La voz que impulsa la petición para cerrar Uber y DiDi: “ya era necesario pasar a la acción”
Desidia de gobierno y diputados agrava pugnas por falta de regulación
Archivo CRH
(CRHoy.com). Casi 6 años sin que el Poder Ejecutivo y los diputados asuman la tarea y construyan una regulación sobre la operación de las plataformas tecnológicas de transporte de pasajeros fueron suficientes para que el asunto se convirtiera en una gigantesca bola de nieve que crece y crece.
A los años de reclamos y protestas de los taxistas "rojos" se les suma un nuevo evento que sacude la discusión: la junta directiva del Consejo de Transporte Público (CTP) acordó solicitar a la Procuraduría de la República (PGR) – representante legal del Estado- la presentación de una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) contra las empresas tecnológicas que ofrecen servicios no autorizados de transporte.
También, ese órgano urgió a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) solicitar a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para que bloquee las aplicaciones Uber, DiDi e InDriver.
El acuerdo se tomó en la sesión de junta directiva del pasado 23 de febrero y fue ratificado el día 2 de este mes, tras discutir un planteamiento hecho por la abogada Leda Mora Morales.
Mora Morales es la representante de los taxistas en la dirección de la entidad. Ella centró sus argumentos en que en Costa Rica sólo pueden brindar el servicio público de transporte remunerado de personas en la modalidad de taxi, las personas físicas o jurídicas que se encuentren autorizados mediante una concesión administrativa o permiso debidamente emitido por el CTP.
La abogada apunta a que la pandemia por el coronavirus COVID-19 agravó los impactos económicos sufridos por los taxistas y por eso consideró que es el momento oportuno de pasar de "los comunicados a la acción".
"Ellos (las plataformas) dicen que solamente son un medio de contacto y de comunicación entre el usuario y el conductor. Eso no es cierto. Determinan las condiciones. Para ellos es una actividad económica: les cobran una comisión a los conductores por esa intermediación (en transporte de personas), fijan las tarifas, ponen las condiciones a los conductores y al usuario. Quieren dar a entender que son un medio, pero son parte del sistema. Al ser una actividad regulada y al no contar con permiso de los entes que regulan la actividad, deviene en algo ilegal", expresó Mora.
Pese a las intenciones, Hay voces de expertos que señalan que ni la Aresep ni la Sutel tienen potestad para "bloquear" las aplicaciones y no encuentran sentido en la gestión.
Juan Manuel Campos, abogado especialista en telecomunicaciones, indicó que en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, suscrito en 2008, los servicios de información (como los que suministra Uber) están fuera de "la órbita del regulador sectorial". Es decir, bajo su óptica, la Sutel solo puede intervenir para fomentar la competencia y corregir prácticas anticompetitivas.
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Años de desidia
Uber funciona en el país desde el 21 de agosto del año 2015, cuenta con casi 29 mil conductores registrados y un promedio de 1 millón de clientes en todo el país. Mientras, DiDi comenzó a funcionar en noviembre de 2019.
Según el CTP, tras la proliferación de las plataformas, la cantidad de personas que ofrecen servicios de transporte informal de pasajeros en distintas modalidades asciende a las 50 mil.
Para el consejo, el mayor perjuicio de esta situación recae sobre los taxistas formales. En la actualidad existen 11.400 concesionarios de taxi, quienes desde que llegaron las plataformas vieron afectados sus ingresos.
Mora consideró que las propuestas de regulación planteadas previamente en la Asamblea Legislativa pretenden que las aplicaciones sean catalogadas como "una actividad privada fiscalizada por un ente público (CTP), lo cual bajo su óptica es contradictorio".
Según sus palabras, están anuentes a que la regulación permita coexistir a los taxistas con los choferes de plataformas, pero bajo un marco de "igualdad".
"Hay que arreglar esta desigualdad. No van a sobrevivir ni unos ni otros. ¿Cómo van a subsistir los de las plataformas que kilometrean y kilometrean un carro con viajes de 800 colones, cuando la gasolina está a 700 colones el litro? Los números no cierran", expuso Mora.
El consejo alegó que existe un riesgo que corren las personas a la hora de transportarse en un vehículo no autorizado. Por ejemplo,el no tener las pólizas que lo cubran en caso de un accidente o viajar en unidades que no van a una revisión técnica 2 veces al año (como los taxistas).
"Ya era necesario que pasáramos de los comunicados a la acción. Debemos defender la institucionalidad, el interés público y el general. Está de por medio el usuario. Al usuario lo que le interesa es el precio, pero a nosotros como ente regulador responsable (CTP) lo que nos interesa es el usuario. Que viaje en servicios con todos los requerimientos de ley para un eventual accidente o siniestro", detalló Mora.
Uber y DiDi rechazaron la intención de la junta directiva del consejo en pretender que se bloquee la operación ambas aplicaciones en el país.
"Rechazamos en todos sus extremos la solicitud del CTP y lamentamos que ponga en riesgo el sustento de miles de familias que hoy generan ingresos adicionales gracias a estas plataformas tecnológicas. Siempre hemos expresado nuestro interés de participar proactivamente en la discusión de la movilidad colaborativa, tanto a nivel legislativo como Ejecutivo", citó la compañía estadounidense, a través de un comunicado divulgado el fin de semana pasado.
DiDi, de capital chino, condenó la petición del ente estatal. Para la compañía es "improcedente y carente de sustento legal".
"Desde el punto de vista legal carecen de fundamento, pero también -y más grave aún- desconocen la realidad de miles de individuos y familias, así como las posibilidades que abre el avance tecnológico para la reactivación de la economía", refutó la empresa.
De momento, la PGR y la Aresep no han tomado un acuerdo definitivo tras las gestiones del consejo.
Acuerdo del CTP sobre plataformas
Los 6 puntos del acuerdo del CTP
- "Hacer un vehemente llamado a los dirigentes que representan a los conductores de vehículos particulares inscritos en las distintas plataformas tecnológicas para brindar un servicio público de transporte remunerado de personas, que no les ha sido autorizado por este Consejo, de abstenerse de fomentar este tipo de actividades en perjuicio del sector autorizado en esta modalidad.
- "Hacer un llamado a las autoridades de transito nacionales para que intensifiquen los operativos para combatir la prestación ilegal de servicios que brindan vehículos particulares a través de las plataformas tecnológica.
- "Hacer un llamado a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, para intensificar las labores de sanción a los diferentes conductores de vehículos privados, que presten este servicio de forma no autorizada.
- "Solicitar ante la Procuraduría General de la República como representante del Estado que se entable demanda formal ordinaria en contra las empresas que promueven y brindan de manera no autorizada el servicio público de transporte remunerado de personas en la "modalidad del taxi" mediante sus aplicaciones móviles y plataformas tecnológicas, a fin de que se resuelva el cierre definitivo de esas operaciones en el país, ante la omisión de estas empresas de cesar sus operaciones pese a las solicitudes presidenciales.
- "Solicitar al Regulador General de los Servicios Públicos de que le ordene a la SUTEL proceder a bloquear las indicadas aplicaciones, a saber, Uber Technologies Inc. (bajo la aplicación "Uber"), In Driver (bajo la aplicación "In Driver") y Didi Chuxing Technology Co (bajo la aplicación "Didi").
- "A efecto de lo anterior, se comisiona a la Dirección Ejecutiva, para que proceda a preparar todos los antecedentes necesarios para la realización de las peticiones a las diferentes autoridades y dirigentes antes mencionados".