Las inconsistencias de la ministra de Salud en interpelación ante la Asamblea Legislativa

(CRHoy.com) La ministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, se presentó este 6 de setiembre a la interpelación a la que fue convocada por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa.

La titular de Salud fue citada para referirse a la situación sanitaria que enfrenta el país, sobre todo con la alta ocupación con la que cuenta el Hospital Nacional de Niños (HNN) por menores con complicaciones de salud por virus respiratorios, incluyendo el SARS-COV-2.

Su participación estuvo marcada por choques con varios legisladores de partidos como el Frente Amplio y Liberación Nacional, en las que salieron a relucir algunas inconsistencias y faltas a la verdad.

La doctora Chacón aseguró, donde la comparecencia, que fue ella quien envió a los niños, de manera presencial, a los centros educativos. Sin embargo, sus declaraciones se alejan de la realidad, ya que fue durante la administración anterior que se tomó esa decisión.

"A pesar de haber abierto al país y a pesar de volver a llevar a los niños a las aulas, he disminuido las muertes, he disminuido los casos y he disminuido la cantidad de pacientes en cuidados intensivos. Díganme dónde está el pecado, sin tener el país encerrado", aseguró Chacón.

Lo cierto del caso es que esa medida fue adoptada por la administración Alvarado Quesada, desde enero de 2021, y fue anunciada por el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Salud, en cadena nacional el 8 de febrero, previo a la entrada a clases.

Lo mismo ocurrió con la apertura de comercios, que fue anunciada desde el 23 de febrero en conferencia de prensa, en la que se explicó la estrategia de apertura gradual que eliminó la restricción vehicular y amplió el aforo en los establecimientos al 100%.

La ministra Chacón volvió a argumentar la intención que tuvieron en eliminar la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19 en los funcionarios públicos, en su "preocupación" por los despidos que se estaban presentando en ese sector en empleados que rehusaran la vacuna.

De esa forma volvió a mencionarlo esta tarde en la Asamblea, cuando hablaba sobre el decreto del pasado 8 de mayo, en el que pidió, junto al presidente de la República, el criterio técnico y científico, de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) para argumentar la obligatoriedad del biológico.

"Claro que sí (estaba preocupada) al ver que se estaban despidiendo personas", aseguró este martes.

Sin embargo, al igual que en otras oportunidades, la jerarca no especificó las instituciones donde se echaron funcionarios por estos casos. Tampoco lo hizo en mayo anterior, cuando firmó el decreto.

Para esa oportunidad, Chacón detalló que tenía conocimiento de esta situación en instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Empero, consultados por CRHoy.com, dichas entidades descartaron despidos por rehusar la vacuna, aunque sí confirmaron procesos abiertos.

"A la fecha, el ICE no ha tramitado ningún despido sin responsabilidad patronal por causa de la no vacunación contra la COVID-19", destacó el ICE desde el departamento de Prensa Corporativa.

La titular de Salud aseguró en la interpelación de este 6 de setiembre que la decisión de la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19 recae sobre la CNVE, tal cual está estipulado en la Ley Nacional de Vacunación.

"Aquí los únicos que pueden decir si es obligatoria o no, es la Comisión Nacional de Vacunación, nadie más", recalcó en el Congreso.

No obstante, este criterio que hoy señala, dista mucho de la forma y el tono en el que dijo el pasado 3 de agosto, que la vacuna no era obligatoria tras la decisión que ella misma tomó como rectora en Salud, luego del criterio del departamento jurídico del Ministerio, por el nombramiento vencido de dos integrantes del órgano colegiado.

Lejos de esa misma aseveración que hizo en la interpelación, la ministra consultó con la Procuraduría General de la República (PGR) la posibilidad de derogar los acuerdos tomados por la CNVE, en materia de vacunación obligatoria en empleados públicos y menores de edad.

Aunque hoy la jerarca dice que envió a consulta todos los acuerdos tomados por el comité técnico desde que sesionaron sin el nombramiento dos de sus miembros, lo cierto es que en la respuesta de la PGR solo se habla de tres (en los que se acordó la obligatoriedad para funcionarios públicos y en el que se incluyó la vacuna del COVID-19 en el esquema básico tradicional para menores de edad). 

Chacón Madrigal faltó a la verdad al asegurar que ningún país sabía cuándo podrá adquirir las nuevas vacunas contra el COVID-19, específicas contra las cepas de ómicron BA.4 y BA.5.

Si bien afirmó que ya tuvieron comunicación con la compañía Pfizer para adquirirlas, dijo que no había una fecha clara para que estuvieran en el país. 

"Cuando Pfizer nos la facilite (el país tendrá esas vacunas) ya se las pedimos, no nos ha dado una fecha. Ningún país (tiene claro) para cuando (puede adquirirlas)", comentó ante la pregunta del diputado Óscar Izquierdo, de Liberación Nacional.

Pero, la realidad es que esas vacunas ya fueron aprobadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en Inglés) y con esto, el Departamento de Salud de Estados Unidos sí realizó la compra de 105 millones de dosis de Pfizer y 66 millones de Moderna. 

Incluso, las autoridades norteamericanas anunciaron la estrategia para la campaña de vacunación con esas dosis: personas que hayan tenido una infección reciente que esperen al menos tres meses después de su prueba positiva o de la aparición de los síntomas de COVID-19.

Estados Unidos anunció la vacunación para la temporada de otoño e invierno.