros finales del cronograma busca evitar lo que ocurre muchas veces: que el MOPT y el Conavi remodelan alguna carretera e inmediatamente después el AyA rompe las rutas para colocar o cambiar tuberías.
"Esto venimos manejándolo nosotros desde hace más de un año. Tratamos de ver si lo podíamos incorporar a las tareas del Conavi en la carretera y no fue posible. Los procedimientos eran imposibles. Tuvimos que adoptar la decisión de acortar el proyecto en 3 kilómetros", reconoció Méndez.
Kenneth Solano, ingeniero encargado de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), explicó semanas atrás que el MOPT y el Conavi intentaron que el AyA transfiriera los fondos de las obras de acueducto y alcantarillado para contratar a CHEC y que no existieran más demoras. Pero, desde el punto de vista legal y administrativo, eso no era posible.
Tampoco prosperó la idea de conseguir un acuerdo tripartito entre el consejo, el instituto y CHEC que permitiera desarrollar los trabajos. De igual forma, se descartó legalmente la posibilidad de un convenio entre el Conavi y el AyA.
"Vamos a proponer una alternativa para evitar que eso se quede para después. Eso lo hablaremos cuándo estemos listos", expuso el ministro Méndez.
Entre las opciones disponibles la más viable sería construir el tramo final con recursos del Conavi, según reconoció el ingeniero Solano. Sin embargo, el objetivo es que no exista un desfase con el resto del proyecto.
Prorroga en camino
A finales de 2020 CHEC solicitó una prórroga de más de 400 días en la fecha de conclusión del proyecto. La compañía asiática fundamentó la gestión en atrasos en los diseños del puente sobre el río Destierro y en los accesos a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y a Moín.
Si el planteamiento es aceptado por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) la fecha de finalización de la obra se trasladará al mes de mayo de 2021.
La orden de inicio para las obras contempladas en 107 kilómetros se giró el 20 de noviembre de 2017 y la fecha de conclusión inicial estaba pactada para el 4 de octubre de 2020. En 2019 CHEC consiguió una prórroga que aplazó la finalización para el 27 de marzo de 2021, pero a 1 mes para ese día el avance físico en el proyecto si acaso supera el 32%.
El ministro Méndez Mata aseguró que la empresa recibirá una nueva prórroga para concluir la totalidad de la ampliación.
En el proyecto, que buscará que la carretera pase a 2 carriles por sentido) se invierten $465 millones. Unos $396 millones son financiados por el Eximbank de China, junto con una contrapartida nacional por $69 millones.
Mientras, otra contrapartida nacional por $78 millones financia trámites para expropiaciones, relocalización de servicios públicos y la contratación del gestor del proyecto, para un monto total de $543 millones.
