Las voces de Crucitas: ¿Quién es responsable de la invasión minera?

El 24 de noviembre de 2010, cuando aún no era diputado y su rostro se asociaba con la lucha anti-minería, Edgardo Araya salía en hombros de algunos y aplaudido por una multitud.

No era para menos, recién se conocía que el Tribunal Contencioso Administrativo anulaba la concesión a la empresa canadiense Industrias Infinito para el proyecto minero en Crucitas de Cutris, en San Carlos, y premiaba así la lucha –librada durante años- por sectores ecologistas.

Hoy, 8 años después de esa “victoria” social encabezada por Araya, el actual legislador del Frente Amplio (FA) rechaza cualquier señalamiento sobre la responsabilidad de los ecologistas ante la crisis que agobia a Crucitas.

La zona fronteriza está convertida en una especie de territorio en disputa. Coligalleros y oreros ilegales, en su mayoría nicaragüenses, pujan por el control de la zona y la explotación de los yacimientos del preciado metal.

El interés por sacar oro –o lo que sea- es tan desmesurado que no les importa plantar cara a los oficiales de la policía ni responder con machetes o armas.

Quienes conocen del tema y son cercanos a la zona coinciden en una cosa: el Estado falló. Nunca hubo ni ha habido  un plan para proteger e impulsar el desarrollo de la zona tras el rechazo a continuar con el cuestionado proyecto minero. Más bien, creen que la crisis de minería ilegal tardó en destaparse.

“Oponerse al proyecto minero, que se pretendía establecer, era un deber ético y moral de cualquier ciudadano de este país. Hay gente hablando de que era mejor que la empresa minera se hubiese quedado. Eso no es cierto. Quienes lo dicen representan los intereses de esa gente (empresarios) a la que se les cayó un negocio enorme”, comentó el legislador.

En el último año la cantidad de coligalleros y oreros llegó hasta 2 mil en un mismo momento. El interés es uno: explotar los yacimientos ubicados en la finca “mina Crucitas”.

Eso provoca una “invasión” de extranjeros, junto con problemáticas de prostitución o narcotráfico. Incluso, con acaloradas pugnas entre ellos mismos por la “propiedad” de las zonas para extraer el oro.

"Tierra de nadie"

Los principales yacimientos están en la finca que pertenece a la Distribuidora Vivoyet S.A., sociedad que entregó en usufructo las 803 hectáreas de terreno a Industrias Infinito a principios de la década anterior. Como el proyecto fracasó, la finca volvió a control de la empresa en 2015.

“Llevamos fuentes de trabajo, se metió ganado en alquiler, tratamos de sacar madera y estuvimos en una negociación con el Estado, porque el Consejo Académico de la Zona Huetar Norte estaba interesado en adquirir las instalaciones para crear un centro universitario enfocado en la protección del ambiente. Eso era en lo que estábamos.

“El Estado ha hecho un trabajo malísimo. Ahí el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Ministerio de Salud no se arriman. Con las uñas estábamos ayudando y ahora desemboca en este problema (invasión de coligalleros), donde perdimos nuestras instalaciones ¡Esto es tierra de nadie!”, apuntó Jorge Valerín, representante legal de Vivoyet S.A.

“Ecologistas no estamos obligados”

Para el diputado Araya el interés en frenar el proyecto era proteger el ambiente y la institucionalidad del país, pues el daño hubiera sido “mil veces más impactante” de lo que se está viendo con los coligalleros.

“Hay que sacar a estos otros que están ahí, pero quien tiene que llevar adelante eso es el Estado costarricense. Existe un abandono de épocas. No es un asunto de que haya minería o no. Los ecologistas no somos los obligados a llevar alternativas ahí. Estas se construyen con la comunidad y las herramientas estatales. Si las herramientas del Estado están en otro lado, eso es lo que sucede ahí”, acotó el frenteamplista.

Valerín y Araya coinciden en que existen grupos trasnacionales tras la actividad. Los réditos son enormes, pues el oro conseguido en pocos días puede ascender a varios millones de colones.

Al respecto, Allan Obando, director de la Policía de Fronteras, negó que hayan salido de la zona y aseguró que estarán en el sitio el tiempo que sea necesario. Esto, para proteger el sitio tras el enfrentamiento ocurrido el viernes donde un coligallero resultó fallecido.

Por el fallido proyecto minero, Industrias Infinito entabló un arbitraje internacional y demanda el pago de $321 millones a Costa Rica por el fracaso con el proyecto. Este proceso se mantiene en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.