Las represalias del gobierno que denuncian diputados de oposición
El voto a favor de levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves le valió a varios diputados sufrir represalias por parte de Casa Presidencial, según ellos mismos han afirmado en diferentes declaraciones y controles políticos en el Congreso.
En las últimas semanas se mencionó el tema de retiro de visas y presiones para quitar eventuales oportunidades laborales al concluir la actual legislatura.
Denuncias públicas de diputados
El caso más reciente fue el del diputado liberacionista Óscar Izquierdo, quien fue despedido de su cargo como director de Cooperación y Asuntos Internacionales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). El legislador aseguró que se trató de un acto de persecución política.
"Quiero denunciar la persecución política más atroz que he visto desde que tengo memoria. Este gobierno corrupto ha decidido perseguirme hasta destituirme el día de hoy, sin argumentos", señaló el legislador verdiblanco.
En la misma sesión plenaria del martes, varias diputaciones sacaron a colación las aparentes consecuencias de haber apoyado el desafuero presidencial.
"No vamos a tener trabajo"
La diputada Daniela Rojas, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), señaló consecuencias claras de respaldar el desafuero.
"Luego empiezan a pasar cosas aquí en el Congreso a diferentes compañeros y compañeras. Después, algunos empezamos a recibir mensajes de que cuando termine esta legislatura o este período no vamos a tener trabajo ni en el sector privado, porque ahí también se van a encargar de que no tengamos absolutamente nada".
"¿Qué va a pasar cuando llegue la nueva Asamblea Legislativa? ¿Los funcionarios de esta Asamblea Legislativa también van a ser despedidos porque ahora el oficialismo tiene una mayoría de diputados que van a controlar el directorio?".
Rojas señaló en el Plenario que ella era una de las diputadas a las que Rodrigo Chaves no le convocó proyectos de ley en sesiones extraordinarias por apoyar la remoción del fuero.
Por su parte, Carlos Felipe García, del PUSC y actual secretario del Directorio Legislativo, recordó el caso de la vicepresidenta legislativa Vanessa Castro y su despido como asesora jurídica de una empresa con sede en México, con presunta injerencia de Rodrigo Chaves a través del embajador en dicho país, Pablo Heriberto Abarca. Ambos negaron dichas presiones. También citó el caso del retiro de la visa a Castro por parte de Estados Unidos.
En ambos casos, fueron avisados de previo medios afines al gobierno.
"Doña Vanessa, ¿cómo se enteró usted de que había perdido su visa?", preguntó.
Castro respondió:
"A través de un medio de comunicación".
García replicó:
"Ni siquiera por correo electrónico. Antes de que le notificaran oficialmente, ya la prensa lo sabía".
Luego añadió:
"Pero, compañeros: Mauricio Batalla, Joselyn Chacón, Luis Amador… ¿cuántos más han sido utilizados y luego tirados debajo del tren?".
La diputada independiente Johana Obando, por su parte, aseguró que ha sido excluida de actividades relacionadas con tecnología tras solicitudes del gobierno.
"Cuando a mí se me hicieron varios montajes por el tema 5G, luego lo de la visa y después el montaje de la droga, ya había señalado esta situación".
"Les dije que esto iba a suceder hace año y medio: que iban a venir por cada una de las personas de manera sistemática. Es lastimoso, compañero Óscar, que esté pasando por esta situación, y posiblemente otros compañeros van a seguir pasando por lo mismo".
"Vanessa, a usted le consta que antes nos invitaban a actividades de tecnología; estábamos constantemente en seminarios, y uno sabe que la instrucción directa fue: a la diputada Vanessa Castro y a la diputada Johana Obando no las vuelvan a invitar a eventos tecnológicos ni en el país ni internacionalmente".
A lo que Castro asintió desde el Directorio Legislativo.
Desafuero presidencial
El Plenario Legislativo rechazó en dos ocasiones levantar el fuero de improcedibilidad al presidente Rodrigo Chaves. La primera se realizó el 22 de setiembre, pese a la acusación por concusión en el caso BCIE-Cariñitos; la segunda, el 16 de diciembre, ante las 15 denuncias por beligerancia política presentadas ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Votaron a favor los legisladores del PLN, excepto Carolina Delgado, el Frente Amplio en pleno, 4 diputaciones del PUSC, el PLP, y las independientes Gloria Navas, Kattia Cambronero, Cynthia Córdoba y María Marta Padilla.
Previo a ambas votaciones, el mandatario aprovechó sus programas televisivos semanales desde Casa Presidencial para enviar mensajes a las y los legisladores, advirtiendo que habría consecuencias a favor y en contra, y señalando que algunos quedarían como "filibusteros" y otros como "patriotas".
Durante estas discusiones en el Plenario también se denunciaron aparentes presiones, llamadas y ofrecimientos de cargos en ministerios y embajadas para inclinar la balanza y evitar el respaldo al desafuero, en el marco del caso que involucra al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).