Las leyes que habrían violado Helio Fallas y Luis Guillermo Solís por hueco presupuestario
Así lo analiza el diputado Luis Fernando Chacón
Las leyes abundan en Costa Rica. Por eso hay una alta posibilidad de que altos jerarcas o funcionarios durante la administración Solís-Rivera, hayan incurrido en la violación de alguna por no presupuestar más de ¢600 mil millones en el presupuesto para este 2018.
El hueco financiero provocó que en julio la ministra de Hacienda Rocío Aguilar corriera a la Asamblea Legislativa, a presentar un plan de gastos adicionales por ese monto. El faltante de dinero es para pagar deudas que se vencían en este año.
Lo sucedido es similar a que una persona – a sabiendas de que tiene que honrar pagos – no lo contemple entre sus gastos futuros; porque esperaba ganarse un dinero extra para hacerle frente a las deudas ya adquiridas.
Luis Fernando Chacón, diputado de la Comisión de Ingreso y Gasto Público que investiga el tema y busca sentar responsabilidades, detalló que el foro legislativo rendirá informes sobre las actuaciones de los pasados jerarcas.
Cabe la posibilidad de que se le realicen observaciones dirigidas a la Contraloría General de la República, pues es la única institución que podría determinar quién o quiénes habrían cometido un determinado delito, según explicó el congresista del Partido Liberación Nacional (PLN).
Si eso fuera así eventualmente a este ente le correspondería presentar las denuncias formales. El foro legislativo no tiene potestades para decir quién pudo violar la legislación, pues solo se trata de una comisión política con la potestad de hacer recomendaciones u opiniones, mas no tiene un rol de "policía" ni judicial.
Chacón explicó que estaría involucrada la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. En este caso el artículo 8 inciso b) indica que estos planes económicos deben contemplar como mínimo "el presupuesto de gastos, que comprenderá todos los egresos previstos para cumplir los objetivos y las metas".
Esa misma legislación establece responsabilidades administrativas para altos jerarcas cuando por sus decisiones, haya deficiencias en su gestión "o bien, al omitir una decisión oportuna".
"En tal caso, la Contraloría General de la República informará de esta situación al órgano al que le corresponda valorar las responsabilidades procedentes, así como a la Asamblea Legislativa para el ejercicio de sus funciones de control", dice el artículo 112 en el capítulo de responsabilidades.
Cumplir la ley
Julio Espinoza (izq.) y Melvin Quirós ya comparecieron ante los diputados. (CRH)
Dicha Ley en el artículo 110 en el punto j) estipula que son generadores de responsabilidad administrativa "el incumplimiento total o parcial, gravemente injustificado, de las metas señaladas en los correspondientes proyectos, programas y presupuestos".
Chacón indicó que precisamente los funcionarios públicos están en la obligación de cumplir la ley.
Además del exministro de Hacienda Helio Fallas, ya asistieron a la Comisión a dar explicaciones Julio Espinoza, quien fuera director de crédito y cobro en la administración Solís Rivera; Melvin Quirós, actual jerarca de ese departamento; y Martha Cubillo, tesorera Nacional y exviceministra de la cartera en cuestión.
Igualmente la contralora Martha Acosta fue convocada, para explicar el proceso en que se manejó el hueco y el impacto en el Presupuesto 2018.
Una serie de contradicciones han surgido por las declaraciones de los funcionarios. Fallas insistió en que no conocía el dato exacto sobre ese hueco presupuestario y que se enteró de la situación hasta marzo. Quirós y Cubillo resaltaron que le informaron al exjerarca desde inicios de año.
Quirós aseguró que el presupuesto aprobado para amortización a corto plazo para este año fue de ¢372 mil millones. Pero solo en el segundo semestre de 2017, se colocó deuda con vencimiento al 2018, por ¢891 mil millones.
"Resten eso con eso y verán que ni con la modificación presupuestaria era suficiente para atender los faltantes presentados y todo esto era observable desde enero de 2018", dijo el actual director de Crédito Público el jueves anterior a los diputados.
Alguno de estos funcionarios o el exministro, podrían haber incurrido en el delito de prevaricato, es decir mentir a pesar de estar bajo juramento. Esta podría ser una posibilidad ante las declaraciones paralelas sobre un mismo evento.
El próximo lunes 10 de setiembre será el turno del expresidente Solís, quien deberá explicar porqué no informó de ese déficit presupuestario y la inacción ante el problema.
Falta necesaria
Martha Cubillo, tesorera Nacional, compareció ante los diputados. (Daniela Abarca/CRH)
Paralelo a este hueco presupuestario, Hacienda se vio obligado a usar ¢182 mil millones para pagar deuda, que forman parte de los ¢600 mil millones que solicitó. Es decir no cuentan con la autorización de la Asamblea Legislativa para hacerlo. Pero la misma contralora Martha Acosta manifestó que hubiese sido peor no honrar esos pagos.
Es decir la posible violación era la única posibilidad que le quedaba a las autoridades hacendarias.
A pesar de todo eso la Contraloría General de la República investiga el uso de estos dineros sin autorización.
Para el liberacionista Chacón ese hueco presupuestario conllevó a terceras personas a una presunta violación de la Constitución Política, la cual establece que la responsabilidad de la Asamblea Legislativa dictar los presupuestos extraordinarios.